[youtube http://www.youtube.com/watch?v=EuNWjScMtLg&w=425&h=349]
«Bajemos el paro, dejemos todo como está. Volvamos a clases.»
Ayer, el gobierno de Chile reprimió a sus estudiantes por exigir que se estaticen todos los servicios educativos, y se renacionalice la industria del cobre, entre otras cosas.
Desde las protestas estudiantiles mundiales, bastante más abstractas (las de los años 60’s, con su slogan «La imaginación al poder») y las protestas de reacción a la crisis de los 80’s, éstas parecen ser las que mayor claridad de objetivos persiguen. Se emparentan, además, con la agitación social que vive España, fruto del hartazgo por la corrupción y la simulación de democracia, y parece reverberar, también con la Revolución del Jazmín, y con la aún indefinida, y tristemente tambaleante, revuelta pacífica egipcia.
La caída de las bolsas a nivel mundial, como un indicador de la desconfianza, de todos los inversionistas, en el modelo financierista en el que se han basado los privilegios de una minoría mundial, durante los últimos 40 o 50 años, y la desconfianza también en los principales gobiernos que permiten un comercio mundial de acciones en condiciones de elevadísima especulación y descontrol, hablan de la profunda crisis económica, política, social, cultural, ecológica y moral, que ya no solo es de Occidente, ni de Oriente, sino que es global, planetaria.
En Sudamérica, han sido los jóvenes estudiantes los que han respondido de forma más sensible a esta crisis.
¿Para que se eligen autoridades, en todo caso, si -como se vio ayer que ocurre, también aquí, en México- hacen oídos sordos a las demandas de los ciudadanos, en el caso de México, a las demandas de paz, empleo y mejores servicios de salud y educación?
¿Para qué sirven los funcionarios de todos los niveles, si la situación de desigualdad, marginación y exclusión -cuando no de franco atropello de los derechos humanos fundamentales- es una constante en la acción de los gobiernos?
¿Para qué, de las finanzas públicas y de los impuestos de todos, se pagan sus sueldos? ¿Para dejar las cosas como estaban, o peor? ¿Para eso?
Es comprensible entonces, plenamente, la insurrección estudiantil chilena. América Latina, en general, ha padecido ya 40 años de políticas neoliberales de saqueo, más o menos disfrazadas, aderezadas o atenuadas con políticas «sociales» caritativas pero, sobre todo, clientelares. Pero la riqueza de nuestros países es de tal envergadura -como lo constatan las fabulosas ganancias de las trasnacionales estadounidenses y europeas que hacen sus negocios en nuestros países- que no se justifican de ningún modo los espantosos índices de pobreza, ni la desprotección y la orfandad de millones de latinoamericanos.
Por todo lo anterior, y por la respuesta social de apoyo que están recibiendo, desde diversos lugares del mundo, los estudiantes chilenos, reproducimos este texto, que viene a ser un llamado a la conciencia.
Estas son las palabras de una juventud frustrada en sus más nobles, humanistas y elevadas aspiraciones, que se antoja, es no solo la juventud chilena, o la mexicana, o la española, sino que es el ánimo de la juventud mundial.
¿Queremos ésto? ¿Esto es lo mejor que pueden hacer los jóvenes de todo el planeta, «madurar», «acomodarse» y continuar con la destrucción de nuestras escasas opciones de futuro, en nombre del egoísmo materialista más vulgar?
BAJEMOS EL PARO
Por Simón Castro González (Estudiante de medicina de la Universidad de Chile).
«Bajemos el paro porque estamos cerca de perder el año académico. Quién no es capaz de cerrar los ojos, respirar profundo y hacer como que las profundas discrepancias que los estudiantes tenemos con el sistema educacional no existieran. Se ha cumplido el límite de tiempo. En buen chileno, “sonamos” “pa` la otra no más”.
«Porque el gobierno sí que se ha dado el tiempo de redactar ya dos propuestas. Cierto. Básicamente consistían en lo mismo. Pero son dos al fin y al cabo. Que la única gran diferencia sea el nombre de la oferta, la extensión del documento, el ministro que la pronuncia, o que en la segunda se mencione la palabra “Constitución” no es el tema. Son dos propuestas y nadie podría decir lo contrario.
«Bajemos el paro porque cada vez son más ciudadanos los que no quieren que marchemos. No quieren vernos más en las calles. Están cansados. No tanto como nosotros. Pero por respeto a sus propios problemas, que deben ser muchísimo más importantes que la educación de su país, dejemos de molestarlos. Y para qué andamos con cosas. Nos pusimos fomes. Pasamos de moda. Como decimos los chilenos “ta bueno ya”.
«Porque los trabajadores de Chile no están sudando la gota gorda para que nos dediquemos a protestar. No están soportando abusos en las empresas o las mediocridades del sistema público para que sus hijos estén bailando en carnavales o participando en manifestaciones artísticas callejeras. No están endeudados hasta el cuello para que todos los jueves en la noche sus hijos sean sospechosos de destrozos a la propiedad pública. Ellos prefieren seguir con sus vidas. Continuar sufriendo los mismos problemas. Después de todo es la vida y los problemas que les tocó y que les pertenecen. Seguramente no sospechan que sus hijos en pocos años vivirán lo mismo. O quizás sí lo saben y están orgullosos de que así sea para que sepan lo que se siente. Démosle el favor.
Detengamos el movimiento estudiantil porque por más de veinte años se han respetado a las autoridades. Se ha creído en los políticos y en las instituciones. Quiénes nos creemos como para romper esta tradición. No importa que la clase media sea explotada, que los pobres sigan pobres ni que los ricos lo sean aún más. El respeto es lo primero. Qué nos creemos para no creer en esta democracia que tanto se luchó por conseguir. Qué se cree Camila. Qué se cree Giorgio. ¿Estudiantes hablando de nacionalización del cobre? ¿De reforma tributaria? Asumamos que se nos subieron los humos. Eso había que dejárselo a los expertos. Había que dejárselo a los grandes. Nosotros somos jóvenes, creativos, “cabros choros”, pero hasta ahí no más. Nos desubicamos. Nos pusimos densos. Pensamos demasiado.
«Paremos de movilizarnos porque ya no salimos en la tele. Para ser honestos nunca aparecimos tanto. Salvo las innumerables intervenciones masivas en la vía pública, los cincuenta pelagatos que pelean a piedrazos con carabineros después de las marchas, y poquito más. Instauramos la “nueva forma de protestar”. Con eso los editores creyeron que era suficiente. La idea de debate por cadena nacional sobre educación con el gobierno no va a prosperar. El canal de todos los chilenos prefiere enfocar su área de reportajes al fichaje de Alexis Sánchez al Barcelona o a la realidad de otros países tras sus propias catástrofes naturales. El canal estatal censura a cincuenta universitarios que pedían leer un comunicado de un minuto durante el noticiero y cada vez que anuncia una noticia sobre el movimiento estudiantil lo hace con una linda foto ilustrativa de destrozos y desmanes de fondo. A usted, después de dos meses de movilización ¿le han explicado en la televisión qué piden los estudiantes y por qué lo hacen?
«¿Usted cree que es solo plata? ¿También se creyó que la renacionalización del cobre era parte del petitorio? ¿No cree que la televisión estatal debería haber cumplido su rol de informar, más allá de la forma, del fondo de todo esto? Lo lamentable es que mucha gente cansada del movimiento son los mismos que no saben de qué se trata. Pero ¿sabe qué? Lo entiendo. A mí también me gusta el fútbol y disfruté esta Copa América. También veo tele para entretenerme. Y desde que los estudiantes se pusieron monótonos, con las caras más largas y tristes yo también hago zapping. Si hasta encuentro más fea a la Camila.
«Desertemos de esta mala idea del paro porque cada país tiene el Presidente que se merece. Si el hombre que lleva la batuta de Chile ve la educación como un “bien de mercado”, tiene sentido que cada propuesta del gobierno venga con “ofertones” como una rebaja de la tasa de interés de un 2% en el Crédito con Aval del Estado o una mayor cantidad de becas. Se explica que se busquen nombres que peguen como “GANE” y “FE”. Se explica que en esta última propuesta se mencione de manera rimbombante la Constitución. Se explican tantas cosas. El problema es que no se entienden ni se comparten. No podemos pedirle peras al Olmo. Quién puede culpar al legítimo ganador de una elección, la escasa representatividad de esta misma. Aunque esa elección haya sido al “cape nane nú”. Aunque haya sido por descarte. Fue legal, fue democrático. Lo realmente lamentable es que la mayoría haya votado por él. Y que la segunda gran mayoría no haya votado.
«Bajemos el paro, dejemos todo como está. Volvamos a clases. Que este movimiento se recuerde como un gran dolor de cabeza. Como una pérdida inmensa de tiempo. Que pase sin pena ni gloria. Que se recuerde solo por conseguir buenas intenciones, efervescencia, incertidumbres, análisis vacíos y anécdotas para contar en algún asado. Pero, otra vez, nada de fondo. Nada trascendente. Nada que asegure que los hijos y nietos de este país mañana vivan en un país mejor. Porque de eso se trataba. ¿O alguien pensó que los cambios nos iban a afectar directamente a la masa que protesta hoy?»
«Detengamos todo esto porque no vamos a cambiar el hecho de que los políticos de este país no nos representen y más bien se interpongan en las necesidades y opiniones de las mayorías ciudadanas. Porque nos falta romanticismo, reflexión, cariño, lealtad. Nos sobra individualismo, egoísmo, cobardía, inseguridad. Porque la prensa se encarga todos los días de modificar hoy lo que vivimos ayer. Porque estamos solos. Porque este país no se merece la juventud que tiene. Porque en buen chileno, este país es una mierda y no pretende dejar de serlo.»
Fuente: ElMostrador.cl
Aprendizaje dialógico y bibliotecas (I)
Siguiendo las ideas de Ramón Flecha, publicadas en su libro «Compartiendo palabras», es posible abordar el tema de las bibliotecas y su función social y cultural desde la perspectiva de los principios del aprendizaje dialógico, una forma de acción comunicativa que está enmarcada en el humanismo y el pensamiento crítico inter y multicultural, la búsqueda permanente de un diálogo con el otro, en el que las posiciones de autoridad o de poder quedan en segundo lugar, y cobra nuevo realce el poder de la razón, la validez y consensualidad de los argumentos que se exponen en los discursos.
En primer lugar, considerando lo anterior, quisiéramos agradecer a todos aquellos que se han tomado el tiempo, la molestia, de leer este blog a lo largo de su trayectoria. A la luz del párrafo precedente, quisiéramos advertir que, desde luego, no es el propósito de estas breves contribuciones el agotar, ni siquiera el esbozar los grandes y graves problemas que enfrenta la situación nacional, particularmente en lo que se refiere al ámbito educativo y bibliotecario. Este blog es, a lo más, una serie de apuntes, de observaciones -algunas más elaboradas que otras- acerca de una diversidad de temas que atrapan nuestra atención y que nos sugieren reflexiones o ideas que siempre son y serán debatibles, cuestionables y mejorables.
Quisiéramos retomar algunas de estas inquietudes a lo largo de los meses que le restan a 2011 y darle un carácter más dialógico -en el sentido real del término- a este espacio de reflexión. Nos gustaría mucho conocer más puntos de vista de más personas, especialmente si son universitarios de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana, pero nos importa conocer el punto de vista de cualesquiera otro que pudieran acceder a este encuentro virtual.
Así, en torno a este blog, nos propondríamos tratar de crear el esbozo de una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica, dos temas que han reclamado nuestra atención poderosamente en los últimos tiempos, puesto que partimos del reconocimiento de que en la sociedad de la información y el conocimiento el punto clave es y será la gente, las personas, los seres humanos que son agentes de la información tanto como productores, como evaluadores y aplicadores de dicha información y dicho conocimiento.
Así que, reiteramos, estamos abiertos a un diálogo que nos permita aprender y crecer junto con nuestros lectores, pues como apunta Ramón Flecha (1997) «Del diálogo igualitario entre todas [las personas] puede resurgir el sentido que oriente los nuevos cambios sociales hacia una vida mejor».
Creemos que las bibliotecas constituyen un marco ideal para las comunidades de aprendizaje y de práctica, pues aportan a nuestras vidas elementos de información y conocimiento para que cualquier diálogo sea enriquecedor de las concepciones e interpretaciones de cada uno, algo que es valioso y siempre aprovechable.
State of the Planet
Blog de el Instituto de la Tierra, de la Universidad de Columbia, sobre el estado del planeta.
Entrevista con Ramón Flecha
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Una entrevista con Ramón Flecha, sobre INCLUD-ED, inclusión educativa, reforma educativa en Europa, diseño de la enseñanza-aprendizaje, comunidades de aprendizaje, aprendizaje dialógico y mejores prácticas.
«Leer libros es fundamental. Sin leer libros, no hay formación- No existe formación del profesorado -buena- sin leer libros».
La diferencia entre alfabetización informática o digital e informacional es la que hay entre medios y fines.
Desde tiempo atrás, venimos señalando en este blog y en diversas charlas con bibliotecarios, que con frecuencia se confude la alfabetización digital o informática con la alfabetización informacional, puesto que tienden a usarse como sinónimos. Sin embargo, hay diferencias sustantivas que deben tenerse en cuenta al emplear éstos conceptos.
Consideramos que la alfabetización informacional es un concepto que engloba a otras alfabetizaciones (como la informática o digital) puesto que implica habilidades o competencias de un orden más general y complejo, que las implícitas en el uso de determinado hardware y software para buscar, recuperar, manipular y recuperar información en redes de datos.
Dicho lo anterior, no se minimiza la importancia de esta alfabetización (digital o informática). No obstante, parece que ésta es la que más afanes merece, incluso por parte de programas oficiales como el Programa Habilidades Digitales para Todos.
Sin embargo, la idea de alfabetización informacional pone en contexto, como un medio y no como un fin, a la alfabetización digital o informática, colocando a los individuos alfabetizados en un papel aún más determinante, dominante sobre las herramientas tecnológicas a utilizar, concibiéndolos como ciudadanos informados y empoderados, capaces de informarse e informar, de evaluar críticamente la información y, por lo tanto, les abre el camino hacia una participación cívica, política y democrática más activa, diversa y auténtica.
Al desarrollar unicamente competencias informáticas como medios, se mediatizan las capacidades de los usuarios, en cuanto al alcance de su accionar, instrumentalizándolos como clientes, como consumidores y quizás, en el mejor de los casos, como productores de los bienes y servicios de la economía de la información y el conocimiento desarrollada por individuos alfabetizados en información, pero no como agentes críticos capaces de evaluar tanto sus necesidades de información, como los medios de que dispone para resolverlas, y los fines o usos que hacen de la misma.
Al respecto, Uribe-Tirado (2011) define de la siguiente manera a ambos conjuntos de competencias:
«Competencias Informáticas: Conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, las tecnologías de la información y la comunicación -TIC-, como medios para acceder a información de carácter académico, científico, profesional, laboral, cultural, político, social, de entretenimiento, etc. e interactuar con objetos/recursos/espacios de aprendizaje mediados por TIC. Estas competencias interrelacionan el uso de computadores, programas de software, herramientas y servicios de Internet, redes, plataformas virtuales de aprendizaje, entre otros. La adquisición de estas competencias implican los procesos enseñanza-aprendizaje que buscan facilitar lo que se ha denominado alfabetización digital, alfabetización tecnológica o alfabetización informática.
«Competencias Informacionales: Conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, la información que facilitan las TIC y otras fuentes impresas, visuales, sonoras y demás (multimodal-multialfabetización), con el fin de generar conocimientos académicos, educativos, investigativos, laborales, profesionales, económicos, políticos, sociales, culturales, etc. Estas competencias interrelacionan los procesos de búsqueda, localización, selección, recuperación, organización, evaluación, producción y divulgación de información. La adquisición de estas competencias implican los procesos enseñanza-aprendizaje que buscan facilitar lo que se ha denominado desarrollo de habilidades informativas, alfabetización en información o alfabetización informacional. (Uribe-Tirado, 2011).»
Las negritas son del autor.
Con lo que se abona la idea de que la alfabetización informacional debe ser uno de los conceptos rectores de toda actividad educativa, formativa, que buscar incorporar a las nuevas generaciones a la sociedad de la información y el conocimiento.
Seguiremos con interés el blog http://ci2-colombia.blogspot.com/, que el propio Uribe Tirado mantiene.
El libro, algunas reflexiones
Calderón, su República de pantalla
Por Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Tomado de: Proceso.com.mx
Conclusiones del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación
A continuación, la síntesis de las conclusiones del Encuentro,convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y celebrado los días 5 y 6 de abril pasado:
1.- Reforma legislativa. La reforma legal para los medios de comunicación es de la mayor urgencia. El viernes 8 de abril se cumplió un año de la presentación, de manera simultánea en las cámaras de Diputados y Senadores, de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que fue promovida por varios partidos políticos y en cuya elaboración participaron miembros de la Amedi.
Esa iniciativa establece limitaciones al acaparamiento de medios de comunicación, instituye un organismo con atribuciones para regular los mercados y actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, reivindica derechos de usuarios y audiencias de los medios y garantiza el funcionamiento de los medios públicos.
Allí se precisan reglas para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones y se asegura la plena convergencia tecnológica, así como sanciones más severas para quienes no cumplan con la ley y la regulación. La pluralidad en la radio y la televisión sería promovida con la licitación de más frecuencias y con espacios garantizados para la producción independiente. Además, se reconoce que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen un servicio público que debe ser garantizado por el Estado. La publicidad engañosa o los contenidos no aptos para los niños también encuentran regulación en esta iniciativa. Habría que incluir otras propuestas adicionales como la creación de Fondos de Cobertura Social para servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y desprotegidas.
Esa iniciativa constituye el proyecto más detallado que haya sido elaborado para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión. El aplazamiento en su dictaminación y análisis, incluso por parte de muchos de los diputados y senadores que suscribieron su presentación, resulta inaceptable. Únicamente el desinterés del Congreso de la Unión por estos temas y el cabildeo de las corporaciones mediáticas que no quieren una legislación que acabaría con el funcionamiento monocorde que ha caracterizado la comunicación en México, explican el abandono de esa y otras propuestas de reforma legal para los medios.
2.- Política de Estado. Es necesaria una política de Estado incluyente, transversal y suficientemente debatida entre todos los actores de la comunicación (gobierno, legisladores, empresas, operadores y sociedad) que rija el destino de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México. Es prioritario que los partidos y candidatos que aspiren a contender en la elección de 2012 incluyan entre sus plataformas programáticas y propuestas de campaña, políticas y acciones concretas para democratizar el actual sistema de medios. Cada vez es más ilegítimo que, por no molestar o por congraciarse con los concesionarios de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, los candidatos demoren o impidan reformas al régimen legal, fomenten o avalen contrarreformas, u omitan políticas de Estado necesarias y urgentes para el desarrollo del país.
3.- Licitar más cadenas de televisión. Existen todas las condiciones técnicas para que sean puestas a licitación las frecuencias que integrarían, por lo menos, dos nuevas cadenas nacionales de televisión. La inhibición del gobierno en ese asunto sólo se debe a la subordinación a Televisa y Televisión Azteca que abominan cualquier competencia en un mercado que han monopolizado indebidamente.
4.- Nuevas opciones en televisión digital. La televisión digital debe servir, antes que nada, para que haya más frecuencias disponibles y, de esa manera, opciones distintas a las que hasta ahora han tenido los televidentes de todo el país. Deben destrabarse los obstáculos legales y administrativos para el desarrollo de esa televisión. Las frecuencias que sean utilizables a partir del cambio digital deben ser para nuevos operadores, incluyendo instituciones culturales y grupos sociales interesados en incursionar en ese medio. Sería inadmisible que, con la mudanza digital, las televisoras que hoy en día acaparan las frecuencias comerciales tuvieran más canales.
5.- Certidumbre para los medios públicos. Los medios no comerciales tienen que ser entendidos como espacios de pluralidad, libertad, con independencia respecto de las instituciones oficiales y ser promotores de la democracia y la construcción de ciudadanía. Deben ser auténticos medios públicos y no espacios propagandísticos, para que cumplan a cabalidad con su función social. México requiere de un sistema nacional de televisión pública, que podría partir de la infraestructura de la cual dispone actualmente el Canal Once pero manejado con autonomía y con formas de retroalimentación con la sociedad.
Para que los medios públicos cumplan nacional, regional y localmente las tareas que pueden desarrollar en beneficio de la calidad y la diversidad, es imprescindible que cuenten con pleno, suficiente y permanente respaldo financiero, pero sin necesidad de comercializar espacios con fines publicitarios. El patrocinio es una opción válida que debe definirse de manera clara en la legislación para que no se confunda con la publicidad. Por lo tanto, es prioritario legislar en materia de medios públicos para garantizar su certidumbre jurídica.
6.- Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial. Espacios de discusión y deliberación como los canales del Congreso y Judicial, así como opciones de televisión universitaria como TV UNAM, debieran tener una difusión abierta y nacional, para que los televidentes no tengan que pagar por recibir esas señales. Se trata de medios donde se debaten los grandes temas de interés nacional que afectan a todos los mexicanos, o bien de espacios universitarios donde se dan a conocer nuevos conocimientos o investigación científica que podría servir para solucionar los muchos y grandes rezagos que enfrenta el país. Sólo un Congreso reacio a atender las demandas ciudadanas puede darse el lujo de que los canales del Congreso y Judicial no sean conocidos por toda la población.
7.- Tarifas bajas y obligaciones para operadores. La interconexión entre las empresas de telefonía tiene que lograr la mejoría, no el encarecimiento de tales servicios. La autoridad está obligada a garantizar tarifas bajas en beneficio de los consumidores, las cuales redundarán en una mayor penetración y cobertura de estos servicios. También es necesario que a las telecomunicaciones no sólo se les vea como negocio, sino como una nueva oportunidad para abatir brechas sociales en temas prioritarios como educación, salud, seguridad y gobernanza. Para ello es necesario que la autoridad establezca y verifique obligaciones de inversión y cobertura, a fin de que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes, sobre todo los más desprotegidos.
8.- Convergencia plena. Resulta absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado. Todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de la televisión abierta; más aún, esa debe ser una obligación de los proveedores de televisión por cable, satélite o cualquier otra modalidad no abierta. En todos los sistemas de televisión de paga deben existir canales destinados a la difusión de contenidos audiovisuales creados por productores independientes.
9.- Internet abierto, libre, rápido y barato. Los mexicanos tenemos derecho, en las mejores condiciones técnicas, a producir, recibir y distribuir contenidos digitales de toda índole. Ninguna política o legislación debe coartar el legítimo derecho de los usuarios de consumir productos culturales. El Estado tiene la obligación de garantizar auténticas conexiones de Internet de banda ancha a costos accesibles, a diferencia de las parsimoniosas velocidades por las cuales tenemos que pagar algunas de las tarifas de conexión a Internet más caras en el escenario internacional.
10.- Una agenda digital. Concebir, diseñar, discutir y poner en práctica una agenda digital para conducir a México hacia la Sociedad de la Información. El acceso a Internet de banda ancha y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debieran traducirse en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, por cuanto estas tecnologías contribuyen a mejorar servicios públicos de salud, educación, seguridad y gobierno, además de proteger el medio ambiente.
11.- Prohibir los “productos milagro”. Las televisoras se han convertido en vehículos de engaños cotidianos que ahora, incluso, lesionan la salud de los mexicanos. La publicidad de los llamados “productos milagro” contraviene las leyes en materia de salud y medios electrónicos. Exigimos que, de inmediato, las autoridades cumplan la obligación de sancionar tanto a los laboratorios como a las empresas televisoras que difunden esos productos.
12.- Transparencia y claridad en el gasto de comunicación social. Los medios privados más poderosos se benefician de enormes y constantes transferencias de recursos fiscales porque los gobiernos federal y estatales, así como numerosas instituciones públicas, saturan de propaganda las frecuencias y atiborran de dinero público las finanzas de tales empresas al contratar espacios cada vez más amplios en la televisión y, en menor medida, en la radio, la prensa y ahora los medios digitales.
El gasto publicitario de esos gobiernos debe regirse bajo una política de comunicación social, ser transparente y ser conocido en una base de datos pública y actualizada que contenga contratos, montos y tiempos de transmisión. Proponemos que por cada peso que se gaste en la contratación de propaganda en televisión y radio comerciales, se destine un monto idéntico a un fondo para la producción audiovisual independiente y para el fomento a la comunicación comunitaria y ciudadana.
13.- Programa de ayudas para publicaciones. Los medios impresos también deben transparentar su tiraje, venta y cobertura y no basarse en cifras ficticias para conseguir publicidad oficial. En tiempos de consumos digitales y de caídas en los índices de suscriptores y lectores, un programa y la regulación de estímulos a la prensa pueden ayudar a erradicar la discrecionalidad en el otorgamiento de pautas publicitarias, asegurar la independencia editorial de las publicaciones y garantizar la pluralidad y diversidad de puntos de vista.
14.- Reglamentar la propaganda gubernamental. Urge regular el artículo 134 constitucional en materia de propaganda y comunicación social para evitar más simulación y sometimiento a los medios electrónicos. Es necesario prohibir la publicidad encubierta, integrada y las gacetillas, que sólo buscan engañar o confundir a las audiencias, sobre todo en procesos electorales. Esto es indispensable para propiciar una relación más transparente y menos onerosa entre políticos, medios y ciudadanía.
15.- Menos spots y más debate electoral. Hacer valer la legislación electoral es una prioridad de la autoridad, los partidos, los candidatos, los medios de comunicación y los ciudadanos. También debe elevarse el nivel de debate y de discusión de los asuntos públicos, sobre todo en contiendas electorales. El actual modelo de comunicación política basado en spots de 30 segundos sólo esquematiza los problemas y no contribuye a la deliberación pública. De cara a los futuros procesos electorales, resulta necesario poner en práctica formatos distintos de comunicación política que permitan el intercambio y la discusión de propuestas.
16.- Homologar la Ley Federal de Radio y Televisión en materia electoral. Para reflejar la pluralidad y las contradicciones inherentes de la sociedad mexicana durante la disputa político-electoral, así como para garantizar la equidad en la contienda, prevenir y castigar incumplimientos de los medios electrónicos en materia electoral, es indispensable reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y homologarla con las disposiciones que en materia de comunicación política dispuso la reforma electoral de 2007-2008, así como los diversos ordenamientos y reglamentos que para tal efecto emita la autoridad electoral.
17.- Monitoreos oficiales y ciudadanos de contiendas y cobertura electoral. Cada vez es más necesario que la autoridad electoral, los observatorios ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil realicen monitoreos cualitativos y cuantitativos objetivos e imparciales, muestrales y censales del uso de los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos, las nuevas formas de comunicación política tanto en medios tradicionales como digitales, así como de la cobertura informativa que realizan los medios de las contiendas electorales.
18.- Propiciar la participación en elecciones. En todo momento la propaganda electoral en medios electrónicos debe ser administrada y contratada por el Instituto Federal Electoral. Internet debe seguir siendo un espacio libre donde políticos y ciudadanos encuentren un espacio de difusión e interacción. Tomar en cuenta a los jóvenes y dirigir mensajes para ellos, que motiven su participación e involucramiento en los asuntos públicos, es tarea tanto de autoridades electorales como de partidos y candidatos.
19.- Derecho de réplica. La reglamentación del derecho de réplica es una de las demandas que más consenso generan. Contenido en la Ley de Imprenta, en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y en la reforma electoral de 2007-2008, el derecho de réplica permitirá crear un mecanismo para que los ciudadanos que se sientan agraviados por información falsa o inexacta soliciten a los medios la debida rectificación.
El derecho de réplica no propicia censura sino que favorece un ejercicio informativo más preciso, serio, responsable y apegado a la realidad. El de réplica es un derecho consagrado en convenciones internacionales que no sólo beneficia a las figuras públicas sino a cualquier individuo, por lo que su reglamentación resulta urgente. Además, es un compromiso aún pendiente que asumieron los partidos al aprobar la reforma electoral de 2007-2008.
20.- Garantizar derechos de las audiencias. La creación de códigos de ética, defensores de audiencia y otros mecanismos autorregulatorios, debiera ser una exigencia básica de cualquier medio de comunicación comercial o público. Los derechos de las audiencias, pero también las nuevas posibilidades tecnológicas y el aminoramiento de las relaciones jerárquicas en la sociedad, hacen que los consumidores y usuarios sean cada vez más críticos, exigentes y demandantes. Si realmente los medios ofrecen lo que el público pide, podrían empezar por conceder espacios y mecanismos para que las personas emitan sus comentarios, quejas o requerimientos.
21.- Educar para los medios. Es necesario impulsar el desarrollo de estrategias educativas, con especial atención en la niñez y la adolescencia, para la lectura de contenidos mediáticos con criterios que contribuyan a una sociedad basada en la igualdad. Entre esos criterios es imprescindible la perspectiva de género. La academia y los espacios educativos deben contribuir para crear conciencia y fomentar un consumo crítico de los medios de comunicación, a través de materias y programas educativos que conduzcan a esa formación cívica.
22.- Monitorear y observar a los medios. Impulsar cada vez más observatorios de medios que vigilen los contenidos mediáticos y den a conocer sus resultados con base en datos cuantitativos y cualitativos sobre el quehacer y la actuación de los medios de comunicación frente a temas como género, niñez, discriminación, salud, violencia, derechos humanos, diversidad cultural y participación ciudadana.
23.- Erradicar formas de violencia y discriminación. Los medios tienen responsabilidades públicas que pocas veces cumplen a cabalidad. Es indispensable que promuevan contenidos que reivindiquen los derechos de las mujeres y las niñas y que se erradiquen las representaciones sexistas, homofóbicas, clasistas, racistas y discriminatorias que abundan en esos espacios de comunicación.
24.- Equidad de género en los medios. Eliminar el llamado techo de cristal, hacer valer el derecho a comunicar de las mujeres y garantizar la equidad de género en el acceso a puestos de dirección en los medios de comunicación, permitiría erradicar prejuicios, representaciones machistas, formas de violencia y prácticas sexistas.
25.- Regular anuncios de prostitución en publicaciones. Reglamentar en las publicaciones periódicas y en la radio y televisión los anuncios que podrían alentar la prostitución (o sexo servicio) y la trata de personas. La idea es que los medios de comunicación no denigren, no discriminen, no humillen por ninguna causa y sí respeten la condición humana de las personas.
26.- Proteger la salud infantil. Prohibir de manera clara y sin que se preste a interpretaciones la publicidad de comida “chatarra” en horarios infantiles en la televisión y la radio y sancionar a las empresas que la promuevan en Internet.
27.- Escrupulosidad en la cobertura informativa. Los medios de comunicación no son ajenos a las circunstancias de violencia y delito que devastan la sociedad mexicana. Tienen que hacer un esfuerzo para no fungir como voceros de la delincuencia y para manejar con toda escrupulosidad las informaciones sobre esos temas. Los códigos de comportamiento editorial que se propongan orientar el desempeño de los informadores y de los medios al cubrir asuntos relacionados con la violencia sólo tendrán eficacia si los periodistas, desde sus redacciones, los hacen suyos. Nos parece condenable el lucro político y propagandístico de Televisa, Televisión Azteca y otros medios con este asunto.
28.- Salvaguardar el trabajo periodístico. La protección de los periodistas, especialmente de los reporteros que cubren informaciones delicadas, tiene que ser prioridad de la sociedad mexicana. Las empresas de comunicación están obligadas a pagar salarios dignos (sin distinción de género), financiar seguros de gastos médicos y de vida, brindar capacitación y emprender todos los esfuerzos posibles para respaldar a los periodistas en toda circunstancia, especialmente cuando se encuentran en situaciones de riesgo.
29.- Periodismo ético, serio y profesional. Asimismo, es necesario que los periodistas dignifiquen su profesión y practiquen un periodismo más apegado a los hechos y menos a la estridencia de las descalificaciones, el sensacionalismo o la espectacularización de la noticia. Independientemente de la plataforma a través de la cual se dé a conocer la información, la búsqueda de lo novedoso, el rigor, la precisión al informar, la indagación, el contexto que ubique el acontecimiento y los más elementales parámetros éticos, siguen siendo características definitorias de un periodismo serio y profesional.
30.- Investigar y castigar agresiones. El Estado tiene la obligación de crear condiciones para que los informadores desarrollen sus labores sin riesgos y de investigar y castigar las agresiones a los periodistas. El Estado mexicano, comenzando por el gobierno federal pero también las entidades de la República , han incumplido esas responsabilidades.
31.- Reconocer y no criminalizar emisoras comunitarias. Un cimiento ineludible de la pluralidad que necesitamos se encuentra en la radiodifusión comunitaria. Lejos de garantizarla como mandata la Constitución , el poder político persigue e incluso sanciona penalmente a algunos de sus promotores. La comunicación comunitaria requiere de normas que reconozcan sus circunstancias específicas. La sociedad puede beneficiarse con la existencia de un vigoroso movimiento de radiodifusoras y otros medios de carácter comunitario, que solidifiquen la realidad multicultural de la nación. Es necesario que estos medios de auténtico servicio comunitario sean reconocidos legalmente, se suspendan de inmediato su persecución y criminalización y se garanticen condiciones para su autofinanciamiento.
32.- Promover producción nacional independiente. Para propiciar diversidad y calidad en los medios se requiere financiar e impulsar la producción a cargo de pequeñas y medianas empresas. Para ello se propone que, con un gravamen trimestral equivalente al 2 por ciento de las ganancias totales de las cadenas privadas de televisión abierta y de los sistemas de televisión restringida, se establezca un fondo audiovisual que también beneficiaría a medios públicos y comunitarios. Asimismo, se propone incorporar un sistema de cuotas de pantalla de producción nacional y extranjera, tanto en televisión abierta como de paga. Con estas acciones se generarían empleos y se diversificarían el trabajo creativo, así como la pluralidad.
33.- Apoyos para el cine y los documentales. Modificar la Ley Federal de Cinematografía para crear un fondo de apoyo a la producción de cine nacional, y obligar al pago por derecho de transmisión por parte de las televisoras, son apenas dos medidas prioritarias de la industria cinematográfica afectada en su cadena de valor por los productores, distribuidores y exhibidores extranjeros. Asimismo, es indispensable garantizar el derecho de exhibición de filmes documentales sin que se vean sometidos a censura previa o al capricho de las autoridades políticas o judiciales.
Los pilares sobre los cuales descansa la democracia son la ciudadanía y el respeto irrestricto al Estado de derecho. Hemos recogido y enumerado 33 propuestas ciudadanas sobre diversidad y calidad en los medios de comunicación. No son las únicas, pero sí fueron las más recurrentes y quizá las más apremiantes. Muchas de estas propuestas ya son una realidad en otros países.
Extracto tomado de: Conclusiones del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación
Los desalojaron, pero ahí están y continuarán
Si los gobiernos no toman en cuenta la determinación de sus pueblos ¿quién la tomará en cuenta? Podrán desalojarlos una y otra vez, si la sociedad está decidida a que se acabe la farsa democrática gracias a la cual han consolidado su poder económico y político algunas pocas familias ¿quién podrá evitar que la sociedad organizada lo consiga?