Universidad Veracruzana

Kaniwá: Blog sobre Bibliotecas, Información y Conocimiento

Blog sobre Bibliotecas, Información y Conocimiento



Síntomas del fracaso educativo nacional hacen crisis al final del sexenio de Calderón

A pesar de los 40 años -ininterrumpidos ya- de neoliberalización de la economía del país, México:

1) no logra empezar a crecer

Y ¿cómo: con el retroceso educativo en términos absolutos, con el agro arrasado, si el salario perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en el sexenio que termina, si miles de microempresas cerraron por la violencia o el mercado interno disminuido, si no despega la investigación científica y la modernización tecnológica del país y se informalizó aún más el empleo?; sin embargo, pese a todo ello, el sector bancario y de medios masivos operan ¡con ganancias!;

2) los monopolios en comunicaciones reconcentran su poder económico y político, y se ahondan las ya de por sí alarmantes diferencias de clase; estas tendencias lo que harán será acentuarse, basta ver los pronunciamientos del presidente declarado formalmente electo tras su aparentemente limpio triunfo, avalado controversialmente, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se difundió profusamente en las redes que Enrique Peña Nieto contó con el notorio y evidente respaldo de parte de Televisa y su aparato mediático, del Consejo Coordinador Empresarial a través de algunas empresas, y el de la Iglesia Católica y de las telebancadas en el Congreso y el Senado y que también erogó una cifra aún desconocida de recursos económicos para alcanzar dicho triunfo.

3) la sociedad de la información y el conocimiento aparecen como algo cada día más lejano en nuestro país.

El próposito, la aspiración, de constituirnos en una sociedad de la información y el conocimiento, se malogra en la medida en que proyectos como el de Banda Ancha para Todos (que en su momento esbozó el Sindicato Mexicano de Electricistas con infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro, recursos ahora bajo control de la iniciativa privada,) o el proyecto basado en WiMax, de Internet de banda ancha inalámbrica, de la empresa MVS (que tanta polémica generó en fechas recientes, al exhibirse tanto por parte de la empresa como del gobierno federal, las negociaciones, presiones y componendas que tienen en las alturas del sistema político nacional, en detrimento hasta de la libertad de expresión o el derecho à la información), son desarticulados por las autoridades federales (por lo menos, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciónes), para poder ofrecer, luego, al mejor postor económico y político (muy probablemente, en este caso, también se trate de Televisa) la oportunidad de desarrollar la infraestructura tecnológica que haga factible la provisión y el acceso a una nueva oleada de servicios interactivos de televisión, comunicaciones e información, dejando en pocas manos las ganancias multimillonarias derivadas de ello.

Ayer, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, quien calificó de «porros» y «acarreados» a los cientos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que se manifestaron vivamente en contra de la candidatura presidencial de Enrique Peña durante una visita a su institución, y que inmediatamente después de esas declaraciones, publicaron un video donde 131 de ellos presentaron evidencias de ser universitarios matriculados, dando origen al movimiento «#Yosoy132», llamó otra vez la atención de miríadas de internautas, al implicar que en México, algunos de los usuarios de las redes de internet, y particularmente de las redes sociales, principalmente estudiantes, son ignorantes, no tienen nada interesante que decir y/o lo hacen mal, lo que confirma los resultados obtenidos por México en las evaluaciones internacionales sobre educación.

Al descalificar así, entre líneas, desde su alta posición como líder del principal partido político del país, a quienes participan con sus ideas, críticas y comentarios de toda índole y calidad en la red de redes, Pedro Joaquín Coldwell pone en cuestión no solamente el estado en que se encuentra el país, debido tanto a su sistema político-económico, como al abuso de quienes detentan los medios masivos de comunicación y que imponen, así, ideologías, hábitos, conductas y estilos de pensamiento entre la población, pero, sobre todo, acusa la verdadera calidad de nuestro sistema educativo.

El sistema educativo mexicano es fruto de la Revolución Mexicana: esperanza de desarrollo, igualdad y unidad nacional; ahora, se encuentra lastrado, tanto por la franca molicie que parece prevalecer en la cúpula del poder sindical magisterial, como por el cada vez más visible abandono oficial -en favor de la educación impartida bajo esquemas mercantiles: la educación privada- y los intentos por desaparecer, minimizar, e incluso reprimir, las manifestaciones de rebeldía y desesperación, que desembocan con una preocupante frecuencia en violencia, entre las depauperadas bases magisteriales, y hasta entre los propios estudiantes normalistas, del centro y sur de la República (Hidalgo, Oaxaca, Guerrero).

Las expresiones que juzgan poco interesantes, o mal planteadas, las muestras de malestar social en las redes, dejan entrever la pobre disposición del gobierno federal entrante, para que se ahonde y consolide una incipiente democracia deliberativa que, si nos lo propusiéramos realmente, los mexicanos podríamos desarrollar hasta convertirla en una verdadera democracia participativa, que supere de una vez por todas los vicios y defectos de una democracia meramente representativa.

Ya sabemos que, a pesar del IFE, o gracias al mismo, nuestra democracia representativa siempre ha generado escepticismo y dudas sobre la limpieza electoral, la validez de los resultados y la legitimidad de nuestros representantes, por la consabida comisión impune de fraudes electorales, la compra-venta illegal, pero consentida, de votos, el derroche de recursos en forma de gastos de campaña, la manipulación interesada de las encuestas, el desaseo en el manejo de la documentación electoral, de los resultados mismos y, la supervivencia del voto corporativo, por sectores, etcétera.

El lema de la Revolución encabezada por Francisco I. Madero fue, precisamente «Sufragio efectivo, no reelección». Esta «alternancia política» bipartidista, sí, pero que en lo económico ha sido, es monolítica -monótonamente- neoliberal, entre el PAN y el PRI, y que lleva estacionada en el poder cuarenta años, se ha traducido en cuarenta años de estancamiento económico, social y cultural, lo que parece distar mucho de aquellos propósitos originales de la Revolución: tierra y libertad, justicia social e igualdad, bienestar y paz.

Hemos estado avanzando en el sentido contrario: cada día hay más pobreza, desigualdad, dependencia, injusticia, descontento, inseguridad.

La esperanza de «cambio» que se arremolinaba en las plazas, en aquel año 2000, se frustró paladinamente en 2012: el ex-presidente Vicente Fox en persona, el presidente «del cambio» , llamó a votar por el regreso del antiguo régimen. Ahora, Enrique Peña sucederá a Felipe Calderón, en el poder, tersamente.

Parece que no importa bajo qué siglas, el programa de reducción del Estado, la privatización de bienes públicos, la desregulación económica, y el impulso al darwinismo económico-social, cuya cúspide atroz es la corrupción de cuello blanco que alimenta, con un puñado de mexicanos, la lista Forbes de los más ricos del mundo, y la guerra contra el narco, el imperio del más fuerte, el regreso de la ley de la selva, la extinción del estado de derecho y las escalofriantes carnicerías, en que los distintos grupos delincuenciales se hacen pedazos unos a otros -nada más entre ellos, se dice, pero enmedio de la población civil trabajadora, desarmada e indefensa, que ha salido poniendo las cifras de colaterales– al margen de toda ley, sin aparentes investigaciones, ni procesos judiciales, ni incautaciones de bienes, ni bloqueo de las redes de financiamiento, etcétera. Este modelo neoliberal, privatizador, que se apoya en la violencia del narcotráfico, acabó imponiéndose desde el 2000, durante doce años.

Y durante seis o doce más, puede preverse, a partir de este diciembre.

Por otro lado, las cifras de pobreza, desempleo y marginalidad no han hecho más que crecer. Ahora, hasta podemos «presumir» -dicho con culposa ironía- de que en México hay más analfabetas que en 2006. Y un presidente electo que no es capaz de recordar lo que lee.

En todas las escuelas y bibliotecas del país deben existir de forma permanente programas, abiertos a ciudadanos de todas las edades, para abatir el analfabetismo simple y para combatir, sobre todo, el analfabetismo funcional, que es el que se manifiesta cuando las personas saben leer y escribir, sí, pero simplemente no lo hacen.

La lectura y la promoción de la misma, es una de las tareas insoslayables, urgentes, que pueden socavar en su base el poder manipulador omnímodo de las televisoras.

Cada día es más urgente la necesidad de implementar, en todos los niveles y sectores, formales e informales, de la educación, programas de alfabetización informacional.

Desde el punto de vista de los servicios, recursos y agentes de la información, el resultado electoral del 2012 representa, básicamente, el triunfo de la ignorancia supina de nuestra historia, y el del analfabetismo funcional.

La Reforma Integral de la Educación Básica, RIEB, que hace énfasis en el aprendizaje y desarrollo de competencias entre los estudiantes, requiere que los docentes, las autoridades y los padres de familia hagan aún un mayor esfuerzo para lograr se superen que los resultados de las pruebas como ENLACE y PISA.

Lo anterior implica una cruda paradoja:

Aunque, en su cotidianidad, los niños y jóvenes viven en medio de y padecen los prejuicios, la violencia y la destrucción ambiental y civilizatoria, generada por los adultos, se espera que ellos aprendan a ser multiculturales, asertivos, pacíficos, cultos, racionales, críticos y creativos.

Y luego, está el poder «educativo» de las televisoras, tan elogiado hasta por algunos funcionarios de gobierno. Uno de ellos, Alonso Lujambio, como debe recordarse.

Es claro que la inmensa mayoría de los habitantes de este país perciben su realidad a través de los filtros, de las lentes, de la mirada que las televisoras les ofrecen.

Las televisoras comerciales en México han vuelto estériles todos -o casi todos- nuestros esfuerzos educativos.

En México casi nadie lee periódicos, menos leen libros y son pocos, aún, los que se informan en Internet.

En nuestro país, y ésto debemos tenerlo muy claro, como en muchas otras partes del mundo también, las cadenas de televisión tienen todavía el poder de «crear» o «inventar» (y también de destruir): presidentes, enemigos públicos, estrellas, y/o líderes admirables.

Por eso, los reclamos de los estudiantes universitarios de este país, aglutinados en torno a #Yosoy132, son certeros, trascendentes, justos. Conocedores de todo lo anterior, no dudan en exigir, en reclamar: mayor apoyo a la educación, a la investigación científica, a la cultura y al conocimiento, que se democraticen los medios, que se reformen, que se pluralicen y se abran a todas las voces y expresiones intelectuales y políticas, y a que se ejerza el derecho a la información como fundamento de una verdadera democracia.

México no puede seguir viviendo en el oscurantismo que se propaga -paradójicamente- tanto en la escuela, como fuera de ella; peor aún, que impera en los propios hogares mexicanos -a través de la televisión-.



Calderón, su República de pantalla

Por Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Tomado de: Proceso.com.mx


Conclusiones del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación

A continuación, la síntesis de las conclusiones del Encuentro,convocado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y celebrado los días 5 y 6 de abril pasado:

1.- Reforma legislativa. La reforma legal para los medios de comunicación es de la mayor urgencia. El viernes 8 de abril se cumplió un año de la presentación, de manera simultánea en las cámaras de Diputados y Senadores, de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que fue promovida por varios partidos políticos y en cuya elaboración participaron miembros de la Amedi.

Esa iniciativa establece limitaciones al acaparamiento de medios de comunicación, instituye un organismo con atribuciones para regular los mercados y actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, reivindica derechos de usuarios y audiencias de los medios y garantiza el funcionamiento de los medios públicos.

Allí se precisan reglas para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones y se asegura la plena convergencia tecnológica, así como sanciones más severas para quienes no cumplan con la ley y la regulación. La pluralidad en la radio y la televisión sería promovida con la licitación de más frecuencias y con espacios garantizados para la producción independiente. Además, se reconoce que la radiodifusión y las telecomunicaciones constituyen un servicio público que debe ser garantizado por el Estado. La publicidad engañosa o los contenidos no aptos para los niños también encuentran regulación en esta iniciativa. Habría que incluir otras propuestas adicionales como la creación de Fondos de Cobertura Social para servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y desprotegidas.

Esa iniciativa constituye el proyecto más detallado que haya sido elaborado para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión. El aplazamiento en su dictaminación y análisis, incluso por parte de muchos de los diputados y senadores que suscribieron su presentación, resulta inaceptable. Únicamente el desinterés del Congreso de la Unión por estos temas y el cabildeo de las corporaciones mediáticas que no quieren una legislación que acabaría con el funcionamiento monocorde que ha caracterizado la comunicación en México, explican el abandono de esa y otras propuestas de reforma legal para los medios.

2.- Política de Estado. Es necesaria una política de Estado incluyente, transversal y suficientemente debatida entre todos los actores de la comunicación (gobierno, legisladores, empresas, operadores y sociedad) que rija el destino de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México. Es prioritario que los partidos y candidatos que aspiren a contender en la elección de 2012 incluyan entre sus plataformas programáticas y propuestas de campaña, políticas y acciones concretas para democratizar el actual sistema de medios. Cada vez es más ilegítimo que, por no molestar o por congraciarse con los concesionarios de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, los candidatos demoren o impidan reformas al régimen legal, fomenten o avalen contrarreformas, u omitan políticas de Estado necesarias y urgentes para el desarrollo del país.

3.- Licitar más cadenas de televisión. Existen todas las condiciones técnicas para que sean puestas a licitación las frecuencias que integrarían, por lo menos, dos nuevas cadenas nacionales de televisión. La inhibición del gobierno en ese asunto sólo se debe a la subordinación a Televisa y Televisión Azteca que abominan cualquier competencia en un mercado que han monopolizado indebidamente.

4.- Nuevas opciones en televisión digital. La televisión digital debe servir, antes que nada, para que haya más frecuencias disponibles y, de esa manera, opciones distintas a las que hasta ahora han tenido los televidentes de todo el país. Deben destrabarse los obstáculos legales y administrativos para el desarrollo de esa televisión. Las frecuencias que sean utilizables a partir del cambio digital deben ser para nuevos operadores, incluyendo instituciones culturales y grupos sociales interesados en incursionar en ese medio. Sería inadmisible que, con la mudanza digital, las televisoras que hoy en día acaparan las frecuencias comerciales tuvieran más canales.

5.- Certidumbre para los medios públicos. Los medios no comerciales tienen que ser entendidos como espacios de pluralidad, libertad, con independencia respecto de las instituciones oficiales y ser promotores de la democracia y la construcción de ciudadanía. Deben ser auténticos medios públicos y no espacios propagandísticos, para que cumplan a cabalidad con su función social. México requiere de un sistema nacional de televisión pública, que podría partir de la infraestructura de la cual dispone actualmente el Canal Once pero manejado con autonomía y con formas de retroalimentación con la sociedad.

Para que los medios públicos cumplan nacional, regional y localmente las tareas que pueden desarrollar en beneficio de la calidad y la diversidad, es imprescindible que cuenten con pleno, suficiente y permanente respaldo financiero, pero sin necesidad de comercializar espacios con fines publicitarios. El patrocinio es una opción válida que debe definirse de manera clara en la legislación para que no se confunda con la publicidad. Por lo tanto, es prioritario legislar en materia de medios públicos para garantizar su certidumbre jurídica.

6.- Señales abiertas para canales del Congreso y Judicial. Espacios de discusión y deliberación como los canales del Congreso y Judicial, así como opciones de televisión universitaria como TV UNAM, debieran tener una difusión abierta y nacional, para que los televidentes no tengan que pagar por recibir esas señales. Se trata de medios donde se debaten los grandes temas de interés nacional que afectan a todos los mexicanos, o bien de espacios universitarios donde se dan a conocer nuevos conocimientos o investigación científica que podría servir para solucionar los muchos y grandes rezagos que enfrenta el país. Sólo un Congreso reacio a atender las demandas ciudadanas puede darse el lujo de que los canales del Congreso y Judicial no sean conocidos por toda la población.

7.- Tarifas bajas y obligaciones para operadores. La interconexión entre las empresas de telefonía tiene que lograr la mejoría, no el encarecimiento de tales servicios. La autoridad está obligada a garantizar tarifas bajas en beneficio de los consumidores, las cuales redundarán en una mayor penetración y cobertura de estos servicios. También es necesario que a las telecomunicaciones no sólo se les vea como negocio, sino como una nueva oportunidad para abatir brechas sociales en temas prioritarios como educación, salud, seguridad y gobernanza. Para ello es necesario que la autoridad establezca y verifique obligaciones de inversión y cobertura, a fin de que las nuevas tecnologías y sus ventajas lleguen a la mayoría de los habitantes, sobre todo los más desprotegidos.

8.- Convergencia plena. Resulta absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado. Todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de la televisión abierta; más aún, esa debe ser una obligación de los proveedores de televisión por cable, satélite o cualquier otra modalidad no abierta. En todos los sistemas de televisión de paga deben existir canales destinados a la difusión de contenidos audiovisuales creados por productores independientes.

9.- Internet abierto, libre, rápido y barato. Los mexicanos tenemos derecho, en las mejores condiciones técnicas, a producir, recibir y distribuir contenidos digitales de toda índole. Ninguna política o legislación debe coartar el legítimo derecho de los usuarios de consumir productos culturales. El Estado tiene la obligación de garantizar auténticas conexiones de Internet de banda ancha a costos accesibles, a diferencia de las parsimoniosas velocidades por las cuales tenemos que pagar algunas de las tarifas de conexión a Internet más caras en el escenario internacional.

10.- Una agenda digital. Concebir, diseñar, discutir y poner en práctica una agenda digital para conducir a México hacia la Sociedad de la Información. El acceso a Internet de banda ancha y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debieran traducirse en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, por cuanto estas tecnologías contribuyen a mejorar servicios públicos de salud, educación, seguridad y gobierno, además de proteger el medio ambiente.

11.- Prohibir los “productos milagro”. Las televisoras se han convertido en vehículos de engaños cotidianos que ahora, incluso, lesionan la salud de los mexicanos. La publicidad de los llamados “productos milagro” contraviene las leyes en materia de salud y medios electrónicos. Exigimos que, de inmediato, las autoridades cumplan la obligación de sancionar tanto a los laboratorios como a las empresas televisoras que difunden esos productos.

12.- Transparencia y claridad en el gasto de comunicación social. Los medios privados más poderosos se benefician de enormes y constantes transferencias de recursos fiscales porque los gobiernos federal y estatales, así como numerosas instituciones públicas, saturan de propaganda las frecuencias y atiborran de dinero público las finanzas de tales empresas al contratar espacios cada vez más amplios en la televisión y, en menor medida, en la radio, la prensa y ahora los medios digitales.

El gasto publicitario de esos gobiernos debe regirse bajo una política de comunicación social, ser transparente y ser conocido en una base de datos pública y actualizada que contenga contratos, montos y tiempos de transmisión. Proponemos que por cada peso que se gaste en la contratación de propaganda en televisión y radio comerciales, se destine un monto idéntico a un fondo para la producción audiovisual independiente y para el fomento a la comunicación comunitaria y ciudadana.

13.- Programa de ayudas para publicaciones. Los medios impresos también deben transparentar su tiraje, venta y cobertura y no basarse en cifras ficticias para conseguir publicidad oficial. En tiempos de consumos digitales y de caídas en los índices de suscriptores y lectores, un programa y la regulación de estímulos a la prensa pueden ayudar a erradicar la discrecionalidad en el otorgamiento de pautas publicitarias, asegurar la independencia editorial de las publicaciones y garantizar la pluralidad y diversidad de puntos de vista.

14.- Reglamentar la propaganda gubernamental. Urge regular el artículo 134 constitucional en materia de propaganda y comunicación social para evitar más simulación y sometimiento a los medios electrónicos. Es necesario prohibir la publicidad encubierta, integrada y las gacetillas, que sólo buscan engañar o confundir a las audiencias, sobre todo en procesos electorales. Esto es indispensable para propiciar una relación más transparente y menos onerosa entre políticos, medios y ciudadanía.

15.- Menos spots y más debate electoral. Hacer valer la legislación electoral es una prioridad de la autoridad, los partidos, los candidatos, los medios de comunicación y los ciudadanos. También debe elevarse el nivel de debate y de discusión de los asuntos públicos, sobre todo en contiendas electorales. El actual modelo de comunicación política basado en spots de 30 segundos sólo esquematiza los problemas y no contribuye a la deliberación pública. De cara a los futuros procesos electorales, resulta necesario poner en práctica formatos distintos de comunicación política que permitan el intercambio y la discusión de propuestas.

16.- Homologar la Ley Federal de Radio y Televisión en materia electoral. Para reflejar la pluralidad y las contradicciones inherentes de la sociedad mexicana durante la disputa político-electoral, así como para garantizar la equidad en la contienda, prevenir y castigar incumplimientos de los medios electrónicos en materia electoral, es indispensable reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y homologarla con las disposiciones que en materia de comunicación política dispuso la reforma electoral de 2007-2008, así como los diversos ordenamientos y reglamentos que para tal efecto emita la autoridad electoral.

17.- Monitoreos oficiales y ciudadanos de contiendas y cobertura electoral. Cada vez es más necesario que la autoridad electoral, los observatorios ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil realicen monitoreos cualitativos y cuantitativos objetivos e imparciales, muestrales y censales del uso de los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos, las nuevas formas de comunicación política tanto en medios tradicionales como digitales, así como de la cobertura informativa que realizan los medios de las contiendas electorales.

18.- Propiciar la participación en elecciones. En todo momento la propaganda electoral en medios electrónicos debe ser administrada y contratada por el Instituto Federal Electoral. Internet debe seguir siendo un espacio libre donde políticos y ciudadanos encuentren un espacio de difusión e interacción. Tomar en cuenta a los jóvenes y dirigir mensajes para ellos, que motiven su participación e involucramiento en los asuntos públicos, es tarea tanto de autoridades electorales como de partidos y candidatos.

19.- Derecho de réplica. La reglamentación del derecho de réplica es una de las demandas que más consenso generan. Contenido en la Ley de Imprenta, en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y en la reforma electoral de 2007-2008, el derecho de réplica permitirá crear un mecanismo para que los ciudadanos que se sientan agraviados por información falsa o inexacta soliciten a los medios la debida rectificación.

El derecho de réplica no propicia censura sino que favorece un ejercicio informativo más preciso, serio, responsable y apegado a la realidad. El de réplica es un derecho consagrado en convenciones internacionales que no sólo beneficia a las figuras públicas sino a cualquier individuo, por lo que su reglamentación resulta urgente. Además, es un compromiso aún pendiente que asumieron los partidos al aprobar la reforma electoral de 2007-2008.

20.- Garantizar derechos de las audiencias. La creación de códigos de ética, defensores de audiencia y otros mecanismos autorregulatorios, debiera ser una exigencia básica de cualquier medio de comunicación comercial o público. Los derechos de las audiencias, pero también las nuevas posibilidades tecnológicas y el aminoramiento de las relaciones jerárquicas en la sociedad, hacen que los consumidores y usuarios sean cada vez más críticos, exigentes y demandantes. Si realmente los medios ofrecen lo que el público pide, podrían empezar por conceder espacios y mecanismos para que las personas emitan sus comentarios, quejas o requerimientos.

21.- Educar para los medios. Es necesario impulsar el desarrollo de estrategias educativas, con especial atención en la niñez y la adolescencia, para la lectura de contenidos mediáticos con criterios que contribuyan a una sociedad basada en la igualdad. Entre esos criterios es imprescindible la perspectiva de género. La academia y los espacios educativos deben contribuir para crear conciencia y fomentar un consumo crítico de los medios de comunicación, a través de materias y programas educativos que conduzcan a esa formación cívica.

22.- Monitorear y observar a los medios. Impulsar cada vez más observatorios de medios que vigilen los contenidos mediáticos y den a conocer sus resultados con base en datos cuantitativos y cualitativos sobre el quehacer y la actuación de los medios de comunicación frente a temas como género, niñez, discriminación, salud, violencia, derechos humanos, diversidad cultural y participación ciudadana.

23.- Erradicar formas de violencia y discriminación. Los medios tienen responsabilidades públicas que pocas veces cumplen a cabalidad. Es indispensable que promuevan contenidos que reivindiquen los derechos de las mujeres y las niñas y que se erradiquen las representaciones sexistas, homofóbicas, clasistas, racistas y discriminatorias que abundan en esos espacios de comunicación.

24.- Equidad de género en los medios. Eliminar el llamado techo de cristal, hacer valer el derecho a comunicar de las mujeres y garantizar la equidad de género en el acceso a puestos de dirección en los medios de comunicación, permitiría erradicar prejuicios, representaciones machistas, formas de violencia y prácticas sexistas.

25.- Regular anuncios de prostitución en publicaciones. Reglamentar en las publicaciones periódicas y en la radio y televisión los anuncios que podrían alentar la prostitución (o sexo servicio) y la trata de personas. La idea es que los medios de comunicación no denigren, no discriminen, no humillen por ninguna causa y sí respeten la condición humana de las personas.

26.- Proteger la salud infantil. Prohibir de manera clara y sin que se preste a interpretaciones la publicidad de comida “chatarra” en horarios infantiles en la televisión y la radio y sancionar a las empresas que la promuevan en Internet.

27.- Escrupulosidad en la cobertura informativa. Los medios de comunicación no son ajenos a las circunstancias de violencia y delito que devastan la sociedad mexicana. Tienen que hacer un esfuerzo para no fungir como voceros de la delincuencia y para manejar con toda escrupulosidad las informaciones sobre esos temas. Los códigos de comportamiento editorial que se propongan orientar el desempeño de los informadores y de los medios al cubrir asuntos relacionados con la violencia sólo tendrán eficacia si los periodistas, desde sus redacciones, los hacen suyos. Nos parece condenable el lucro político y propagandístico de Televisa, Televisión Azteca y otros medios con este asunto.

28.- Salvaguardar el trabajo periodístico. La protección de los periodistas, especialmente de los reporteros que cubren informaciones delicadas, tiene que ser prioridad de la sociedad mexicana. Las empresas de comunicación están obligadas a pagar salarios dignos (sin distinción de género), financiar seguros de gastos médicos y de vida, brindar capacitación y emprender todos los esfuerzos posibles para respaldar a los periodistas en toda circunstancia, especialmente cuando se encuentran en situaciones de riesgo.

29.- Periodismo ético, serio y profesional. Asimismo, es necesario que los periodistas dignifiquen su profesión y practiquen un periodismo más apegado a los hechos y menos a la estridencia de las descalificaciones, el sensacionalismo o la espectacularización de la noticia. Independientemente de la plataforma a través de la cual se dé a conocer la información, la búsqueda de lo novedoso, el rigor, la precisión al informar, la indagación, el contexto que ubique el acontecimiento y los más elementales parámetros éticos, siguen siendo características definitorias de un periodismo serio y profesional.

30.- Investigar y castigar agresiones. El Estado tiene la obligación de crear condiciones para que los informadores desarrollen sus labores sin riesgos y de investigar y castigar las agresiones a los periodistas. El Estado mexicano, comenzando por el gobierno federal pero también las entidades de la República , han incumplido esas responsabilidades.

31.- Reconocer y no criminalizar emisoras comunitarias. Un cimiento ineludible de la pluralidad que necesitamos se encuentra en la radiodifusión comunitaria. Lejos de garantizarla como mandata la Constitución , el poder político persigue e incluso sanciona penalmente a algunos de sus promotores. La comunicación comunitaria requiere de normas que reconozcan sus circunstancias específicas. La sociedad puede beneficiarse con la existencia de un vigoroso movimiento de radiodifusoras y otros medios de carácter comunitario, que solidifiquen la realidad multicultural de la nación. Es necesario que estos medios de auténtico servicio comunitario sean reconocidos legalmente, se suspendan de inmediato su persecución y criminalización y se garanticen condiciones para su autofinanciamiento.

32.- Promover producción nacional independiente. Para propiciar diversidad y calidad en los medios se requiere financiar e impulsar la producción a cargo de pequeñas y medianas empresas. Para ello se propone que, con un gravamen trimestral equivalente al 2 por ciento de las ganancias totales de las cadenas privadas de televisión abierta y de los sistemas de televisión restringida, se establezca un fondo audiovisual que también beneficiaría a medios públicos y comunitarios. Asimismo, se propone incorporar un sistema de cuotas de pantalla de producción nacional y extranjera, tanto en televisión abierta como de paga. Con estas acciones se generarían empleos y se diversificarían el trabajo creativo, así como la pluralidad.

33.- Apoyos para el cine y los documentales. Modificar la Ley Federal de Cinematografía para crear un fondo de apoyo a la producción de cine nacional, y obligar al pago por derecho de transmisión por parte de las televisoras, son apenas dos medidas prioritarias de la industria cinematográfica afectada en su cadena de valor por los productores, distribuidores y exhibidores extranjeros. Asimismo, es indispensable garantizar el derecho de exhibición de filmes documentales sin que se vean sometidos a censura previa o al capricho de las autoridades políticas o judiciales.

Los pilares sobre los cuales descansa la democracia son la ciudadanía y el respeto irrestricto al Estado de derecho. Hemos recogido y enumerado 33 propuestas ciudadanas sobre diversidad y calidad en los medios de comunicación. No son las únicas, pero sí fueron las más recurrentes y quizá las más apremiantes. Muchas de estas propuestas ya son una realidad en otros países.

Extracto tomado de: Conclusiones del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación