Pasada la mitad de su periodo, la actual administración federal no ha logrado concitar el respaldo mayoritario de los mexicanos a sus políticas económica, educativa, cultural, fiscal, social, ni de seguridad. Las dudas que prevalecen aún sobre la legitimidad de su mandato y la evidente descomposición que se ha vivido en la escena política en estos tres años, no solamente han conducido al país a «la peor crisis económica de nuestras vidas», como reconocen los más documentados y acuciosos análisis, sino también a un crisis social y política de consecuencias insospechadas. Justo ahora, varias ciudades y entidades del norte del país, como en su momento ha ocurrido también en el centro y sur del país, viven horas de angustia y tensión porque la seguridad y la convivencia pacífica han sido suplantadas por los espectros de la violencia, las ejecuciones y el narcotráfico.
Convendría aprontar estrategias que fueran al fondo del asunto de la inseguridad, el desempleo, la pobreza y la informalidad en la economía. Para ello, algo o mucho pueden y deben hacer las bibliotecas de todo tipo. En lugar de hablar de inversiones raquíticas en espacios para la práctica de deportes, como recientemente se propuso ante la grave oleada de violencia que afecta a Ciudad Juárez, cabría esperar una acción contundente del estado para recuperar espacios públicos y para afianzar y consolidar el capital social de esas y otras partes del país. Un proyecto de bibliotecas regionales, regionales no sólo por el membrete, sino por las funciones específicas que tendrían que realizar dentro de su ámbito geográfico de influencia, enclavadas en lugares altamente estratégicos, y con una oferta significativa de recursos de información, de actividades culturales y de foros y espacios para la interacción social, podrían detonar procesos de reflexión y recreación que opusieran una importante resistencia al ocio estéril, la falta de horizontes vitales, y acabar paulatinamente con la falta de oportunidades de acceso a la cultura en esas zonas. Un proyecto como el de las bibliotecas-parque que con visión generosa realizó el gobierno de Colombia.
Cuando se piensa en las graves irregularidades que reporta la Auditoría Superior de la Federación en torno al manejo de cuantiosos recursos públicos, uno se pregunta ¿por qué no se transparenta el ejercicio de esos recursos y se invita a los diversos sectores profesionales y empresariales para erigir proyectos como el de Parques Bibliotecas en Medellín, Colombia, como un primer paso en un vasto proceso de restauración del tejido social y de la actividad cultural y educativa en las zonas del país que hoy por hoy parecen tierra de nadie?
Se habla de capitales excedentes originados en la renta petrolera hasta por un billón de pesos, que han ido a parar a un barril sin fondo de gastos gubernamentales. ¿Es así como se piensa colocar a nuestro país en condiciones de competir y colaborar con otros países de América Latina y del mundo? El caso de Haití debe brindarnos suficientes lecciones a todos los latinoamericanos, acerca de cierta incapacidad histórica para gobernarnos de acuerdo con principios democráticos, pero también del papel que juega la injerencia extranjera en asuntos que deberían ser de interés principalmente de los habitantes de este país.
Deberíamos, los bibliotecarios todos, pero también los docentes y los propios estudiantes, apurar el paso para que aún las bibliotecas municipales más pequeñas, esas que ocupan un cuarto al lado de la intendencia en muchos palacios municipales, estén abiertas todo el día, exijan la conectividad mínima para usar Internet, exijan cursos de capacitación y actualización tanto en procesos bibliotecarios como en el uso efectivo de las nuevas tecnologías, para conformar así, gradualmente, una verdadera red inteligente de bibliotecas que compartan toda clase de recursos y servicios, que permitan orientar y educar al usuario, que brinden información oportuna sobre cuestiones económicas, sobre la salud, el medio ambiente y una infinidad de temas que son de interés de todos los ciudadanos.
Las bibliotecas escolares, por su parte, deberían mantener colecciones vivas tanto impresas como electrónicas, en torno a los asuntos que interesan o inquietan a los jóvenes, con información completa y suficiente sobre las consecuencias del uso de drogas, las prácticas sexuales riesgosas, el cuidado de su entorno inmediato y de su integridad física y psicológica.
Aunque tal vez sea imposible establecer correlaciones entre el nivel educativo y el nivel cultural de la población y su proclividad al consumo y trasiego de drogas, es casi seguro que la ignorancia, la pobreza y la escasez de oportunidades para trabajar, estudiar, aprender y desarrollar el propio potencial, constituyen el campo de cultivo perfecto para los comerciantes de enervantes y otras sustancias dirigidas a alterar el funcionamiento cerebral de los individuos. El acceso a la información y el uso cooperativo de la misma (como es el propósito de la Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional, por ejemplo) pueden ser una clave que falta por explotar en la recuperación de una convivencia social pacífica y un estado democrático.
Puede ser la biblioteca municipal, ese lugar casi siempre cerrado, vacío y a oscuras, adonde nada invita a entrar, pero que el bibliotecófilo encuentra poco menos que subyugante. O puede ser la biblioteca «de la ciudad» (como si una biblioteca bastara en nuestros tiempos para servir información y documentos a todos los habitantes «de una ciudad»; si acaso, las bibliotecas «de la ciudad», sirven a los estudiantes de los centros escolares más cercanos, o a aquellos cuyos padres pueden costearles el viaje desde la periferia hasta la biblioteca de la ciudad). Hay que decirlo: en las colonias hay iglesias, hay parques, hay comercios, hay cantinas, pero en México es raro que haya una biblioteca. Uno puede esperar décadas a que se abra una biblioteca de barrio o colonia, y lo más probable es que, de acuerdo con la forma en que se «administra» el presupuesto, jamás se abra una.
