Universidad Veracruzana

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Bibliotecas, Información y Conocimiento



Apple lanza el iPhone de cuarta generación

Una pantalla de cristal llamada Retina que cuadruplica la resolución de pantallas equivalentes en otros celulares, equipado con dos cámaras, una frontal y una dorsal, que permiten videoconferenciar en redes Wi-Fi -por ahora, luego será en redes 3G. Un sistema operativo multitarea, un giroscopio tridimensional que amplía las posibilidades de uso del iPhone para juegos y aplicaciones, etc., una cámara de 5 megapixeles y un centenar de nuevas cracterísticas en el sistema operativo, acompañan al teléfono iPhone 4G, que acaba de presentar Steve Jobs durante el evento inaugural de la conferencia mundial de desarrolladores Apple.
Llama la atención de manera poderosa, entre todas esas innovaciones tecnológicas, el papel que tienen los libros electrónicos a la hora de definir estas nuevas tecnologías: los libros pueden descargarse en línea a través de una cuenta iTunes en la iBook Store, pueden anotarse y marcarse en pantalla, para recuperar textos o pasajes destacados posteriormente, o ser leídos en voz alta (aunque no tenemos información o evidencia de lo que será esa lectura en idioma español).
Toda la información sobre libros queda sincronizada a través de los dispositivos del usuario de la aplicación iBooks: en el celular, el iPad y cualquier computadora Apple o PC conectada a la red.
Apple también está incorporando una nueva modalidad de marketing movil llamada iAds, que permite a los usuarios de iPhone y iPad, insertar anuncios en secciones específicas de las aplicaciones, o en sitios de la red, para anunciar nuevas aplicaciones.



Iniciativa México: ¿iniciativa para qué o hacia adónde?

En fechas recientes un spot televisivo es observado con desconcierto y sorpresa por millones de mexicanos: se trata del spot representado por Javier Aguirre, conocido entrenador deportivo, adonde se hace referencia a una así llamada «Iniciativa México».
De acuerdo con el portal Críticapura.com, Javier Aguirre podría ser apenas uno de los personajes de la farándula que participarán en spots sucesivos, y adelanta que aparecerán «Gael García, Salma Hayek, Lucero o Rebecca de Alba en un fondo muy patriótico cuestionándonos qué estamos haciendo por México». No se dice más nada sobre la Iniciativa México. No hay indicios que permitan decir si se trata de un producto deportivo, si es una iniciativa cultural o si es alguna extensión de la sangrienta guerra contra el narcotráfico que ha acumulado, en éstos tres años de administración federal, más de 20 mil muertos, la mayoría ejecutados y sin haber sido declarados legalmente culpables tras los debidos procesos.
En el mismo portal, se señala que la elaboración del video tiene indudables semejanzas con una campaña equivalente, en la India, que condujo a la creación de un programa de tele-realidad, o reality show, adonde se reinventó la noción de democracia, para buscar al «representante» ideal del pueblo mexicano -ésto con miras, sin duda, a influir en la elección presidencial de 2012.
¿Es «Iniciativa México» un Big Brother Político, a la mexicana?



El valor de mercado de Apple superó hoy al de Microsoft

La competencia tecnológica que se ha prolongado durante más de dos décadas entre Apple Computer y Microsoft ha dado hoy un vuelco previsible: el valor de mercado de Apple Computer, alcanzó y rebasó el de Microsoft durante el día de hoy en el índice bursátil NASDAQ. Inevitablemente vienen a la mente los epitafios que hace 10 años, cada mes, redactaba John Dvorak sobre la empresa de la manzana que entonces parecía fenecer.
Hoy Apple Computer cuenta con uno de los sistemas operativos para uso personal más sofisticados del mundo, ha incorporado a millones de personas a la filosofía de la usabilidad y la ergonomía patente en sus sistemas iPod y iPhone, y ya ha sentado un precedente tremendo en el mundo de lectores de libros electrónicos, dominado por Amazon, con su iPad, un instrumento que promete transformar -de nueva cuenta- nuestra interacción con las computadoras y la información en la web. No podemos dejar de notar este movimiento en el mercado tecnológico, por las consecuencias que puede tener a la larga en el uso que se hace de las computadoras en la academia, la investigación, el gobierno, la empresa y el hogar.

 

Acuerdo de los Pueblos (Cochabamba, Bolivia. 22 de abril de 2010).

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

  • armonía y equilibrio entre todos y con todo
  • complementariedad, solidaridad, y equidad
  • bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
  • respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
  • reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
  • eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
  • paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

  • Derecho a la vida y a existir;
  • Derecho a ser respetada;
  • Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
  • Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
  • Derecho al agua como fuente de vida;
  • Derecho al aire limpio;
  • Derecho a la salud integral;
  • Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
  • Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
  • Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

  • Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
  • Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
  • Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
  • Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
  • Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.

Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.



El Referencista No. 7, descarga el boletín electrónico de la DGBUV

La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana publica trimestralmente un boletín electrónico llamado El Referencista. Su objetivo es contar con una publicación electrónica para la difusión y diseminación de información sobre recursos y servicios del sistema bibliotecario universitario, así como textos de interés general sobre bibliotecas, los libros, la lectura, la alfabetización informacional y la sociedad de la información y el conocimiento. Se espera que la información publicada en el boletín, sea de utilidad para los estudiantes, docentes e investigadores universitarios y para el público interesado en general.
En fecha reciente se ha agregado el número 7, de este boletín, a la oferta pública de información que hace esta dependencia. Esperamos que encuentren de interés los contenidos de ésta edición.

Enlaces a números anteriores:
1, 2, 3, 4, 5, 6



Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.

Esta nota, que circula ya en estos momentos en el portal de El Universal, no tiene desperdicio y es un reflejo de la fragilidad de nuestro «estado de derecho».

«Por 12 mil dólares dan información a (sic) 2009 que recaban los gobiernos; la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos

«EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.

«La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.

«Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.

«Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.

«Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.

«El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.

«La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.

«Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.»



PublicACTA – La Declaración de Wellington (Nueva Zelanda)

ACTA (Acuerdo Comercial Antipiratería) es un tratado internacional controvertido, que impactará los derechos de los habitantes del planeta en cuanto al uso de recursos digitales, y ha sido negociado de una forma carente de transparencia. PublicACTA es un movimiento organizado por InternetNZ de manera que un público más amplio pueda conocer y aprobar, en su caso, las propuestas de ACTA.

La «Declaración de Wellington» señala que los tratados de propiedad internacional de ámbito mundial no se deberían realizar a puerta cerrada y en salas neblinosas por el humo, sino a plena luz del día y con la participación pública en la Organización de Naciones Unidas, donde se suelen suscribir habitualmente los acuerdos sobre propiedad intelectual. La ONU reconoce y permite participar a organizaciones no gubernamentales, periodistas y representantes de países pobres, mientras que el ACTA solo abre sus puertas a países ricos y grupos de presión de empresas poderosas.

Este Tratado Comercial Anti-Falsificación, negociado en secreto, podría:

* convertir a los operadores de Internet en policías privados del copyright

* imponer penas desproporcionadas e injustas para usuarios y consumidores

* dañar el acceso a medicinas y al conocimiento básico en países pobres

* obstaculizar la innovación

* establecer una forma anti-democrática de crear políticas públicas que ignoran a los Parlamentos y los Senados

PublicACTA está recopilando firmas de apoyo a la Declaración de Wellington en el enlace siguiente:

Apoyo a la Declaración de Wellington



El caso del RENAUT y el subdesarrollo nacional

Y resultó que en nuestro país, aparte de que los consumidores pagan tarifas telefónicas -por las líneas fijas y las celulares- de entre las más caras del mundo, además, tuvieron que a) dar de alta su Clave Unica de Registro de Población (CURP) en una base de datos gubernamental, y en caso de no contar con ella, tuvieron que realizar otra transacción por la red para obtenerla; aunado a lo anterior, esos mismos consumidores, ahora tendrán que b) verificar, mediante la presentación de la documentación correspondiente, los datos de su identidad asociados a su CURP y a su línea celular.
Al menos así se presenta públicamente el funcionamiento del llamado RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), para cumplir así con lo establecido en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo propósito es:
«Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.».
Quienes no cumplieron con la obligación de registrarse, tras un año de plazo para hacerlo, verán suspendido su servicio de telefonía móvil en las horas siguientes. Casi 25 millones de usuarios quedarán sin el servicio, por esta omisión, y eso que nuestro país cuenta con una cobertura de telefonía celular, apenas un poco superior a la de Perú. ¿Cómo quedará la cobertura, después de la aplicación de ésta medida? ¿Tendremos la cobertura más baja de Latinoamérica?
Supuestamente, se pretende combatir el delito y la extorsión vía telefónica mediante esta medida. No obstante, se difunde por la red información en el sentido de que habría personas que habrían usado una CURP distinta a la propia, para hacer el registro sin que, por parte de las autoridades encargadas del Registro, mediara proceso de validación alguno.
Es decir, el RENAUT ha sido alimentado, en un número de casos por determinarse, con información incorrecta, y el sistema en que se basa el registro no resultó capaz de evitar esas distorsiones informativas.
Entonces ¿qué confiabilidad -y, en última instancia, utilidad- puede tener un registro semejante?
Por otra parte ¿qué garantías tiene la población de que la información registrada en el RENAUT, no será utilizada por terceras partes para el marketing de todo tipo -comercial, político- o incluso para la comisión de los delitos que, supuestamente, querían evitarse? ¿Tiene esto algo que ver con la eventualidad, en el año 2012, de un proceso electoral adonde la votación sea precisamente a través de los teléfonos celulares? Esto es algo que por ahora no se menciona.
A todas luces, con el RENAUT se esta propiciando una situación de mayor caos en las telecomunicaciones, y de mayor desconfianza entre la población.
Lo que se propusieron hacer las autoridades en turno fue algo equivalente a que el gobierno de Estados Unidos obligara a toda su población a dar de alta el número de serie del software de Microsoft que utiliza para sus actividades profesionales o comerciales, para combatir el terrorismo. ¿Quién podría validar la confiabiabilidad e integridad de un volumen de información semejante?
Por si lo anterior no levantara suspicacias, baste decir por último que los encargados del RENAUT tomaron la nada juiciosa decisión de usar un contador falso -un script que simulaba un «incremento» en el número de usuarios que realizaban su registro- para dar la impresión de que se estaban registrando los más de 80 millones de celulares que hay en el país.
Consideren los lectores con detenimiento todo ésto, ante el todavía fresco Caso Gürtel, en España, un país adonde aparentemente las instituciones encargadas de administrar la justicia funcionan mejor -al menos, mejor que aquí, adónde menos de 1 por cierto de los delitos denunciados (que son menos del 3 por ciento del total de delitos cometidos efectivamente y que aparentamente nunca se reportan) llegan hasta la emisión de una sentencia y la aplicación de la justicia-, un caso en el que hubo acciones de espionaje telefónico, dobles contabilidades y casos de extorsión, supuestamente a manos de, o por instrucciones de, algunos miembros prominentes del Partido Popular, representativo de la derecha española.



Paradojas del gasto educativo y cultural en México

Un grupo de renombrados analistas y escritores, politólogos y críticos culturales del país prepararon, bajo la coordinación de Francisco Toledo, Enrique Florescano y José Woldenberg, la obra Cultura Mexicana: Revisión y Retrospectiva (Taurus, México).  Tomando como punto de partida una perspectiva antropológica de la cultura, proponen una serie de interesantísimos análisis que abarcan desde el cambio cultural, pasando por el diagnóstico de nuestras instituciones culturales, hasta una síntesis estadística sobre las prácticas y el consumo culturales en México.

Al hablar del Estado-Editor, en el ensayo «Dilemas del Estado cultural», Rafael Pérez Gay escribe:

«Las autoridades educativas y culturales del gobierno de Felipe Calderón tardaron casi un año en abrir las puertas del sexenio. Afuera, a la intemperie, se encontrarán las mismas preguntas que han quebrado la cabeza a otros gobiernos y han hecho fracasar otras políticas públicas. Pongo aquí algunas de ellas relacionadas con la fibra de los programas de fomento a la lectura. En otras páginas he expresado mis dudas acerca del tamaño del editor estatal mexicano. Vuelvo a hacerlo aquí: ¿Tiene sentido sostener un Estado-editor de las dimensiones del que tenemos? No. ¿Tiene sentido editar cientos de miles de libros al año con una red no mayor de siete mil bibliotecas y un sistema de distribución que no excede los trescientos puntos de venta como los que regentea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes? No. Es como comprarse veinticinco llantas de refacción para un solo coche, nada más por si se ofrece.

«Desde luego, no creo que el Estado deba abandonar la edición de libros, pero considero un error que se proponga como múltiple casa editora con los dineros públicos. El fracaso ha sido rotundo: el consumo no aumenta, la distribución es inexistente; en consecuencia, los lectores brillan por su ausencia y la industria editorial vive en un estado de desnutrición grave. Bastaría con la creación de un sistema selectivo y único de ediciones y el fortalecimiento del Fondo de Cultura Económica, no más. Nunca será lo mismo una casa editora que una institución cultural cuyo objetivo consiste en reducir los vacíos, los agujeros del mercado que pretende vender a toda costa, atropellando los contenidos. ¿A donde van los libros que publica la Dirección General de Publicaciones del CNCA? A las bodegas y a las bibliotecas; el proveedor es el cliente. Por cierto, un ejercicio ejemplar de transparencia consistiría en abrir a la luz pública las bodegas donde se guardan los libros del Estado-editor. Por alguna razón se mantiene bajo riguroso secreto el lugar donde se encuentran esas bodegas. Así, hemos llegado al bochornoso escenario en el cual se diseña un plan editorial que quizás elogiarían en España, pero con un consumo como el de Nicaragua y un sistema de distribución y comercialización adecuado para un país como Barbados.

«Editar para nadie.

«La paradoja del Estado-editor que fomenta la lectura y retiene en su poder el libro de texto (decidiendo así que los editores vivan al margen del único momento culminante de esa industria) no es la menor de las contradicciones de una política cultural que oscila entre la ilusión y el atavismo. Si se revisan el cine, el teatro o la música, aparecerá la misma fuerza paradójica: gastar el dinero en la misma casa de gobierno e instalar grandes aparatos sin público. ¿Quiere decir todo esto que el Estado no debe invertir en libros? No: quiere decir que debe gastar en bibliotecas (no en el delirio de una megabiblioteca) y en las editoriales privadas serias que sean capaces de surtir títulos que valgan la pena para enriquecer esos acervos.

«No hace falta ser adivino para saber que la política de editar libros a mansalva, a tontas y a locas, seguirá vigente. En buena medida, porque los responsables no rinden cuentas. Si un editor privado pierde dinero durante dos años, los dueños lo corren. Si un editor público pierde dinero, sus libros no se distribuyen, si editan para nadie, le llaman fomento a la lectura. Mientras la simulación y la autocomplacencia sean el eje de la edición estatal, el resultado será el desperdicio y la ausencia de público.
Pero hay algo más en la necedad de que editar cientos de miles de ejemplares nos vuelve cultos por el simple hecho de que la tinta se imprima en papel: echar libros al mundo para que vivan en la sombra húmeda de las bodegas debilita la idea de un Estado dispuesto a corregir los excesos del mercado, protector de las artes frente a la incultura de la libre competencia. La sospecha de que hemos retrocedido en materia de política cultural no es ilegítima; así lo demuestran la ausencia del público, la hiperpolitización de los espacios y cierto desprecio por la cultura como elemento extraño en el cuerpo de la sociedad. En este escenario crece la sombra del antiintelectualismo y se desvanece la aspiración de vivir una parte de la vida con ideas serias». (Pérez, 2008).

Por otro lado, autores como Raffaele Simone advierten desde tiempo atrás que las nuevas tecnologías, en especial Internet, representan «el principal enemigo del libro y de la lectura, a pesar de su apariencia de estar hecho para leer y escribir».

Los jóvenes en Internet no leen, «miran».

El mismo autor, Simone, advierte los siguientes rasgos en el uso de las nuevas tecnologías, que permiten reconocer el cambio de paradigma provocado por aquellas sobre la cultura y la información:

  • «Cambio en la jerarquía de los valores: ahora la visión natural prevalece sobre la alfabética.
  • Aumento del valor de la imagen (hipervisualidad) y con ello la supremacía de lo menos estructurado sobre lo más estructurado.
  • Nueva forma de elaborar la información, que cabe catalogar como «no proposicional» y la cual se caracteriza porque ha perdido los rasgos de ser analítica, estructurada, contextualizada y referencial, para convertirse en «una masa indiferenciada donde todo está en todo» y que desprecia el análisis y la experiencia.
  • Se ha modificado la naturaleza de la escritura y la tipología de los textos (hipertextos). «Las desventajas del libro frente al hipertexto hacen presagiar su desaparición y el nacimiento de una nueva cultura, con profundas repercusiones sociales, en especial en los modelos de enseñanza-aprendizaje, que tienen en el libro un fiel transmisor de información y esparcimiento con memoria indeleble«. (Cote, Eduardo. «Educación y cibersociedad: Hipertextos e hipermedia»).
  • » Los multimedia interactivos dejan muy poco margen a la imaginación. Como una película de Hollywood, los multimedia narrativos incluyen representaciones tan específicas que la mente cada vez dispone de menos ocasiones para pensar. En cambio la palabra escrita suelta destellos de imágenes y evoca metáforas que adquieren significado a partir de la imaginación y de las propias experiencias del lector» (Negroponte, 2000: 24-25).
  • Se tiene acceso a la información en un grado desproporcionadamente alto, lo que motiva que se hable de una «infoxicación» (indigestión informativa) en tanto no discrimina según criterios de selección, espíritu analítico y crítico». (Sádaba, sin fecha)

Con Carlos Slim Helú y su consorcio empresarial extendido por todo el territorio nacional, siendo el hombre más rico del planeta y el proveedor de acceso a Internet predominante en un país adonde se leen en promedio no más de tres libros al año por habitante: ¿Qué será de los jóvenes en edad de estudiar, ante la falta de visión en lo que concierne al desarrollo bibliotecario del país, a la ausencia de una política educativa que privilegie la alfabetización informacional de todos los ciudadanos (no solamente el dominio de la tecnología informática), y un Estado-editor evidentemente autista?