Universidad Veracruzana

Kaniwá

Bibliotecas, Información y Conocimiento



No vamos rumbo a Sudáfrica

«Pienso que debemos leer solamente la clase de libros que nos hieren, que se nos clavan como un puñal. Si el libro que leemos no nos despierta con un sobresalto ¿para qué lo leemos?… Necesitamos los libros que nos afectan como un desastre, que nos enlutan tanto como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como un exilio en un bosque lejos de todo y de todos, como un suicidio. Un libro debe ser como un hacha para abrir el mar de hielo que llevamos dentro». Franz Kafka.

No podemos pasar sin mencionar la nueva Ley de Medios que promulgó el gobierno de Argentina. Se trata -sin duda- de una ley progresiva, a tono con el caracter abierto y plural de la sociedad de la información y el conocimiento, que pone a ese país a la vanguardia en Latinoamerica en lo que se refiere a la participación social en los medios masivos de comunicación. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que se vean los frutos de esta apertura de dichos medios, contemplada en la ley, a las voces plurales de una sociedad diversa como la de aquel país, de la participación de enormes sectores hasta ahora relegados al silencio y la calidad de meros espectadores, que abrirá paso a una explosión de contenidos, un caleidoscopio visual que revelará la riqueza cultural y humana de la tierra de Gardel. Ahora que los monopolios de la televisión y la radio ya no tendrán -en aquel país- el control omnímodo sobre la producción y transmisión de contenidos hacia los hogares, es evidente que se alentará un proceso de autorreconocimiento social, de fortalecimiento de la identidad nacional y de los lazos que unen al pueblo del sur del hemisferio con toda la región. Se trata, ante todo, de una ley de medios para la democracia. ¡Cuántas lecciones por aprender! Qué contradictorio y paradójico resulta ver, por contraste, lo que está sucediendo en las entrañas de nuestro país. Por un lado, cientos de miles de personas, ahora mismo, sumidas en la incertidumbre sobre la fiabilidad de un servicio público elemental: la dotación de energía eléctrica, que es básica para la operación de escuelas y hospitales, la industria, el comercio y otros servicios, como el de abastecimiento de agua potable… y por otro lado, decenas de miles de personas literalmente liquidadas, puestas en la calle con una palmadita bienintencionada en la espalda, enfrentando la pérdida de derechos ganados por décadas de servicio, de derechos laborales constitucionalmente merecidos, y todos ellos, con sus familias, puestos de la noche a la mañana ante la perspectiva de la mera sobrevivencia y nebulosas ofertas de autoempleo y recontratación «bajo nuevos esquemas».

¿Qué no existe la Organización Internacional del Trabajo para emitir una opinión o una recomendación, en casos como el de la extinción súbita y forzada de Luz y Fuerza del Centro?

¿No se están atropellando derechos humanos fundamentales con las medidas que a algunos parecen de escándalo, del actual gobierno?

¿Es cierto que son más honerosas para la nación las prestaciones de 40 mil trabajadores que las pensiones vitalicias de un puñado de ex-presidentes y los múltiples seguros que usufructúan los funcionarios del primer nivel de gobierno?

Y, de ser cierto el despilfarro -que bien puede serlo- ¿por qué se toma es medida hasta ahora?

¿Por qué se creó un «falso caso», aduciendo la ilegitimidad de un líder sindical que sería desconocido de facto a las pocas horas?

¿Es posible desaparecer una agrupación gremial de un plumazo, así, ante los montones de convenios internacionales sobre el trabajo que haya firmado históricamente el gobierno?

Y en el fondo del asunto está, casi indudablemente, la concesión o licitación a particulares, de una poderosa infraestructura de telecomunicaciones -la fibra óptica que tomó muchos años tender a la paraestatal a lo largo y ancho del centro de la República-, el objeto de la codicia de grupos nacionales y extranjeros que, sin duda, verán crecer sus ganancias de manera asombrosa si se concreta este golpe contra la razón y la justicia en el país.

Si prevalece el interés particular sobre el interés colectivo, si prevalece el egoísmo sobre el altruísmo, si prevalece el despotismo sobre el derecho, no nos dirigiremos como nación «hacia Sudáfrica» -como reza la publicidad de un siempre comercializable mundial de futbol-, sino a la triste condición de un país de hambrientos y desposeídos, como Somalia o a la de un reino aún más agreste -si cabe- de aquel continente. ¿Podemos ignorar la historia?



Se requiere el compromiso de los bibliotecarios para el desarrollo del país

Los miembros de una profesión son guiados por motivos racionales para maximizar los beneficios sociales de su actividad, frecuentemente con base en una deontología. Por otro lado, los miembros de la sociedad, participan en el establecimiento de los requerimientos de servicio propios de una profesión –u oficio-, al tiempo que establecen las recompensas apropiadas cuando se cumplan los deberes esenciales del ejercicio profesional. Estas recompensas constituyen méritos que se expresan ante todo como un reconocimiento público. El prestigio de una profesión es la valoración del ejercicio profesional, tomando en cuenta el grado en que se satisfacen las necesidades sociales cuando se ejerce cierta profesión.
A lo largo de la historia del país, no se aprecian muchos periodos en que el reconocimiento social y el prestigio de la profesión de bibliotecario han alcanzado niveles importantes, significativos. Tal vez con la excepción del periodo de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación no hay momentos semejantes en que la alfabetización y los libros (así como, previsiblemente las bibliotecas y los bibliotecarios) ocuparan un lugar destacado en la agenda y la conciencia nacional.
Incluso en nuestros días, con la Ley General de Fomento al Libro y la Lectura y la Ley General de Bibliotecas, nuestro país aún no desarrolla los mecanismos que permitan articular a través de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) el funcionamiento más eficaz, socialmente relevante, de las bibliotecas y los profesionales de dichos servicios.
Para gran parte de la población, aunque pueda considerarla como una actividad más o menos valiosa, podría ver la labor del bibliotecario como una función complementaria o incluso prescindible, o como un trabajo menor, de apoyo para los escolares y los profesionistas. Sin embargo, cada día es más evidente que muchas de las problemáticas sociales, económicas y culturales de nuestro país, demandan la participación de bibliotecarios que puedan conectar o relacionar a los usuarios que demandan información con las fuentes clave, para resolver problemas de información, tomar decisiones y orientar acciones de manera informada.
Es urgente que los profesionales de las bibliotecas y la información se impongan la reflexión sobre el qué, el cómo, el por qué y el para qué de la función que realizan, en un contexto de cambios tecnológicos y ante una sociedad que ya no transita por los caminos de siempre, sino en un escenario de cambio, mutación, alentado por las necesidades económicas, por la provisión de satisfactores materiales para todos, a la vez que de esquemas de crecimiento o desarrollo sustentable, y por necesidades socioculturales y políticas, en el marco de sociedades plurales y democráticas y ante lo que algunos comparan con un tsunami de información.