Universidad Veracruzana

Kaniwá

Bibliotecas, Información y Conocimiento



Tormentoso final de año

Parece que no amaina la tormenta de malas noticias para los mexicanos en lo económico, lo social y lo político -pero también, y desde luego éste es el tema que más nos interesa, en lo cultural y educativo-. Apenas ayer se difundió en la prensa nacional que ocupamos el lugar 107 de 108 en términos de lectura.

¿Cómo puede explicarse que un país como México, un país con, hasta hace poco, codiciables recursos energéticos que ahora ya -se dice- están agotándose; con inmensos litorales y recursos mineros -nos damos el lujo de dar concesiones para extracción de oro a empresas extranjeras enmedio de la peor crisis económica en siete decádas-, uno de los más ricos en biodiversidad a nivel planetario, con una inmensa riqueza histórica y cultural, un gigante emporio potencial turístico, esté en esa condición la de un país de iletrados?

¿Cómo es posible que -a pesar de todo eso- estemos entre los pueblos del mundo que menos leen? ¿Cómo se ha permitido que ocurra ésto?

¿Qué parte de responsabilidad tiene cada sector de la sociedad -empezando por el gubernamental, pero también el sector privado, los educadores, los medios de comunicación, las empresas y los grupos religiosos? ¿Alguien puede decirse ajeno a las causas de este indicador?

Tiene razón José Emilio Pacheco, cuando dice que experimenta una «sensación de irrealidad» en la entrega de los premios literarios y culturales a los que por su esfuerzo y obra se ha hecho merecedor, pues ¿cómo es posible que a pesar del abandono cultural en que está hundido el país, aún hay hombres y mujeres creadores y sabios -como él- que obtienen reconocimiento mundial?

¿Cuántos premios más no recibirían los hijos de este país, si hubiera un sistema educativo eficaz, que realmente impulsara el desarrollo integral de los mexicanos a lo largo de toda la vida? ¿Cuántos premios más no recibirían los estudiosos mexicanos si la búsqueda de la excelencia en ciencia y humanidades no estuviera motivada por la búsqueda del «estímulo» económico, de los fondos de apoyo al «desempeño» -desempeño académico que, como podemos ver, a la hora de las comparaciones internacionales, se traduce en casi nada…-, sino por la plena certidumbre de que cualquier aportación al conocimiento y a la preparación de los mexicanos es un factor de grandeza nacional, algo de lo que por cierto ya no se habla?

Y la escalada de precios que viene ¿a cuántos mexicanos impedirá terminar sus estudios, o siquiera empezarlos? ¿cuántas familias optarán por poner a sus hijos a trabajar, sólo para garantizar la subsistencia, sacándolos del nivel educativo en que se encuentren? ¿cómo impactará la inflación venidera las adquisiciones de recursos bibliográficos, de computadoras, de materiales para laboratorios? ¿acaso vamos a enseñar química con piedras, física con modelos de cartón, biología con estampas?

¿Cómo recompensa el actual sistema educativo al esfuerzo que realizan las familias para enviar a sus hijos a las escuelas? A nadie se le oculta el hecho de que gran parte de la educación en realidad la imparten los padres de familia, de sus propia mano y, para usar una expresión local pintoresca: «como Dios les da a entender»…

¿A qué entonces la élite de maestros-funcionarios que desde sus cubículos, cobrando sus grandes sueldos, planean y diseñan reformas que no reforman nada?

Lo dicen especialistas en Israel, en Europa y en Estados Unidos: en educación menos es más, pero nuestras autoridades educativas parece que no han entendido lo que esa frase significa. No significa que las escuelas puedan cumplir su función sin presupuesto, tampoco que pueda prescindirse de libros y de computadoras, no significa que los maestros puedan ver reducidos todavía más sus -ya de por sí erosionados- sueldos; lo que quieren decir es que es preferible abordar tres o cuatro temas y verlos con profundidad, con la mayor profundidad posible, desde todas las perspectivas, a lo largo del año, dando oportunidad a los alumnos para pensar y valorar, que atiborrar su mente con veintitantas materias a las que acuden en una suerte de turismo cultural.

Por ese camino, llegamos a la obesidad intelectual -que es también una forma de raquitismo intelectual-, un mal que nos impide discernir con claridad quiénes somos y cuál es nuestro papel como nación en el mundo. Por el camino de la sobrecarga informativa en planes y programas de estudio estamos apostando por la dependencia de aquellos pueblos que en lugar de poner a sus ciudadanos a repetir mecánicamente parrafadas de contenidos obsoletos, les enseñan los métodos y los procedimientos para problematizar, debatir, analizar, sintetizar y crear nuevos conocimientos.

Claro, crear nuevos conocimientos no puede hacerse si no hay libertad. Y de todos los derechos y afanes humanos, parece que es la libertad -la libertad de elegir, la libertad de pensar, la de participar- el que más temen los intereses creados en el México del siglo XXI. Todos somos responsables de ésto, pero hay quienes lo son más.



Copenhagen (Dinamarca), Inglaterra y el calentamiento global

Si resulta abrumadora la evidencia existente entre los 10 años de comunicaciones que, un grupo -hasta ahora no de identificado- de hackers sustrajo del servidor de una Unidad de Investigación Climática, de una universidad inglesa y que han hecho públicos en la red, y pone en entredicho la fiabilidad de las afirmaciones de la inmensa mayoría de los científicos -pero, ciertamente, no de todos-, relativas al ascenso global de la temperatura en las últimas décadas (fenómeno al que desde hace más de una década se le da el nombre de «calentamiento global», y que será motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, en Copenhagen, para diseñar políticas de carácter internacional, como la creación de un mercado de «bonos de carbono», como un instrumento económico-financiero para combatir tal calentamiento), se estaría ante uno de los fiascos científicos -deliberados o no- más grandes de los últimos tiempos, si no es que de la historia de la ciencia.

Si la forma en que se procesa la información bajo el sistema de «revisión por pares» (peer reviewed) está ocurriendo o ha ocurrido en el caso de publicaciones respetables, en otras disciplinas como revelan que ha ocurrido -entre climatólogos- algunos de los correos electrónicos filtrados por los hackers al ciberespacio ¿qué confiabilidad pueden tener en las publicaciones arbitradas, los investigadores científicos y los académicos, y los estudiantes de ciencias, los futuros científicos, sobre la validez de los conocimientos que -se supone- representan el estado del arte en los diferentes dominios de la ciencia?

La crisis financiera internacional tiene, entre otras causas, su origen en una profunda pérdida de confianza, por abuso de confianza ¿puede extenderse también al -hasta ahora- aparentemente sólido edificio de las ciencias?



México padece de «banda angosta» a precios altos

De acuerdo con la información integrada por Reporte Indigo, en México se pagan los precios más altos de la OCDE a cambio del servicio de Internet de banda angosta más lento. Mientras la mayoría de los países de la muestra ofrecen conectividades de 10 o más megabits por segundo, en nuestro país se paga hasta cinco veces más por un servicio que es 20 veces más lento. Considerando que el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y redes en el país obedece a los intereses comerciales de unas pocas empresas (en este caso a las pujas por el dominio de los servicios de triple play -telefonía, internet y televisión en una misma suscripción- entre Telmex, y Televisa – TV Azteca), cabe preguntarse qué papel puede jugar la sociedad, los consumidores, las instituciones educativas y de salud, si, organizadas, pudieran tener un papel decisivo en el establecimiento de políticas públicas claras y progresivas, para alentar la competencia leal, la innovación tecnológica y la equiparación de estos servicios en cuanto a precios y calidad, con respecto a los que se ofrecen en otros países del mundo.



Desafíos de la educación en el México del siglo XXI

Leemos en la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, volúmen 4, número 1, del año 2006, en el texto de Bonifacio Barba «La educación moral como asunto público«, un análisis minucioso de los proyectos educativos y las filosofías subyacentes, que han impulsado a la educación en nuestro país, desde el siglo XIX hasta finales del XX.

Se reconocen, de la mano de nuestro proceso histórico, periodos como el Independentista, el Porfiriato y la Escuela de la Revolución (según Solana, Cardiel y Bolaños), o los periodos del Origen del Estado Mexicano, la Educación liberal, el proyecto de Conciliación política y unidad, la Educación revolucionaria y la llamada Unidad Nacional (según Vázquez).

Desde otra perspectiva, se reconoce un periodo Ilustrado, un periodo Civilizatorio, el periodo coincidente con el Movimiento de Reforma, en pos del Orden y Progreso, el periodo Popular, que corresponde con el Movimiento revolucionario de 1910 a 1940, y desde 1970 hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proyecto Economicista (según Yurén), que se perfilaba hacia la bogante ideología de la Globalización Neoliberal, en que hoy está inmersa -por no decir ahogada- la educación.


Diego Rivera: La maestra rural. Tomado de: La pintura mural de la Revolución mexicana, México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1989, p. 94.

Hoy se admite -en teoría- el papel de la educación, en la construcción de la identidad de los individuos y de la nación, de la soberanía económica y sobre los recursos, del estado de Derecho y de una verdadera vida democrática. Sin embargo, en los hechos, el sistema educativo nacional desde el preescolar hasta los posgrados, se ha convertido simplemente en un subsistema del sistema económico de concentración capitalista, subordinado a los intereses corporativistas de los sindicatos y las agrupaciones gremiales y profesionales, a los intereses de los partidos políticos y en última instancia, al funcionamiento más o menos eficiente de un sistema productivo cuyas riquezas se acumulan gradualmente cada vez en menos manos. En otros términos, los educadores de este país compiten sin más recursos que su voluntad y sus conocimientos, dentro de ese subsistema, con la imaginería poderosa y subyugante de los medios masivos de comunicación, en la definición de proyectos de vida y estilos de consumo y subconsumo. Los resultados están a la vista.

La así llamada descentralización y modernización educativa (1970-1995) ha expuesto en toda su crudeza, la enorme dimensión de los problemas que aquejan al proceso educativo en el país: los indicadores de calidad en la formación de profesores y de aprovechamiento de los estudiantes, el grave rezago educativo, o el desarrollo asímetrico y desigual, la escasa producción científica con la excepción honrosa de algunas universidades, el abandono de los creadores culturales a su suerte, es decir su abandono en manos del mercado, la subordinación de planes y programas de estudio a concepciones unidimensionales del aprendizaje enfocadas en la formación de eficiencias productivas, más que de individuos creadores y críticos, lo que podría llamarse «educacionismo»; en el extremo, la Carrera Magisterial, convertida en instrumento de contención política de la disidencia magisterial y del control férreo sobre la movilidad profesional al interior del gremio de profesores. En México es eso o la movilización respaldada por la parte de la sociedad con conciencia creciente de estos problemas, y la represión policiaca y militar.

Desde 1948, tras la sacudida global que representó la Segunda Guerra Mundial, se pensó en la posibilidad de integrar al Sistema Educativo Nacional en un todo unificado, complejo -pero flexible-, capaz de esbozar un perfil educativo nacional, capaz de homologar -sin homogeneizar- prácticas y experiencias educativas a lo largo de todos los subniveles del sistema en todo el territorio nacional, que alentara y permitiera el avance nacional en los campos de la ciencia, la tecnología, la cultura y, por consecuencia en lo económico, social y político.

Dicha posibilidad, al término de la primera década del siglo XXI, permanece sin concretarse. Es la fecha en que no contamos con un catálogo bibliotecario nacional, un catálogo de unión, que permitiera a los maestros del país saber qué libros hay en qué bibliotecas en cualquier punto del territorio nacional, ni un sistema de préstamo interbibliotecario libre de impuestos y sustentando en los sistemas de mensajería y correo del país, para alentar el intercambio cultural entre las regiones. Tal vez por la novedad, pero tampoco funciona a escala nacional un sistema de intercambio digital de documentos de gran envergadura. Existen, sin embargo, sistemas incipientes de ese tipo en algunas regiones. Tal vez la mitad de las escuelas del país tienen computadoras, pero no estamos seguros de que todos los profesores en esas escuelas estén capacitados, como se debe, para hacer el mejor uso de esos instrumentos.

En un programa de educación básica en México, es posible encontrar como contenido el tema «Los Puntos Cardinales», en la era de los GPSs.

Miles de millones de pesos invertidos anualmente en educación no parecen suficientes, cuando la burocracia educativa consume en su pura subsistencia el mayor porcentaje. Y ni así alcanzamos la proporción mínima del PIB que recomienda la UNESCO como gasto en educación. Los recursos efectivos dedicadas a la formación de cada estudiante mexicano, están muy por debajo de los que destinan los gobiernos de otros países. Basta ver los mesa-bancos en que toman lecciones nuestros estudiantes, para tener una idea palpable del estado de la educación en México. Muchas escuelas en zonas rurales no son más que galeras adaptadas para dicho propósito.

El currículo oculto de la actual administración se refleja en las cifras sobre corrupción, que ubican a nuestro país a medio camino entre el más corrupto y el más transparente: ese es el pan nuestro de cada día en las escuelas, en la calle, en las empresas e instituciones, los niños y jóvenes crecen en un ambiente inmoral, propiciado por la inacción o la ineficacia del Estado, donde ven muy claramente que, para aspirar a una vida mejor, en México no cuenta el conocimiento, no cuentan los valores, tampoco cuenta la participación política, ni el voto. Que en México no sirve de nada esforzarse, obtener conocimientos y cultura; que basta ser «amigo» de un alto funcionario, poseer la concesión de una televisora o un banco, o ser diputado o juez, para tener la vida resuelta sin mayores problemas.

La erosión de las relaciones sociales que acompaña a este estado de cosas ha alcanzado ya límites de exasperación y de desaliento preocupantes. Hace muy poco, cerca de esta capital, por un altercado vial un joven arrojó a un hombre maduro de un puente, matándolo. ¿Qué más debe pasar para que revisemos nuestros asuntos como sociedad?

Dice Bonifacio Barba casi al finalizar su ensayo:

«En síntesis, si la educación moral deviene en la realización activa de la razón liberal, la libertad, deberá consistir sin duda en experiencias que formen ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos, lo cual ocurre por tres vías. La primera es la acción social, de la que conviene destacar la enorme responsabilidad de los partidos políticos por ser ellos algunas de las instituciones por las que transcurre la elaboración de la ‘filosofía de época’, fuente de los proyectos educativos.

La segunda vía es la acción gubernamental ya que por ella transcurre un sentido moral irrenunciable debido a que está referida al bien de los ciudadanos y de la sociedad por la salvaguarda y cumplimiento de las garantías jurídicas. La conjunción y eficacia pública de todos los poderes del Estado significa entonces la creación de un ambiente moral, la realización de una pedagogía gubernamental.

La tercera vía, no primero ni mucho menos sola, es la propia de la escuela y su fuerza está determinada en no menor parte por las dos primeras vías pues si “la importancia política de la escuela en México reside en que se le ha atribuido la responsabilidad fundamental de resolver la desarticulación interna de la sociedad, que es uno de los problemas de mayor persistencia en la historia de este país” (Loaeza, 1988:58-59), no puede realizar su tarea con sus solos medios.

La cuestión moral básica del país, claramente representada por el horizonte normativo de los derechos humanos, que son la mayor creación del pensamiento liberal, es entonces la que constituye el vínculo entre Estado, sociedad y educación y la esencia de ese vínculo es la responsabilidad. No se trata de una categoría abstracta sino de una práctica, la responsabilidad por el otro.

Las relaciones de interdependencia entre las tres entidades hacen posible entender que la nación mexicana necesita que su educación sea política, es decir, una experiencia comunitaria en la que los individuos construyan su identidad viviendo los derechos y los deberes. Esa es la única justificación posible del Estado como vínculo entre los individuos y como entidad moralmente superior a la sociedad que lo estructura. Ese es el único camino para una sociedad abierta, emancipadora.
Políticamente, moralmente, en todos los rumbos de nuestro horizonte histórico se encuentra el ideal legislativo y educativo de Morelos: reconocer, establecer y vivir la igualdad de forma que sólo distinga “a un americano de otro, el vicio y la virtud”.



«Mensajea a un bibliotecario»

Mientras en nuestro país se lanza a la indefinición laboral y vital a 46 mil familias, para que no haya ninguna resistencia a la concesión y privatización de los más de mil kilómetros de fibra óptica instalada con recursos públicos en la región central de México, en el vecino país del norte se acaba de echar a andar un mecanismo que permitirá -a cualquier ciudadano que tenga la capacidad económica para costearlo- el disponer de los servicios de información de bibliotecarios en su teléfono celular.

La idea es simple. Cualquier teléfono celular comercializado actualmente tiene capacidad para enviar y recibir mensajes breves de texto -SMS. Pues bien, esta capacidad puede se aprovechada por empresas y por individuos para hacer preguntas específicas al servicio Text a Librarian (TAL), que serán atendidas en tiempos muy breves mediante mensajes de texto, con información pertinente como respuesta.

Uno puede imaginar el potencial que tiene un servicio como éste. Servir información a cualquier teléfono celular en cualquier momento, pero no sólo eso, sino servirla en la forma en que pueda ser más útil al usuario, es un sueño de cualquier bibliotecario.

Pues bien, la empresa Mosio, está impulsando este nuevo servicio que seguramente tendrá mucho éxito.

En nuestro país, las redes de telefonía celular y, en general, de telecomunicaciones, constituyen un vasto sistema monopólico -aunque se trate de aparentar lo contrario- cuyas capacidades de transformación, activación y coordinación social están, por decir lo menos, pobremente aprovechados. Uno imagina, desde las bibliotecas universitarias o académicas, que gobiernos visionarios a cambio de tan grandes e importantes concesiones, incluyeran cláusulas que obligaran a los proveedores de telefonía celular a proveer las infraestructuras mínimas necesarias para interconectar a las bibliotecas y centros de información con los usuarios vía mensajería SMS. Se crearía casi de inmediato una infoesfera increíblemente poderosa para combatir el rezago educativo, alentar la alfabetización funcional de la población, promover las bibliotecas, el libro y la lectura, alentar la intercomunicación social sobre temas de verdadero impacto social y personal, etc.

Actualmente todos los usuarios de servicios de telefonía celular reciben propaganda comercial y de concursos en sus unidades móviles. Existen algunos servicios esotéricos o de divertimento dudoso, como la obtención de imágenes, música o videos originados en los medios masivos. O concursos, infinidad de concursos que prometen dinero fácil a cambio de llamadas o mensajes a cierta tarifa.

Imaginemos que en lugar de pagar por consultar un «horóscopo» estandarizado obtenido de alguna oscura fuente esotérica -en el mejor de los casos-, cualquier ciudadano pudiera dirigir preguntas tales como ¿Qué significa «contrato colectivo»? ¿Qué son los «derechos humanos»? o «¿Qué es el derecho al trabajo?» o cualquier otra pregunta en torno a cuestiones médicas «¿Es peligrosa la vacuna contra la influenza humana?» o cuestiones puramente intelectuales, educativas, o recreativas, referencias sobre libros -«¿Quién es Orhan Pamuk?»-, recomendaciones de películas y música, reseñas de eventos culturales, etcétera y tener en pocos segundos un primordio de respuesta, posiblemente con uno o varios enlaces web a recursos revisados por bibliotecarios para ahondar en la información.



22% de la población nacional se verá afectada por el impuesto a Internet

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), estudiantes en edades de 12 a 19 años se verán afectados por el impuesto a las telecomunicaciones que incluyen el uso de Internet. Con tal impuesto las familias de menores recursos se verán en dificultades para continuar con sus suscripciones de dicho servicio y los cibercafés tendrán que revisar sus costos para absorber el efecto del impuesto.
Al mismo tiempo que en Finlandia ha alcanzado el nivel de derecho civil la provisión del servicio de Internet para todos, con una conexión de al menos un megabit por segundo, vemos que en nuestro país se alza aún más la barrera que divide a las personas con acceso a la red, del resto -la gran mayoría de la población-. Por este camino, la brecha digital y brecha de capacidades que son extensión de la brecha económica en nuestro país, lo único que harán será ahondarse.
En otro sentido iba la intención del Sindicato Mexicano de Electricistas -cuyo patrón Luz y Fuerza del Centro ha sido disuelto de manera intempestiva- de que la red de fibra óptica de mil kilómetros que se instaló en el centro del país permitiera al Estado brindar servicios de triple play (telefonía, Internet y televisión digital), a bajo costo. Es evidente que la disolución de la empresa y la pérdida de sus empleos de 44 mil trabajadores están relacionados con los negocios que realizarán particulares -especialmente extranjeros- cuando la CFE y el gobierno federal «subasten» las concesiones para usar dicha red.



Alcanza 14 mil visitas este blog

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No vamos rumbo a Sudáfrica

«Pienso que debemos leer solamente la clase de libros que nos hieren, que se nos clavan como un puñal. Si el libro que leemos no nos despierta con un sobresalto ¿para qué lo leemos?… Necesitamos los libros que nos afectan como un desastre, que nos enlutan tanto como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como un exilio en un bosque lejos de todo y de todos, como un suicidio. Un libro debe ser como un hacha para abrir el mar de hielo que llevamos dentro». Franz Kafka.

No podemos pasar sin mencionar la nueva Ley de Medios que promulgó el gobierno de Argentina. Se trata -sin duda- de una ley progresiva, a tono con el caracter abierto y plural de la sociedad de la información y el conocimiento, que pone a ese país a la vanguardia en Latinoamerica en lo que se refiere a la participación social en los medios masivos de comunicación. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que se vean los frutos de esta apertura de dichos medios, contemplada en la ley, a las voces plurales de una sociedad diversa como la de aquel país, de la participación de enormes sectores hasta ahora relegados al silencio y la calidad de meros espectadores, que abrirá paso a una explosión de contenidos, un caleidoscopio visual que revelará la riqueza cultural y humana de la tierra de Gardel. Ahora que los monopolios de la televisión y la radio ya no tendrán -en aquel país- el control omnímodo sobre la producción y transmisión de contenidos hacia los hogares, es evidente que se alentará un proceso de autorreconocimiento social, de fortalecimiento de la identidad nacional y de los lazos que unen al pueblo del sur del hemisferio con toda la región. Se trata, ante todo, de una ley de medios para la democracia. ¡Cuántas lecciones por aprender! Qué contradictorio y paradójico resulta ver, por contraste, lo que está sucediendo en las entrañas de nuestro país. Por un lado, cientos de miles de personas, ahora mismo, sumidas en la incertidumbre sobre la fiabilidad de un servicio público elemental: la dotación de energía eléctrica, que es básica para la operación de escuelas y hospitales, la industria, el comercio y otros servicios, como el de abastecimiento de agua potable… y por otro lado, decenas de miles de personas literalmente liquidadas, puestas en la calle con una palmadita bienintencionada en la espalda, enfrentando la pérdida de derechos ganados por décadas de servicio, de derechos laborales constitucionalmente merecidos, y todos ellos, con sus familias, puestos de la noche a la mañana ante la perspectiva de la mera sobrevivencia y nebulosas ofertas de autoempleo y recontratación «bajo nuevos esquemas».

¿Qué no existe la Organización Internacional del Trabajo para emitir una opinión o una recomendación, en casos como el de la extinción súbita y forzada de Luz y Fuerza del Centro?

¿No se están atropellando derechos humanos fundamentales con las medidas que a algunos parecen de escándalo, del actual gobierno?

¿Es cierto que son más honerosas para la nación las prestaciones de 40 mil trabajadores que las pensiones vitalicias de un puñado de ex-presidentes y los múltiples seguros que usufructúan los funcionarios del primer nivel de gobierno?

Y, de ser cierto el despilfarro -que bien puede serlo- ¿por qué se toma es medida hasta ahora?

¿Por qué se creó un «falso caso», aduciendo la ilegitimidad de un líder sindical que sería desconocido de facto a las pocas horas?

¿Es posible desaparecer una agrupación gremial de un plumazo, así, ante los montones de convenios internacionales sobre el trabajo que haya firmado históricamente el gobierno?

Y en el fondo del asunto está, casi indudablemente, la concesión o licitación a particulares, de una poderosa infraestructura de telecomunicaciones -la fibra óptica que tomó muchos años tender a la paraestatal a lo largo y ancho del centro de la República-, el objeto de la codicia de grupos nacionales y extranjeros que, sin duda, verán crecer sus ganancias de manera asombrosa si se concreta este golpe contra la razón y la justicia en el país.

Si prevalece el interés particular sobre el interés colectivo, si prevalece el egoísmo sobre el altruísmo, si prevalece el despotismo sobre el derecho, no nos dirigiremos como nación «hacia Sudáfrica» -como reza la publicidad de un siempre comercializable mundial de futbol-, sino a la triste condición de un país de hambrientos y desposeídos, como Somalia o a la de un reino aún más agreste -si cabe- de aquel continente. ¿Podemos ignorar la historia?

 

Espacio público y memoria colectiva

Hoy concluye el Simposio de Otoño que organiza la Universidad Veracruzana. El Simposio se compuso de cinco mesas en las que participan intelectuales de todo el país, provenientes de diversas instituciones y proyectos, para discernir sobre esa movible frontera entre intereses -públicos y privados- en torno al espacio público en cinco esferas: la institucional, la económica, la social, la mediática y la política.

La conferencia inaugural a cargo de Nora Rabotnikof (UNAM) estableció el marco conceptual del simposio, asentando que en primer lugar el espacio público surge en la polis griega, y se expresa un intento de racionalizar el poder político, en el que todos pueden participar a través del diálogo, y la discusión (la res publica).

La biblioteca aporta al espacio público una forma refinada de memoria colectiva y universal, sin embargo, tanto aquel como ésta no tienen realidad efectiva sin la participación del ciudadano, que en el caso de la biblioteca es, además, un lector. «Analfabetismo de retorno» o «funcional», es el primer obstáculo que se interpone entre el ciudadano lector y la biblioteca, ya sea pública o educativa. Y en el espacio social, el impedimento para la participación está definido por el analfabetismo político.

Si consideramos que información y comunicación en el espacio público no puede desligarse de la memoria colectiva, de las experiencias pasadas compartidas y/o registradas en términos históricos, viene a la mente de inmediato la importancia de las bibliotecas, de las cuales en nuestro país se dice que hay más de 90 mil, aunque habría que ver, efectivamente, cuántas funcionan como tales y constituyen una diferencia en la vida de los más de 100 millones de habitantes de México.

Sin memoria colectiva -sin acceso para todos a un sistema moderno y funcional de bibliotecas públicas y académicas– pareciera que el espacio público quedará subordinado una y otra vez a intereses privados en lo económico, lo mediático y lo político.

(Audio de este post en formato MP3)