¿Cuánto tiempo de retraso tiene nuestro país, con relación a otros países de América Latina, o del contienente europeo, o del Lejano Oriente, en términos de crear condiciones y generar oportunidades suficientes de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información y el conocimiento? ¿10 años, 20?
La misma miopía política y económica con que se conducen asuntos como el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas de los mexicanos, que tiene su complemento con el divorcio -incomprensible- entre políticas públicas y cultura, el «dejar hacer, dejar pasar» educativo en manos de intereses de grupos, o esa visión interesada que quiere y permite hacer negocio -frecuentemente privado y raramente público- con el patrimonio cultural nacional, aún a costa de su destrucción, se extiende hasta el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su papel como motor de una nueva economía, basada en la información y el conocimiento.

Mientras las comunidades nacionales en Europa y Asia quieren y hacen todo lo posible para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a la economía del conocimiento, aquí tropezamos con nuestros propios pies para intentar que funcione una refinería.
¿Adónde están los proyectos estatales y municipales para la creación de centros públicos, comunitarios, accesibles, gratuitos, para dar acceso a Internet a la mayor cantidad posible de habitantes?
Tales centros podrían constituirse, desde una perspectiva integradora, en elementos medulares para actividades como la teleeducación, la educación a distancia, el cibercomercio, la industria del software y de contenidos, y para el teletrabajo y los teleservicios.
Cibercentros como los descritos, alentarían la búsqueda de soluciones, el intercambio de ideas, la comunicación, el diálogo y la comprensión entre los mexicanos.
Como el cibermódulo que, el día de ayer, el gobierno del Distrito Federal puso en marcha en un lugar sumamente transitado de la capital, el Metro Zócalo, como parte de un proyecto más ambicioso que incluye la creación de otros centros semejantes en otras estaciones del Metro del Distrito Federal.
Parece correcta la estrategia del gobierno del D.F., que enfrenta graves dificultades y condiciones climatológicas e hidrológicas adversas para distribuir eficientemente agua potable, y que pese a la crisis económica, toma medidas extraordinarias y largamente esperadas como ésta para incrementar, por otro lado, el acceso de la población a la información y el conocimiento.
Deberá precisarse qué tipo de asesoramiento o capacitación podrán recibir los usuarios de dichos cibercentros en el Distrito Federal en los 30 minutos que tendrán para usar la red sin costo, para irse convirtiendo, gradualmente, en mejores usuarios de la información y el conocimiento, lo que implica desde luego, el ejercicio permanente de capacidades como la de pensamiento crítico, lo que hemos caracterizado reiteradamente en este blog como uno de los rasgos distintivos de las personas alfabetizadas informacionalmente.
Se trata de que todos los individuos, o la inmensa mayoría, en las sociedades democráticas modernas, puedan ejercer su derecho humano fundamental a la información, en su propio beneficio y el de sus comunidades, a no ser excluidos digitalmente ni tecnológicamente, haciéndose capaces de determinar sus necesidades de información, de identificar y utilizar eficientemente los mejores recursos de información disponibles para resolverlas y de hacer el uso legal y ético más adecuado de toda la información obtenida, organizada y analizada.
Esta es una meta ambiciosa que seguramente no se alcanza a lo largo de una vida, pero por lo que se aprecia en sociedades como la japonesa y otras asiáticas y europeas, vale la pena la inversión social y el gasto público que se realizan con ese propósito.
Esta iniciativa capitalina de dar acceso público a la información en las redes globales de datos choca -por otro lado- con las declaraciones recientes de altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública que, de cara a la crisis económica, el descenso en la actividad productiva, el desempleo y la aparición de un «hueco financiero» hasta por 300 mil millones de pesos en el presupuesto federal, hablan de un inminente e ineludible recorte presupuestal aplicable a los gobiernos estatales, en general, y a las instituciones de educación superior, entre otros rubros del gasto social.
Por el camino de la reducción de la inversión en educación superior, investigación y desarrollo y de apoyos a la ciencia y la tecnología, los casi 55 millones de pobres que habitan en este país, según estudios recientes del Banco Mundial, se convertirán en 70 u 80 en los años siguientes (de 2006 a 2009 se incrementó el número de pobres en México en 10 millones, casi 3 millones más cada año).
¿México tendrá en los próximos años 80 millones de pobres, desempleados, desnutridos y excluidos, aunque haya recibido en los últimos años cientos de miles de millones de dólares, como producto de la venta de nuestra riqueza petrolera?
¿No puede evitarse -de algún modo- que esos recursos de la nación sigan su rumbo hacia el abismo sin fondo de la corrupción, el tráfico de influencias y los pingües negocios de un sector exclusivo de políticos y empresarios?
La micro, pequeña y mediana empresa en el país están padeciendo una buena parte de esta inviable e insostenible doctrina económica -desmantelamiento del Estado, canibalización de las empresas, la ley del más fuerte aplicada a los negocios, la economía nacional como casino, los monopolios o cuasi-monopolios de servicios financieros y de comunicaciones como piezas intocables, la destrucción del contrato laboral, la erosión de los movimientos de los trabajadores y campesinos, etcétera- pero, sin lugar a dudas, quienes están padeciendo la peor parte son los trabajadores, los empleados -ahora ex-trabajadores y desempleados- y sus familias: amas de casa, ancianos y niños.
Los actores críticos de este país deben tomar en cuenta que sí, es posible reducirle a los trabajadores los salarios, echarlos a la calle, desaparecerles sus pensiones, amedrentarlos sanitariamente y ponerlos, para usar una expresión coloquial «entre la espada y la pared», pero las personas en lo último que van a ceder es en su dignidad humana: cuando la situación se vuelva insoportable, las consecuencias para todos pueden llegar a ser -y de hecho ya lo son- muy duras.
Mientras más tiempo transcurra hasta que se decida mejorar realmente el nivel de vida, las oportunidades educativas y de empleo de los mexicanos, alentar el espíritu emprendedor y de trabajo colectivo, en suma, hacer valer los propósitos de la Independencia y la Revolución, que no son otros que los de mantener vigentes los derechos humanos plenos para todos en nuestro país, México seguirá hundiéndose en lo que los expertos denominan «la peor de las crisis en los últimos 30 años».