Luisa Paré, Eduardo Aranda y Francisco Vázquez
Edith Escalón Portilla
Integrantes de la Red de Custodios (RDC) del ANP Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa, señalaron que los ciudadanos deben asumir un compromiso firme ante el deterioro ambiental que afecta a las áreas boscosas, particularmente a aquéllas ubicadas en zonas urbanas.
El 31 de marzo, como parte de la Jornada Internacional sobre Colaboración Transdisciplinaria para la Sustentabilidad, organizada por la línea «Territorio, comunidad, aprendizaje y acción colectiva» del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE), los ponentes presentaron una reseña histórica de la lucha por el bosque, fuente de agua y regulador del clima.
En la mesa «El caso de la Red de Custodios (RDC) del ANP Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa», Francisco Vázquez, Eduardo Aranda y Luisa Paré mostraron la situación en la que se encuentran las áreas naturales de los cinco municipios que conforman la zona conurbada de la capital veracruzana.
«La protección no puede ser sólo de papel, si no hay apropiación de la gente, compromiso y constancia no habrá conservación», afirmó Francisco Vázquez, integrante del colectivo ciudadano que logró que el archipiélago –con más de cinco mil 500 hectáreas en total– fuera reconocido en enero de 2015 como «protegido» por un decreto estatal, bajo la categoría de Corredor Biológico Multifuncional.
Los siete fragmentos que lo componen, principalmente de bosque mesófilo de montaña, incluyen 13 «islas» de enorme biodiversidad: más de dos mil especies de plantas, así como animales de especies migratorias y residentes, 103 de ellas endémicas (originarias) del Área Natural Protegida, demarcada en cinco municipios: Xalapa (34 por ciento), Coatepec (28 por ciento), Tlalnehuayocan (25 por ciento), Emiliano Zapata (11 por ciento) y Banderilla (dos por ciento).
Como integrante de la red, Eduardo Aranda explicó que este decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado prohíbe en el archipiélago el cambio de uso del suelo, la lotificación y la instalación de industria en la zona demarcada, de modo que los notarios públicos no podrán autorizar dichos movimientos. «El objetivo es frenar la expansión urbana hacia esas zonas, y como custodios, hacer valer la ley».
Para Luisa Paré, académica de la UNAM e integrante de Sendas, AC., la próxima transición de gobierno (en Veracruz) es uno de los retos inmediatos que enfrentará la ciudadanía ambientalista, primero por los vaivenes que implica un cambio de este tipo en la voluntad política, tantas veces orientado por el principio de «borrón y cuenta nueva» sean del partido que sean, y además, por la interlocución con los nuevos funcionarios que llegan a los cargos públicos.
Su plan es trabajar de forma participativa el programa de manejo, gestionarlo y oficializarlo antes del cambio de gobierno y fortalecer la apropiación ciudadana de las áreas que protege, esto es, intensificar la acción colectiva, pues aunque parece una iniciativa gubernamental, el decreto de protección del «cinturón verde» es resultado de muchos años de lucha, presión y reivindicación de ciudadanos que «hacen política no partidista».
La acción ciudadana, explicaron, está ahora organizada por esta red, conformada por profesionistas de la sociedad civil, artistas, estudiantes, académicos y pobladores de la región interesados en la protección del ambiente, a través de una participación plural en el manejo cuidadoso del territorio, así como en hacer efectivo el decreto del Área Natural Protegida.