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Edith Escalón Portilla

Tuvieron que pasar 20 años de negociaciones internacionales sobre cambio climático para que Estados Unidos y China –los dos países que más contribuyen con emisiones contaminantes a generarlo– se sumaran a los acuerdos globales para enfrentarlo.

Después de años de investigaciones en todo el planeta, el consenso científico mundial no deja lugar a dudas: es el mayor problema de la humanidad y sí, es a causa de las actividades del hombre. De ahí el peso que tienen las negociaciones internacionales para llegar a acuerdos de acción global que permitan encararlo, contenerlo o, en algunos casos, prepararse para sus efectos catastróficos.

En Veracruz, una entidad con más de 700 kilómetros de litoral, el incremento de temperatura que trae consigo el aumento del nivel del mar, entre muchos otros efectos, hace fundamental la investigación, acciones y opiniones de especialistas de la Universidad Veracruzana (UV) y otras instituciones, que han advertido desde hace décadas los riesgos que representa este fenómeno a escala regional.

Los acuerdos internacionales, particularmente el firmado en París a finales de 2015, son el foco de análisis de este grupo de expertos, integrantes del Programa de Estudios sobre Cambio Climático en la UV. Ellos han analizado los alcances y limitaciones de la última reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, cuyo órgano supremo o Conferencia de las Partes (COP) calificó de «un éxito histórico» pese a las críticas que recibió de académicos, periodistas y movimientos sociales.

Cuarenta años de focos rojos
La preocupación por las alteraciones climáticas inició en el plano internacional desde hace casi cuatro décadas, luego de los primeros encuentros mundiales que intentaban analizar la política internacional sobre el medio ambiente. Un recuento sobre la evolución de las COP, realizado por el investigador del Centro de Ciencias de la Tierra de la UV, Irving Méndez, muestra cómo la comunidad internacional pasó de considerar al clima como una posible amenaza para el planeta que podría afectar al hombre, a la certeza de que es el hombre y sus actividades el principal responsable de esa amenaza.

Aunque desde 1992 se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, acuerdo que entró en vigor dos años después, desde la primera conferencia de la COP en 1995 en Berlín, se estableció que de los países miembros, los industrializados y con mayores recursos no cumplían con su parte. De ahí nació la idea de crear un protocolo o instrumento jurídico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático.

Los siguientes encuentros no sólo funcionaron para reunir y presentar información científica sobre el fenómeno global, sino para intentar una y otra vez establecer ese acuerdo que obligara a los países industrializados a actuar en consecuencia. El Protocolo de Kioto fue uno de los intentos más claros, en 1997, para intentar comprometerlos.

«Debido a un complejo proceso de ratificación del Protocolo, entró en vigor hasta 2005, pero la excesiva burocracia, la falta de voluntad política y sobre todo el interés económico, ha hecho que sean pocos los acuerdos relevantes», explicó el investigador.

El Acuerdo de París
Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la COP número 21. El 12 de diciembre, un día después de que concluyó oficialmente, los 195 países reunidos firmaron un acuerdo que en 40 cuartillas integra consideraciones técnicas y políticas donde reconocen en el cambio climático la amenaza «apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas… y que por lo tanto exige la más alta cooperación de los países» para dar al problema una respuesta internacional, efectiva y apropiada.

El objetivo del acuerdo es evitar que la temperatura planetaria no se incremente hacia el año 2100 más de dos grados centígrados con respecto a los niveles pre-industriales, por lo que los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1.5 grados y evitar así impactos catastróficos.

Aunque el texto reconoce la «necesidad de hacer frente al cambio climático con urgencia», no entrará en vigor sino hasta 2020; además, mantiene la lógica de establecer «obligaciones» mediante términos como «las Partes…deberían respetar, promover y tomar en cuenta sus respectivas obligaciones», es decir, mantiene la retórica de los acuerdos anteriores que comprometían –y no obligaban– a los países miembros a cumplir con ellos.

En la terminología usada en la última versión del acuerdo se sustituyó shall (deben) por should (deberían), poniendo la obligatoriedad de los compromisos asumidos por las partes, en opinión de Tania García López, investigadora de la UV.

El texto dice, además, que los países revisarán sus metas en la reducción de emisiones contaminantes cada cinco años, para asegurar que se alcance el objetivo de mantener la temperatura «muy por debajo» de dos grados arriba de la media mundial. Señala además que los países se comprometen a que en la segunda mitad del siglo no se emitan más GEI de los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales (bosques y océanos, por ejemplo) o por técnicas de captura y almacenamiento geológico.

Establece que 187 países de los 195 participantes, además, han entregado compromisos nacionales voluntarios en la lucha contra el cambio climático, que se revisarán cada cinco años y nuevamente señala que los países que no lo han hecho deberán presentarlos para poder formar parte del acuerdo, entre otros puntos.

Grandes expectativas
Quizá la principal característica de la COP en París fue la enorme expectativa que generó para lograr al fin un acuerdo jurídicamente vinculante, es decir, un acuerdo que no sólo alentara o comprometiera a los países a reducir sus emisiones de GEI, sino que los obligara mediante mecanismos legales a cumplir con ellos.

A la conferencia asistieron delegaciones de 195 países, y la presencia y el optimismo expresado por líderes nacionales que, siendo grandes emisores de GEI, no eran parte del Protocolo de Kioto –especialmente China y EU– auguraban el éxito del acuerdo. Y así lo reportaron tanto la COP como buena parte de los medios de comunicación, redes sociales, analistas políticos.

Para García López, el tratado es «un gran avance y un primer paso en la universalización del derecho y la política internacional del cambio climático», pero es necesario tener precaución sobre el optimismo desbordado de París, sobre todo en lo que toca a la participación de China, principal emisor mundial de CO2, pues entre otras razones, ha estado «maquillando» sus reportes de emisiones.

Otra advertencia: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) divide las medidas para enfrentar el cambio climático en mitigación de emisiones –reforestación para capturar bióxido de carbono, fuentes alternativas de energía, mejorar la eficiencia energética– y de adaptación, es decir, todas aquéllas para prevenir los embates de las alteraciones climáticas. En las negociaciones internacionales, se empeñan en depositar todas las esperanzas en la reducción de emisiones, reduciendo el tema de la adaptación a un mero complemento.

Gloria Cuevas Guillaumín, asesora en políticas de adaptación al cambio climático de la Semarnat, pone en duda esta postura al criticar que la esperanza esté en que los países amplíen su ambición en la reducción de emisiones, aun cuando la propia COP reconoce que los compromisos de cada país no van a lograr bajarlas lo suficiente para evitar que la temperatura a nivel global aumente dos grados centígrados, mucho menos el 1.5 que se supone acordaron en París.

Igual que la COP, el gobierno mexicano se ha inclinado por la mitigación y dejado en segundo término la adaptación, aun cuando el Programa Especial de Cambio Climático en nuestro país establece que un tipo de medida no debe ir en demérito de las otras, sobre todo en un país donde el 13 por ciento de los municipios son vulnerables.

«El país debería de ser más protagónico en las negociaciones internacionales para que los fondos de adaptación fluyan», sostuvo Adalberto Tejeda Martínez, investigador especialista en climatología de la UV, quien ha analizado la ley de transición energética en el marco de los Acuerdos de París. La crítica es lógica: la adaptación debería estar, cuando menos, al mismo nivel de la mitigación.

Vinculante pero voluntario: las contradicciones
Si bien el acuerdo reconoce el desafío mundial que representa el cambio climático, la responsabilidad
de establecer las condiciones para enfrentarlo recae en cada país. Esto significa que es legalmente vinculante (obligatorio por ley), pero basado en compromisos que dependen de la voluntad y decisiones de cada Estado. Sin sanciones.

«Aunque la esperanza era lograr cuotas a tiempo fijo en la reducción de emisiones, con multas para los infractores… realmente no hay manera de imponer obligaciones a los países», reconoce Saúl Miranda Alonso, coordinador del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Protección Civil en Veracruz. Esto significa que aunque los acuerdos se describan como legalmente vinculantes, nada pasa si un país no cumple con los compromisos o se retira.

Para Edgar González Gaudiano, director del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV, el acuerdo es «débilmente vinculante», y más bien refleja el uso de un discurso político demagógico para simular avances y tranquilizar a la opinión pública. Reconoce, sin embargo, que es mejor de lo que se esperaba pero no es histórico ni universal como se ha calificado.

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