El investigador llamó a repensar la participación ciudadana
Susana Castillo Lagos
Veracruz experimenta un desastre institucional mayúsculo que requiere una limpieza estructural y la reconstrucción de sus instituciones de seguridad y de justicia, afirmó Alberto Olvera Rivera, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), al participar en los Foros de Consulta Ciudadana para el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018.
El investigador abrió las participaciones de la mesa “Estado de derecho y seguridad ciudadana”, específicamente las del tema “Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana”, la cual fue moderada por Víctor Andrade, acompañado de Efraín Quiñonez, Alfredo Zavaleta y Ernesto Treviño.
Olvera Rivera dijo que la seguridad ciudadana es un elemento central que se debe conservar a toda costa en la reconstrucción institucional de Veracruz, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Para resolver los temas de seguridad y del estado de derecho, subrayó que “es preciso resistir la tentación a la represión policiaca y a pensar que el tema de la seguridad se resolverá incrementando la capacidad de fuego y de acción de las fuerzas policiacas”.
Además, consideró indispensable garantizar la participación ciudadana en todas las esferas y espacios, así como darles autenticidad y representatividad a las instancias conformadas por la sociedad: “Particularmente, los consejos ciudadanos de seguridad –que existen incluso acompañados de observatorios de seguridad pública– necesitan ser reconstruidos desde el principio, no se puede retomar lo que ya existe porque no funciona”.
Otro de sus planteamientos, que calificó de radical, fue la creación de una figura internacional para acompañar el proceso de reconstrucción institucional que requiere Veracruz. Como ejemplo exitoso en la materia, citó el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la cual participaron instancias como las organizaciones de Naciones Unidades (ONU), Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El desastre es de tal magnitud que hay que reconstruir desde los cimientos la Fiscalía General, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos imaginar que con reformas parciales, con parches diversos, podamos hacer funcionar lo que tiene un daño estructural casi de origen”, añadió.
En ese sentido, Alberto Olvera llamó al gobernador electo y al congreso entrante a considerar la posibilidad de solicitar apoyo nacional e internacional para crear tal comisión: “Se necesita que trascienda lo estrictamente local porque lo que hay que hacer es mucho y tiene que empezar a hacerse bien desde el inicio”, indicó.
Por su parte, el investigador Ernesto Treviño habló de la transparencia y participación ciudadana en la construcción de derecho, y la jurista Rebeca Contreras, cuya propuesta fue leída por Quiñonez, abordó la prevención de la violencia y el delito.
Antes de concluir la sesión, Alfredo Zavaleta precisó la diferencia entre un sistema de seguridad pública, cuyo objetivo es la preservación de un orden público desigual, interesado en el control e incluso aniquilamiento de los enemigos, y un sistema de seguridad ciudadana, que consiste enuna convivencia pacífica mediante un estado de derecho “que no tenemos y que necesitamos construir a partir del apego estricto a las normas jurídicas, tanto de la clase política como de los ciudadanos”.