Año 16 No. 681 Junio 12 de 2017 • Publicación Semanal

Xalapa • Veracruz • México

Ley General de Biodiversidad debe tomar en cuenta a la sociedad

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Es un atentado para las poblaciones indígenas: Fermina Pérez Atzin

Es un atentado para las poblaciones indígenas: Fermina Pérez Atzin

 

Claudia Peralta Vázquez

La Universidad Veracruzana realizó el 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la mesa redonda “Desde Veracruz: análisis de la Ley General de Biodiversidad”, en la cual especialistas y representantes de comunidades indígenas destacaron que dicha legislación debe incorporar el sentir real de la sociedad y tomar en cuenta las opiniones de la comunidad académica.

Este evento, organizado por los Cuerpos Académicos (CA) Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental; Conservación Biológica, y Ecología Aplicada al Manejo de Ecosistemas Forestales, se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de Xalapa y fue inaugurado por Carmen Blázquez Domínguez, titular de la Dirección General de Investigaciones.

Congregó a expertos del Instituto de Investigaciones en Educación; Teyeliz, A.C.; Montañas Tahlpan, A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y el Instituto de Ecología, A.C., quienes disertaron sobre la Ley General de Biodiversidad, cuya intención es incorporar el Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana, integrar las disposiciones de biodiversidad en un sólo ordenamiento y aumentar el grado de protección de la biodiversidad en México.

El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, fue adoptado el 29 de octubre de 2010, durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Japón.

Este tratado internacional apoya la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y entre sus objetivos destaca que los posibles usuarios de recursos genéticos deben obtener el consentimiento previo y fundamentado del país en que éstos se encuentran antes de acceder a los mismos.

Lo anterior sin tomar en cuenta la opinión particular de la comunidad en la que se ubiquen dichos recursos.

Al respecto, Fermina Pérez Atzin, habitante de la comunidad El Remolino, municipio de Papantla, y defensora de la Reserva Ecológica Tahlpan, expresó que la Ley General de Biodiversidad es un atentado para las poblaciones indígenas, “ante ello se exige respeto pues nosotros hacemos que prevalezca la humanidad”.

La activista dio a conocer que la Reserva Ecológica que protege desde 2003, junto con integrantes de su comunidad, consta de 24 hectáreas y media, se ubica en una selva perennifolia y es considerada patrimonio cultural, histórico y un museo viviente, toda vez que existen árboles milenarios que sirvieron como escondite de los revolucionarios.

Destacó que convocada por el Gobierno Federal, participó en la reunión para discutir la creación de la Ley General de Biodiversidad, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo proyecto de decreto fue presentado a finales de 2016 ante la Cámara de Senadores, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13).

Lamentó que únicamente se haya extendido la invitación a 400 personas procedentes de diversas regiones indígenas del país para opinar al respecto, y que ahora pretendan inculcarles cómo tratar los montes, árboles y a los animales, cuando las comunidades indígenas, rurales y campesinas, “toda la vida hemos caminado y cuidado la naturaleza”.

Jamás los científicos, los gobernantes o las empresas farmacéuticas se podrán imaginar la riqueza que hay en una selva, en un monte, para que ellos ahora digan que los pueblos indígenas tenemos que aprender todos los convenios y tratados, recalcó.

“Yo sólo soy una campesina que custodia una selva, en la cual se ha ido nuestra vida, nuestros sueños como mujeres, como personas”, relató.

Para Fermina Pérez la pobreza es un concepto inventado pues ésta como tal no existe: “Nosotros en las comunidades no necesitamos medicinas ni ir al doctor, porque en los montes y en las hierbas todo lo tenemos, sólo que el sistema nos ha vendido la idea de que las comunidades indígenas somos pobres, cuando somos las personas más ricas del mundo”.

Comentó que les dieron a conocer que la ley incluye bonos y compensaciones para habitantes de los pueblos originarios ¿y los podrán pagar? “¡Jamás!”, dijo.

En virtud de lo anterior, expresó: “Tienen que respetarnos porque los indígenas hacemos que prevalezca la humanidad, en nuestras reservas está la vida, si desaparecen se acaba la humanidad, de ella emanan los alimentos, los abejorros, las abejas”.

Al intervenir en este foro, Helio García Campos, director del Centro de Eco-Alfabetización y Diálogo de Saberes (EcoDiálogo), refirió que esta ley deja ver la falta de interés y capacidad para poder integrar mucho de lo que existe actualmente en materia de educación para el desarrollo sustentable.

Mencionó que se observan fuertes limitaciones al respecto,  cuando debería tener mayor importancia y un esfuerzo de integralidad en los aspectos de investigación, formación y capacitación.

Odilón Sánchez Sánchez, integrante del CA Conservación Biológica, manifestó que éste es un tema importante a nivel nacional e internacional dada la megadiversidad biológica y cultural de México.

Expuso que a través de su resistencia, las etnias indígenas han podido sobrevivir hasta nuestros días. “Ellos son los usuarios de la biodiversidad, del conocimiento, del uso y manejo de estos recursos”.

Por lo anterior, demandó: “No dejemos que estas iniciativas surjan de acuerdos de tipo político, la sociedad debe incursionar en el papel que le corresponde, la opinión social y académica es importante”.

En tanto, Juan Martínez Gómez, del Instituto de Ecología, A.C.,  y egresado de la Facultad de Biología, señaló que estas propuestas enseñan que las leyes se pueden cambiar y ser inoperantes.

Dijo que la Ley General de Biodiversidad incluye sólo una pequeña fracción de lo que es la biodiversidad, por lo que todos debemos tener la oportunidad de participar en su elaboración.

Criticó que únicamente se haya convocado a un número reducido de personas para hablar de la creación de esta ley, cuando 15 mil investigadores podrían dar su opinión sobre esta estrategia que afectará a comunidades urbanas e indígenas.

Como parte del panel, María Elena Sánchez, presidenta de Teyeliz, A.C., hizo una fuerte crítica a esta iniciativa y exhortó a crear sinergias en contra de esta situación, pues no se vale, dijo, que por coyunturas y compromisos mexicanos con convenios internacionales, se dañe la biodiversidad de nuestro país.

Consideró alarmante que la ley no incluya a la flora, con lo cual quedaría desprotegido el 97 por ciento de las especies de flora que viven en México, toda vez que sólo será regulado el tres por ciento.

Entre otros puntos, mencionó que detrás de esta ley existe la posibilidad de compartir los beneficios de los productos genéticos derivado de una presión internacional, con el fin de que la industria farmacéutica pueda patentar todos los conocimientos.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que esta reforma nos empodera para exigir mecanismos de participación y de consulta, y hacer exigible los derechos.

Aseveró que la Ley General de Biodiversidad es muy ambiciosa, ya que la biodiversidad no sólo es vida silvestre, abarca además flora, fauna, ecosistemas. En este plano existen varias leyes como la Forestal, de Vida Silvestre, Semillas, Sanidad Animal, Vegetal, Desarrollo Rural, que seguramente no fueron estudiadas al momento de elaborar la de Biodiversidad.

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