Luis Eliud Tapia, Martín Aguilar y Josefa Montalvo
Claudia Peralta Vázquez
En México, de acuerdo con cifras oficiales, existen 27 mil denuncias de igual número de personas, víctimas de desaparición forzada, de los cuales 675 ocurrieron en el estado de Veracruz entre 2007 y 2015; así lo dio a conocer Luis Eliud Tapia Olivares, abogado del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
Indicó que por arriba de la entidad veracruzana, los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León registran un mayor índice de casos de este fenómeno que lacera la integridad física y emocional de las víctimas y familiares.
“En este momento, en el país nos encontramos ante una fuerte crisis en materia de derechos humanos caracterizada por la impunidad”, expresó.
En su visita a su alma máter, a invitación del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, Tapia Olivares ofreció una conferencia en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas y reiteró que en el país existe un 98 por ciento de impunidad absoluta, lo cual se traduce en que cualquier delito denunciable nunca será esclarecido.
Dicho diagnóstico, dijo, se ha dado a partir del escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos que han realizado visitas al territorio mexicano y constatado prácticas como tortura y ejecuciones arbitrarias.
Mencionó que uno de los primeros funcionarios en emitir este diagnóstico fue Juan Méndez, relator contra la tortura de las Naciones Unidas, quien visitó México en 2014 para reunirse con algunas víctimas.
Su conclusión fue que existe una práctica endémica del uso de la tortura como método para investigar, principalmente en los primeros momentos después de una detención y antes de que una persona sea puesta a disposición de la autoridad competente.
Indicó que las desapariciones forzadas anteriormente se registraban en el norte del país, y hoy en día Veracruz ya ocupa los primeros lugares. En este sentido, se refirió al caso específico de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, donde prevaleció una incapacidad de respuesta.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) tiene la averiguación abierta; sin embargo, las labores de búsqueda las hizo la Policía Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso.
Todavía hay pendientes importantes, se dieron a conocer detenciones de policías, de miembros presuntamente de la delincuencia organizada, pero hay que revisar responsabilidades por cadena de mando, opinó.
Luis Eliud Tapia aseguró que el caso Tierra Blanca no está resuelto, “decir que se encontró uno de los restos de los desaparecidos no es una respuesta conclusiva”.
Por tanto, advirtió que este fenómeno no se detendrá mientras exista la impunidad y no se reconozca la magnitud del problema en el estado.
En el evento estuvieron Martín Aguilar Sánchez, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y Josefa Montalvo Romero, coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad.