• Así lo planteó Miguel Alejandro López Olvera, investigador de la UNAM
• Participó en el 2º Foro “Los retos de las universidades públicas en materia de responsabilidades administrativas”
• Se realiza los días 13 y 14 de abril, a iniciativa de la Contraloría General y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV

La UV realizó el 2º Foro “Los retos de las universidades públicas en materia de responsabilidades administrativas”

Claudia Peralta Vázquez

Fotos: Omar Portilla Palacios

13/04/2023, Xalapa, Ver.- Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomendó a las universidades públicas contar con una defensoría para la atención de procedimientos administrativos o disciplinarios derivados en contra de funcionarios y servidores públicos, ya sea por falta grave o no grave.

La declaración del especialista en derecho administrativo se dio en la inauguración del 2º Foro “Los retos de las universidades públicas en materia de responsabilidades administrativas”, resultado de una colaboración entre la Contraloría General y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV).

El evento virtual fue encabezado por los titulares de ambos organismos: José Guadalupe Romero Pérez y Arturo Miguel Chípuli Castillo, respectivamente.

En el marco de la ponencia “Derechos humanos, autonomía universitaria y derecho disciplinario”, moderada por Manuel Alejandro Falcón Rodríguez, director de Responsabilidades de la Contraloría General de la UV, López Olvera recordó que las universidades públicas tienen la autonomía e iniciativa para poder autogobernarse.

Sin embargo, esto no significa que de manera caprichosa y arbitraria puedan establecer sus órganos, procedimientos y regulaciones, sino que deben ceñirse al marco constitucional y al respeto de los derechos humanos.

En las universidades públicas se han conformado órganos con facultades materialmente legislativas, como son los consejos generales que aprueban y rigen la vida interna de esas instituciones.

José Guadalupe Romero Pérez, Arturo Miguel Chípuli Castillo y Manuel Alejandro Falcón Rodríguez durante la inauguración

En algunas otras entidades públicas, dijo, paralelamente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se han establecido otros reglamentos y acuerdos.

El investigador Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), resaltó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han emitido recomendaciones sobre defensorías públicas, en el sentido de que deben ser órganos constitucionales con autonomía plena de gestión, presupuestaria y técnica para formar a sus propios cuadros de defensores.

“En el Estado mexicano debería existir una defensoría pública como un órgano constitucional autónomo a la cual pudieran acudir los funcionarios de las universidades públicas, para que en caso de que no cuenten con un abogado perito en la materia, les ofreciera este servicio.”

Sin embargo, esto podría ser subsanado con la creación de una defensoría pública en materia de responsabilidades administrativas al interior de las universidades públicas.

“Sabemos que hay algunos órganos de defensa de los derechos universitarios, pero las directivas de los organismos internacionales señalan que debe ser un órgano con autonomía donde se concentren los defensores públicos en esta materia.”

Afirmó que existen serias deficiencias con respecto al derecho a la defensa, lo cual se ha fortalecido desde los estándares del derecho penal, y desde los casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Miguel Alejandro López Olvera dictó la ponencia “Derechos humanos, autonomía universitaria y derecho disciplinario”

“La violación de derecho a la defensa anula todo el procedimiento, por eso es importante tomar consideraciones, modificar la reglamentación y asegurar en todas las etapas medios y recursos de defensa, el derecho a contar con un abogado que sea perito en la materia.”

En su ponencia, donde advirtió algunas áreas de oportunidad que tienen las regulaciones dentro de las universidades públicas, especialmente en la garantía de los derechos humanos en los procedimientos disciplinarios, Miguel Alejandro López destacó que es importante concretar estos cambios para garantizar los derechos establecidos en la Constitución, siempre salvaguardando la autonomía universitaria, el autogobierno e independencia.

Al inaugurar el foro, en el marco del 50 Aniversario del IIJ, Chípuli Castillo consideró trascendental generar acciones colaborativas con los propios entes de la UV, en este caso con la Contraloría General.

Aseguró que el IIJ-UV ha asumido una responsabilidad con los temas de rendición de cuentas y valores democráticos, importantes en el marco del estado de derecho, que se deben promover y trabajar para que el público y autoridades universitarias se acerquen a ellos.

Sobre todo en el ámbito de responsabilidades administrativas, pues a partir de la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción ha generado controversia la aplicación de estos procedimientos en el espacio universitario.