La formación de ciudadanía es una tarea ineludible de toda acción educativa. Numerosos planteamientos actualmente se orientan hacia la necesidad de desarrollar capacidades en los estudiantes de todos los niveles educativos para informarse de sus derechos y obligaciones, así como para interpretar la realidad y actuar en la sociedad, a efecto de contribuir al ejercicio de la vida democrática e intervenir en las decisiones de aquellos asuntos que afectan la calidad de vida de las personas y de su desarrollo. Esto es más apremiante aún en temas emergentes e intangibles que no forman parte sustantiva y efectiva de las agendas políticas habituales, como es el caso de los asuntos relacionados con la sustentabilidad del modelo de vida contemporáneo.
De este modo, la concepción prevalente de ciudadanía padece de un déficit democrático que obstruye el poder encarar asuntos de interés común, entre ellos los ambientales, desde la perspectiva del ejercicio pleno de los derechos fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas, el sentido de pertenencia con responsabilidad a una comunidad y la participación activa y comprometida en las decisiones políticas de los diversos asuntos de la esfera pública. En consecuencia, en los procesos educativos la formación de ciudadanía no está siendo apropiadamente atendida y es a menudo postergada o anulada por el comportamiento de los agentes políticos, pese a la magnitud y complejidad de muchos problemas que estamos viviendo y la progresiva erosión del tejido social.
En tal virtud, el tema de la propuesta es de la más alta prioridad política, social y científica en México y más aún en un estado como Veracruz con una gran biodiversidad, que posee la tercera parte de los recursos hídricos superficiales del país y que es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático global.
