Aunque en México existe una Ley de Acceso a la Información, ésta puede fortalecerse en lo que refiere a los temas ambientales con la ratificación nacional del Acuerdo de Escazú, aseguró la directora de Comunicación y Educación Ambiental, Gloria Olimpia Castillo Blanco, en la videoconferencia “El acuerdo de Escazú y los derechos ambientales”, organizada por la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad y la Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo de la Universidad Veracruzana.
Castillo Blanco forma parte de la Iniciativa de Acceso México, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que desde 2001 ha trabajado en la promoción del Principio 10 de la Declaración de Río en México, América Latina y el Caribe. La Iniciativa se conformó originalmente por Cultura Ecológica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, aunque a medida que se fue avanzando en la promoción de dicho Principio, se incorporaron varias organizaciones de América Latina y del Caribe. El resultado de esta promoción fue la adopción de Acuerdo de Escazú, tomada en 2018 y firmada por nuestro país en 2019, dejando pendiente su ratificación este 2020.
El Acuerdo se remonta a 1992, en Río de Janeiro, cuando se realizó la Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra, de la cual emanó la Declaración de Río. Esta declaración integra 27 principios que definen los derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda del bienestar de la humanidad. El Principio 10 busca atender los problemas ambientales a partir de la participación ciudadana, facilitando el acceso a la información.
Hacia 2001 se registraban importantes avances en las leyes nacionales hacia tal propósito, pero en la práctica se encontraron importantes deficiencias. Ante este panorama se implementó la estrategia Río+20, mediante la cual diez países (Chile, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Uruguay, Panamá y Perú) firmaron la “Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
Con tales antecedentes, explicó Castillo Blanco, el 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, se firmó el a Acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Castillo Blanco resaltó algunos artículos fundamentales del Acuerdo referido:
- El artículo 6 busca que todas las personas puedan acceder a la información de manera sencilla, pues los sitios digitales de gobierno aún no están pensados para ello.
- El artículo 7 busca impulsar la participación de las personas en temas donde se deben tomar decisiones.
- El artículo 9 pretende proteger a los defensores ambientales y garantizar su seguridad, con el objetivo de evitar que sean criminalizado e incluso asesinados por defender sus territorios.
- El artículo 10 busca fortalecer las capacidades de funcionarios y poner sobre la mesa la necesidad de temas ambientales en todos los niveles educativos, con una perspectiva donde se incentive la participación ciudadana.
El acuerdo fue firmado por 22 países y tuvo más de 3 000 registros en el mecanismo público. De los 22 países signantes sólo nueve han ratificado su adhesión; se requieren otras dos ratificaciones para que pueda iniciar la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la contingencia no permite avanzar en este proceso y las esperanzas se concentran en Argentina, Costa Rica y Perú.
México es uno de países firmantes que tiene pendiente la ratificación del acuerdo. Castillo Blanco explicó que hasta el momento sólo falta el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ya dijo no tener objeciones sobre el mismo. Falta la respuesta formal de esta Secretaría para, una vez teniendo su aprobación oficial, ésta pueda enviarse al Senado de la República y, con ello, México ratifique el Acuerdo de Escazú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Acuerdo de Escazú es considerado un instrumento regional trascendente para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual ofrece firmes principios y elementos jurídicos para fortalecer la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano.
El documento se puede encontrar en la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
Castillo Blanco invitó a estar pendientes del proceso de ratificación del Acuerdo, ya sea en los sitios de internet de la ONU, la CEPAL, o en la página de Facebook Principio 10
