• Cristina Victoria Kleinert advirtió que la falta de intérpretes especializados impide el ejercicio pleno de los derechos reconocidos por la Constitución 

• La pérdida de las lenguas originarias no es un proceso natural, sino resultado de políticas lingüísticas excluyentes 

Cristina Victoria Kleinert habló sobre cómo la traducción y la interpretación ayudan a garantizar sus derechos a los pueblos indígenas

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios 

14/10/2025, Xalapa, Ver.- “Los servicios de traducción e interpretación son mucho más que una simple conversión de palabras de un idioma a otro; son mediaciones culturales y epistémicas que permiten que individuos y pueblos interactúen con sistemas hegemónicos de justicia, salud y educación”, afirmó Cristina Victoria Kleinert, docente e investigadora de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (UV). 

Lo anterior, al impartir la conferencia magistral “El papel de la interpretación y traducción para la accesibilidad de derechos para pueblos indígenas”, en el marco del IV Foro Internacional de Estudios de la Traducción e Interpretación 2025, organizado por el Instituto de Investigaciones en Educación de esta casa de estudios. 

La especialista en ciencias de la traducción y en investigación educativa destacó que la permanencia de las lenguas originarias es condición esencial para garantizar su interpretación y traducción, pues “si no hay continuidad lingüística, la traducción y la interpretación no tendrán ningún sentido”. 

En México existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, de las cuales entre un 30 y 40 % están en riesgo de desaparición: “Las lenguas no se mueren porque así sea su proceso natural, sino por causas que se pueden rastrear: políticas lingüísticas deficientes y responsabilidades históricas que las han marginado”, apuntó. 

La falta de intérpretes aumenta la violencia hacia las mujeres indígenas y la criminalización de sus comunidades

Kleinert subrayó que las lenguas indígenas son un patrimonio de la humanidad: “La riqueza lingüística y cultural es como la biodiversidad, no pertenece solo a quienes la hablan, sino al mundo entero, por eso su pérdida nos afecta a todos”. 

En su análisis sobre la reciente reforma constitucional que resalta a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, indicó que pese a tener un potencial enorme, se corre el riesgo de reconocer derechos que no se pueden ejercer por falta de condiciones reales, como la carencia de intérpretes y traductores con formación especializada en pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. 

Durante su exposición, la académica enfatizó que la ausencia de servicios de interpretación adecuados genera exclusión institucional y violencia estructural. 

“Cuando una persona indígena acude a un juicio o a un hospital sin poder expresarse en su lengua, se vulneran sus derechos fundamentales; no es lo mismo ir al médico y tener que explicar en una lengua que no es la tuya, si te sientes más cómodo expresándote en mixteco o maya, es tu derecho hacerlo así”. 

Reconoció el papel del Cepiadet porque impulsa la formación de intérpretes y la defensa de los derechos lingüísticos

Citó investigaciones que demuestran cómo la falta de intérpretes aumenta la violencia hacia las mujeres indígenas y la criminalización de sus comunidades. En el ámbito de la justicia, la falta de sensibilidad de los operadores provoca violaciones al debido proceso y condenas injustas. 

A esto se suma la precarización del trabajo de los intérpretes: “Mientras a los de lenguas extranjeras casi siempre se les paga, el 46 % de los intérpretes de lenguas indígenas no recibe remuneración por su trabajo”, lamentó. 

La académica reconoció el papel de organizaciones como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), que desde hace dos décadas impulsa la formación de intérpretes, la defensa de los derechos lingüísticos y la creación de redes de colaboración entre instituciones y comunidades. 

Finalmente, llamó a construir una interculturalidad crítica que reconozca las asimetrías sociales, económicas y de poder, y que transforme las estructuras que perpetúan la desigualdad. 

“La traducción y la interpretación no son un lujo ni un favor; son un derecho y una estrategia de justicia social que redistribuye el poder comunicativo y la representación de los saberes indígenas”, concluyó.