• William David López y Magali Montes, especialistas en derecho ambiental, dijeron que está vinculado con la dignidad, la equidad y la justicia social 

• Participaron en el Seminario Internacional de Derechos Humanos Emergentes, organizado por el IIJ 

Especialistas en derecho ambiental reflexionaron sobre el desarrollo sustentable y su vinculación con las comunidades rurales

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios 

08/07/2025, Xalapa, Ver.- El desarrollo sustentable debe concebirse como un derecho humano emergente y esencial, vinculado directamente con la dignidad, la equidad y la justicia social, especialmente en las comunidades rurales e indígenas, subrayaron los participantes en la mesa “Derecho al desarrollo sustentable en las zonas rurales, su reconocimiento y efectividad”. 

La actividad académica tuvo lugar en el marco del Seminario Internacional de Derechos Humanos Emergentes, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), que contó con la participación de William David López Marcelo, especialista en derecho ambiental y derechos humanos, y Magali Montes Ponciano, abogada con experiencia en temas de seguridad, género y justicia penal. 

William David López destacó que el deterioro del medioambiente debe ser atendido desde una perspectiva de derechos humanos

Daño ambiental, amenaza directa a los derechos humanos 

William David López destacó que el deterioro del medioambiente tiene un impacto directo en la vida de las personas y, por tanto, debe ser atendido desde una perspectiva de derechos humanos. 

“Ignorar la dimensión social del daño ambiental implica también ignorar sus consecuencias sobre la dignidad, la salud y la misma justicia”, afirmó López Marcelo. 

En 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho humano a un medioambiente sano, en respuesta a la creciente crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación global. 

Además, destacó la necesidad de aplicar la jerarquía de mitigación ambiental, que prioriza la prevención, mitigación y compensación del daño, siempre bajo criterios técnicos, éticos y jurídicos. 

También analizó las deficiencias del sistema actual, como la falta de normativas claras sobre la compensación ambiental y la insuficiente coordinación entre autoridades, lo cual impide que las acciones tengan un impacto real y sostenido. 

Propuso mirar modelos exitosos como los “bancos de hábitat” que impulsan en Colombia, los cuales canalizan recursos hacia proyectos de restauración ambiental comunitaria. 

Magali Montes abordó el derecho al desarrollo sustentable como un derecho humano emergente y colectivo

El desarrollo sustentable como derecho colectivo 

Magali Montes abordó el derecho al desarrollo sustentable como un derecho humano emergente y colectivo, especialmente relevante en contextos rurales. En su análisis, trazó un recorrido normativo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, hasta las leyes mexicanas que contemplan este derecho en sus artículos 2, 3, 4 y 25 constitucionales. 

Señaló que, si bien existe un marco legal amplio, su aplicación es limitada debido a obstáculos estructurales como la pobreza, marginación, falta de servicios, asimetrías productivas y baja participación comunitaria. 

“¿Cómo podemos hablar de participación efectiva si muchas personas en comunidades rurales no hablan español, no tienen acceso a servicios básicos ni a educación?”, cuestionó. 

Montes Ponciano hizo énfasis en que el desarrollo no puede medirse sólo en términos económicos, sino también en el respeto a la cultura, los saberes tradicionales, el acceso a derechos sociales y la preservación del entorno natural. 

“El desarrollo sustentable debe ir de la mano con la dignidad de las personas y el cuidado del planeta”, concluyó.