• Especialistas gubernamentales, académicos y de la sociedad civil se mostraron preocupados por la desarticulación entre instituciones, falta de diagnósticos y necesidad de reducir daños 

• Participaron en la mesa “Hacia una agenda común de acción para Veracruz”, en el XIV Foro de Investigación-Acción en Prevención del Consumo de Drogas 

Especialistas coincidieron en la relevancia de formar profesionales en materia de prevención y atención de adicciones

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Paola Cortés y Omar Portilla Palacios

12/11/2025, Xalapa, Ver.- En la Universidad Veracruzana (UV), especialistas de los ámbitos gubernamental, académico y de la sociedad civil coincidieron en la urgencia de fortalecer políticas públicas, homologar leyes y crear estrategias conjuntas en prevención, tratamiento y reducción de daños por consumo de drogas. 

Lo anterior, durante la mesa “Hacia una agenda común de acción para Veracruz”, en el marco del XIV Foro de Investigación-Acción en Prevención del Consumo de Drogas “Panorama actual del consumo de drogas de Veracruz: Retos y perspectivas”. 

En el panel participaron: Carlos José Sáenz Álvarez, responsable de la Comisión Estatal contra las Adicciones (Ceca); Norberto Hernández Llanes, asesor científico de la Campaña de Alcohol en El Poder del Consumidor, A. C.; Zara Snapp, directora del Instituto RIA, y Jorge Sánchez-Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu) de la de la Universidad Veracruzana (UV). 

La moderación corrió a cargo de Xóchitl De San Jorge Cárdenas, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios, quien dijo que el propósito del encuentro fue reflexionar sobre los retos actuales del consumo de drogas en la entidad y la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales. 

“No contamos con estudios recientes sobre salud mental y consumo de drogas en el estado ni en el país, y carecemos de un diagnóstico epidemiológico integral; sin embargo, sabemos que el problema ha crecido, que afecta la salud integral de los veracruzanos e involucra a las familias y al entorno social”, expresó.

Carlos José Sáenz Álvarez, responsable de la Comisión Estatal contra las Adicciones

Falta de conocimiento y coordinación interinstitucional
Carlos José Sáenz Álvarez compartió su experiencia de más de 18 años en el Centro Estatal Cúspide y subrayó las limitaciones con las que aún opera el sistema: “He encontrado desconocimiento de la ley, de las opciones para el manejo y tratamiento de adicciones, y de la propia Ceca, incluso hay secretarías que desconocen nuestras funciones, y lo ignoran incluso legisladores y senadores”, señaló. 

Mencionó que persiste el estigma y la falta de información entre la población: “La gente aún tiene miedo de pedir ayuda; sigue habiendo muchos tabúes. Nuestros servicios son gratuitos, pero muchos lo ignoran o no creen que sea así”. 

Aunque la Ceca promueve la regularización de centros de tratamiento conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, aún existen internamientos en contra de la voluntad de las personas y fuera de la ley. “Nos hace falta progresar, y estos foros deberían involucrar a quienes toman decisiones legislativas”. 

Sáenz Álvarez propuso regular y homologar las políticas públicas de la federación con las estatales: “Todos los estados trabajan de forma diferente, por lo que necesitamos actualizar leyes, adaptarlas a las necesidades actuales y fortalecer la prevención en comunidades y escuelas. La homologación de esfuerzos sería muy importante”. 

En su conclusión, recalcó: “No podemos incidir en la oferta, pero sí en la demanda; debemos adaptarnos a las edades, culturas y regiones para incidir en la prevención del consumo”.

Norberto Hernández, asesor científico de la Campaña de Alcohol en El Poder del Consumidor, A. C.

Urge incidencia política y una ley general sobre el alcohol
Norberto Hernández destacó que, aunque las instituciones han trabajado durante décadas, el esfuerzo sigue siendo desarticulado. A pesar de que se ha desarrollado investigación académica, esta no se traduce en la práctica clínica ni en modelos de intervención actualizados, se continúa tratando pacientes con modelos de hace 10 o 15 años, y eso “refleja la desconexión entre la academia y el campo del tratamiento”, afirmó. 

Añadió: “Hay muy pocas instituciones que desde la sociedad civil aboguen por la incidencia política. Si no hay una sociedad civil activa que impulse cambios legislativos, los temas no avanzan”, de ahí la necesidad de formar especialistas capaces de analizar e incidir en las políticas públicas e impulsen cambios estructurales. También propuso la creación de una Ley General para el Control de las Bebidas Alcohólicas, similar a la del tabaco. 

“A nivel estatal existen más de 800 leyes que regulan algún punto sobre bebidas alcohólicas, pero falta una ley general que establezca criterios de disponibilidad, venta y publicidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda medidas como regular horarios, restringir la promoción, realizar operativos de alcoholimetría y aumentar los precios; todo esto es viable y eficaz, porque el problema no es la persona, sino el entorno que fomenta el consumo”, explicó.

Incorporar reducción de riesgos y derechos humanos
Zara Snapp abordó el papel de la sociedad civil en la política de drogas: “Hay muy pocos fondos para trabajar el tema y pocas fundaciones se atreven a apoyarlo por ser controversial, aunque intersecta con derechos humanos, economía y temas sociales”, señaló. 

Explicó que el 80 % de los centros de tratamiento en México no están regulados, son anexos donde ha habido violaciones a derechos humanos, por lo que es importante fortalecer los servicios comunitarios de salud mental y adicciones con equipos multidisciplinarios.

Zara Snapp, directora del Instituto RIA

Por ello, propuso fortalecer la reducción de riesgos y daños: “Hay personas que consumen, pero no requieren tratamiento, a ellas debemos ofrecer prevención de usos problemáticos y espacios seguros, pero necesitamos voluntad política y articulación con los gobiernos”. 

Snapp señaló que en Veracruz no existen organizaciones que trabajen como el Instituto RIA, por lo que invitó a estudiantes y a la comunidad UV a involucrarse: “Podrían poner mesas informativas, compartir conocimiento y generar diálogo, porque el aprendizaje nunca termina; las conversaciones más importantes son las que tenemos en familia, en comunidad”.

Urge visibilizar la crisis del cristal
Jorge Sánchez Mejorada advirtió que los centros de tratamiento cada vez son ocupados en mayor proporción por usuarios de cristal, lo que muestra que el consumo de esta droga ilegal es un problema muy grave, con implicaciones psicoemocionales, psiquiátricas y familiares. 

Para enfrentar esta situación planteó una acción concertada desde la Comisión Estatal contra las Adicciones, las organizaciones civiles y la Secretaría de Educación para alertar a la sociedad sobre esta adicción que permea desde edades tempranas. 

“Aunque no tenemos datos actualizados a nivel poblacional, sí sabemos que el problema ha crecido muchísimo. Hay que plantearlo con realismo y sin sensacionalismo, pero con urgencia”, subrayó.

Jorge Sánchez-Mejorada Fernández, coordinador del Cendhiu

Sánchez-Mejorada propuso crear un sistema estatal de información y acceso abierto sobre investigaciones, tesis y programas de prevención: “La UV tiene una gran riqueza académica que debería estar disponible para todos los interesados”. 

También se refirió a los centros de tratamiento: “No abundan centros que podamos recomendar; es un problema de derechos humanos y eficacia. Han ocurrido muertes por malos tratos, así que debemos cerrar los lugares que operan al margen de la ley y ayudar a que adopten prácticas adecuadas”. 

En su conclusión, destacó la necesidad de formar profesionales de la salud capacitados en prevención y atención de adicciones: “A muchos médicos y enfermeros nunca se les dijo que la salud mental es parte integral de la salud, debemos posicionar estos temas en la formación universitaria”.