• Incrementar penas de prisión no es suficiente, porque no resuelven el trasfondo generador  

• Las políticas de pacificación se han centrado en el contexto rural, cuando las ciudades presentan el mayor índice de homicidios 

• Señaló Pablo Emilio Angarita Cañas, de la Universidad de Antioquia, al dictar ponencia en el Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales de la UV 

La mesa de exposición en el IIH-S, con Alfredo Zavaleta Betancourt y Pablo Emilio Angarita Cañas

Jorge Vázquez Pacheco

08/09/2025, Xalapa, Ver.- Colombia atraviesa por una situación de violencia que guarda semejanzas con México y las políticas de paz se han centrado en los conflictos rurales descuidando el contexto urbano donde ocurren más de la mitad de los homicidios, señaló Pablo Emilio Angarita Cañas, doctor en Derechos Humanos y académico en la Universidad de Antioquia, en Colombia. 

En conferencia magistral coordinada por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), el profesor ofreció el tema “Sobre los acuerdos de paz en Colombia”. 

José Alfredo Zavaleta Betancourt, académico del Doctorado en Ciencias Sociales del IIH-S, presentó al ponente e inició con una sentencia que apunta hacia la necesidad de cumplir y no solo acordar: “Es un rasgo distintivo de la cultura barroca latinoamericana, que nos hace acordar una cosa y hacer otra”. 

Angarita Cañas citó una frase del presidente colombiano Gustavo Petro: “Procedo de un país que no solo es bello, también es violento”. Indicó que abordar la violencia urbana en Colombia presenta varios desafíos “ya que involucra a diversos grupos criminales, algunos con vínculos tanto con la economía formal como con la informal, lo que crea zonas grises que dificultan los enfoques tradicionales”.

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Añadió que la magnitud del problema es inmensa, tan solo en Medellín existen 360 grupos armados que van desde pequeñas pandillas hasta grandes organizaciones con enorme financiamiento. 

El aumento de las penas de prisión no es suficiente, ya que no resuelve los factores económicos y sociales subyacentes que alimentan la violencia. Además, existe falta de legislación y regulación para implementar los acuerdos de paz con las estructuras criminales urbanas. El enfoque del gobierno, bajo la iniciativa “Paz total” del presidente Petro, se diferencia de los métodos tradicionales al iniciar “diálogos socio-legales” en lugar de basarse únicamente en la negociación. 

Pero este enfoque enfrenta una importante oposición política y dificultades para definir los términos del compromiso, como el uso de términos como “sumisión” frente a “aceptación”. El gobierno también busca abordar las causas económicas y sociales de la violencia como el desempleo y los bajos salarios, al reconocer que un enfoque puramente moralista es insuficiente.

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El enfoque de “Paz total” de Petro para abordar la violencia urbana en Colombia difiere de los enfoques tradicionales, pues se centra en diálogos sociojurídicos con estructuras criminales de alto impacto, incluso las que se ubican en prisión. De paso, aludió a la problemática similar en Veracruz, donde es un hecho que muchas extorsiones mediante llamadas telefónicas son operadas desde las cárceles. 

Entonces, ¿cómo controlar eso? “No hay claridad de cómo se abordarán los proyectos de paz urbana que, junto con el de paz rural, hagan posible la materialización de la paz total”, mencionó Pablo Emilio Angarita. “Si bien se han logrado avances en ciudades como Medellín, con disminución en homicidios de entre 15 y 20 %, la complejidad de las estructuras criminales urbanas, sus vínculos con la economía formal e informal y la necesidad de abordar las causas socioeconómicas de la violencia, plantean retos importantes”. 

Señaló que la participación de las víctimas es crucial, aunque falta una regulación para su inclusión en los acuerdos, antes de destacar la necesidad de una transformación social y cultural para resolver conflictos de manera no violenta, además de abordar problemas como el desempleo y los bajos salarios.

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