• María del Carmen Pérez Estrada, Carlos Manuel García Landero y Máximo Lozano Ordóñez cursan el Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
• Expusieron proyectos de estudio que abordan temas como la prueba ilícita, la responsabilidad patrimonial del Estado y la reparación del daño  

Los panelistas estuvieron acompañados por autoridades de la Facultad de Derecho

Carlos Hugo Hermida Rosales 

Fotos: Omar Portilla Palacios

16/04/2023, Xalapa, Ver.- Doctorantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV) presentaron en la sala audiovisual de la Facultad de Derecho proyectos de investigación que abordan los derechos humanos, en un conversatorio organizado por la segunda entidad y el Cuerpo Académico (CA) Ciencias Penales.  

María del Carmen Pérez Estrada expuso el tema “La prueba ilícita. Excepciones a la regla de exclusión probatoria y la proporcionalidad de los derechos humanos”. 

La prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas, ya que se practica con vulneración a los derechos y libertades fundamentales.  

El conversatorio fue presenciado por estudiantes de la Licenciatura en Derecho

La abogada mencionó que aunque expertos en el tema pugnan por su exclusión, también hay figuras jurídicas, principalmente de las nuevas generaciones, que afirman se debe dialogar sobre ella, y tomar ponderación para equiparar los derechos de la víctima con los de la persona imputada.  

Comentó que su estudio aún se encuentra en proceso y viajará a Colombia a fin de analizar el debate que en ese país sudamericano se realiza en torno a la prueba ilícita. 

Al presentar la investigación “Derechos humanos de las víctimas de delitos”, Carlos Manuel García Landero explicó que la reparación del daño es una pena impuesta a quien comete un delito, con la finalidad de resarcir los agravios a la víctima y los perjuicios derivados. 

María del Carmen Pérez Estrada

La Fiscalía General de la República dicta que ésta debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la afectación sufrida. 

Entre las formas de llevar a cabo la reparación del daño se encuentran la disculpa pública y una indemnización económica cuyo monto es fijado por un tribunal.  

El jurista compartió que en muchas ocasiones quien cometió el delito alega no tener recursos para pagar y sólo obtiene por castigo tiempo en prisión, por lo que es necesario legislar a fin de solucionar este problema.

Carlos Manuel García Landero

Finalmente, al hablar de su proyecto, Máximo Lozano Ordóñez explicó que la responsabilidad patrimonial del Estado, incorporada a la Constitución Política de México en junio de 2002, obliga a los gobernantes a responder y reparar daños derivados de su acción que afecten a sus gobernados en cualquier esfera. 

Esto incluye servicios públicos –como los centros de salud–, actividades administrativas y legislativas. 

“Su implementación no siempre permea adecuadamente, porque al afectar a la autoridad en ocasiones se frena el proceso, y ello dificulta acreditar que el Estado causó algún daño, ante lo que es necesario trabajar para remediar la situación”, manifestó.

Máximo Lozano Ordóñez