Jacinta, Alberta y Teresa
Por Maria José García Oramas
El día 24 de enero del año en curso, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se autoriza al gobierno del estado de Veracruz para llevar a cabo la refinanciación y/o reestructuración la deuda directa vigente por un monto de hasta 42 mil mdp. Para entender a qué se refieren los conceptos de reestructuración y/o refinanciación es preciso revisarlos. La reestructuración de la deuda se refiere a la modificación de los términos de un compromiso financiero, usualmente, el plazo y la tasa de interés y a veces también, el monto de capital; por su parte, el refinanciamiento hace alusión a la sustitución de la deuda existente por una nueva emisión de deuda. La diferencia entre ambos instrumentos financieros, remite al concepto de cambio de las condiciones del préstamo por un lado y por otro lado, a la sustitución de una deuda por otra.
Para formarse una idea de lo que implica el proceso de renegociación de la deuda es necesario mencionar que en 2016 la deuda pública total de Veracruz era de $ 95 639 mdp. Este monto de la deuda estatal se encontraba integrado por $ 50 698 mdp correspondientes a deuda de corto plazo (pasivo circulante) y por $ 44 941 mdp correspondientes a la de largo plazo. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, $ 41 529 mdp correspondían al gobierno estatal y el resto a los municipios. El 70% de la deuda del gobierno estatal correspondía a deuda bancaria y el 30% restante a deuda bursatilizada.
De acuerdo a la información del tercer trimestre de 2016 que proporciona el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la deuda de la entidad veracruzana representaba el 4.7% del PIB y el 48% de los ingresos estatales totales. Por su parte, esta deuda tenía un plazo promedio de 16.3 años y una tasa de interés promedio de 7.7%.
Una vez que se dispone de esta información sobre la deuda pública de la entidad veracruzana y de las condiciones de ésta, podemos referirnos a la polémica y a las dudas que genera el contenido de la iniciativa de reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública estatal. En los procesos de reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda por un lado se ubican los funcionarios que sostienen que estos procesos no representarían el incremento de la deuda y por otro lado, la oposición que sostiene que la reestructuración si implica incremento de la deuda. Las renegociaciones de la deuda estatal realizadas en el período de Javier Duarte ilustran esta última posición. Aunque no resulta imposible que la combinación de un período largo de vencimiento de la deuda y una fuerte disminución de la tasa de interés se traduzcan en la disminución del monto total de la deuda.
Para que los funcionarios del gobierno actual convenzan a los incrédulos sobre las ventajas de la renegociación de la deuda y sobre todo, de que este proceso se traducirá en un menor monto de deuda a pagar por las 21 obligaciones financieras que integran la deuda de largo plazo, se hace necesario un análisis comparativo entre el monto total a pagar por la vieja deuda y la nueva deuda demostrando con ello, lo que han sostenido reiteradamente. Esta es la oportunidad, no la desaprovechen.
Por su parte, la deuda de corto plazo ha estado ausente en los planes de renegociación de la deuda. Se ha reconocido que se tiene un adeudo de corto plazo que asciende a $ 50 698 mdp; de este total de pasivos corresponden $ 46 398 mdp a la deuda heredada por Javier Duarte y $ 4 300 mdp a la deuda que contrató el gobierno actual para enfrentar las contingencias financieras de diciembre del año pasado. Fuera de la liquidación parcial de la deuda de los Ayuntamientos y del Ople y de otras instituciones, no existe información sobre el reconocimiento y el calendario de pagos a los diversos acreedores. Éstos, se encuentran en la total incertidumbre acerca del rumbo que tomará el pago de la deuda.
Adicionalmente, se ha argumentado que estos procesos de reestructuración de la deuda tienen por objeto resolver las necesidades financieras inmediatas que enfrenta la administración en turno; también se ha planteado que se han dejado de lado las medidas complementarias para solucionar los problemas estructurales de las finanzas públicas. En efecto, la deuda pública estatal se ha reestructurado en 2011, 2015 y se pretende reestructurar en 2017; es decir, tres veces en siete años. Por su parte, han quedado pendientes las medidas de saneamiento de las finanzas públicas.
Por lo que se refiere al contenido de la iniciativa de reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública del gobierno estatal existe un vacío de información que dificulta la toma de decisiones acerca de su viabilidad. Entre algunos problemas, se pueden mencionar los siguientes:
En la iniciativa del proyecto de acuerdo, el gobierno estatal solicita la reestructuración de 42 000 mdp y solo hace referencia a 41 529 mdp; además, no se menciona el monto a que ascienden los costos y gastos iniciales (comisiones, asesorías, gastos notariales y fiduciarios, etc.).
El plazo que se propone extender la deuda estatal es de 50 años. El refinanciamiento a un plazo tan largo no resulta rentable para los bancos. En las negociaciones de las 21 obligaciones financieras es posible que se tengan plazos diferentes, porque las obligaciones financieras también fueron pactadas de manera diferente.
No existe información sobre la tasa de interés promedio que se obtendrá con la reestructuración y/o refinanciación de la deuda; tampoco, si el refinanciamiento se realizará con tasa se interés fija o flexible. A este respecto cabe mencionar que las perspectivas de aumento de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 7.5% en 2017 constituyen un verdadero obstáculo para el logro de una disminución sensible de la tasa de interés a pagar por los créditos a renegociar.
No existe referencia al total de ingresos que se disponen para el proceso referido; solo se mencionan los ingresos federales (participaciones y aportaciones) y los ingresos propios. Tampoco se mencionan los fondos federales que se afectarán o se dejarán como garantía.
El objetivo de la renegociación de la deuda consiste en la reestructuración y/o refinanciamiento de esta. En este proceso se liberarán recursos que ascienden a una cifra un poco superior a los 3 700 mdp. El cuestionamiento de algunos legisladores se refiere al uso que tendrán estos recursos.
Una de las condiciones de la toma de decisiones racionales es disponer de la información necesaria para analizar los distintos ángulos de la problemática en cuestión; ofrecer información insuficiente y solicitar el apoyo –por diversas vías- a las iniciativas que presentan es repetir aquello que se ha venido haciendo por décadas. Esta es la oportunidad que tiene el «Gobierno del Cambio» de hacer las cosas diferentes, es el momento que tiene el nuevo gobierno para poner en práctica lo que profesa en el discurso.