Derechos humanos de las mujeres en Veracruz
Por María José García Oramas
El día de ayer, viernes 15 de enero del 2016, han ocurrido dos acontecimientos que me parecen de enorme relevancia para los derechos humanos de las mujeres en el estado: la designación de Namiko Matzumoto como presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), y la presentación del Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la solicitud de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz, que ha difundido el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Namiko Matzumoto es mujer, abogada, universitaria y fundadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana (UV).
Anteriormente, fue comisionada estatal para la Protección de Periodistas. Aun cuando nadie ha cuestionado su conocimiento académico en el tema, lo cierto es ha sido fuertemente criticada por su gestión al frente de este organismo, puesto que en los 3 años en que estuvo a su cargo fueron asesinados 14 periodistas de Veracruz, se registraron más de 70 agresiones contra comunicadores, 20 de los cuales fueron golpeados y más de 10 se exiliaron.
En lo que respecta al Informe anteriormente citado, en estos mismos años la situación de las niñas y las mujeres en Veracruz se ha deteriorado tanto, que esto ha derivado en la solicitud de Alerta de Género para el estado.
En efecto, la violación sistemática a los derechos de las mujeres se manifiesta en diversos sentidos: en relación con la violencia que cotidianamente se ejerce contra ellas –incluyendo los casos extremos de defunción por presunto homicidio–, sin que hasta ahora, se haya clarificado cuántos de estos casos corresponden al tipo penal de feminicidio que es vigente en el estado; la desaparición de mujeres y niñas, y las contradicciones al respecto de casos reportados y encontrados en las cifras oficiales de la PGR; la maternidad entre niñas y adolescentes, siendo que ello representa un serio problema de salud pública tanto para el país como para Veracruz, al ser México el miembro de la OCDE con la mayor tasa de fecundidad adolescente, y ante la necesidad de enfocar las políticas públicas, programas y acciones institucionales para la prevención del embarazo adolescente desde un enfoque integral de derechos humanos y género, como lo indica el informe en coincidencia con el análisis que sobre el tema llevó a cabo recientemente el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir junto con la REDefine; la mortalidad materna que en el estado es 1.3 veces mayor al nivel nacional; la falta de indicadores por sexo en las estadísticas judiciales en materia penal y las deficiencias en los procesos que se realizan en el Ministerio Público contra las personas sujetas a proceso y sentencia por violación y violencia familiar.
La obligación del Estado es respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y cabe precisar que hoy en día no hace falta diferenciar en ello los derechos de las mujeres, puesto que se asume que sus derechos son, por definición, humanos.
Este tema implica directamente a la Dra. Matzumoto en su nueva función.
Esperamos que coadyuve, con las instancias pertinentes, en la atención a las conclusiones y propuestas que plantea este informe, en el ámbito de su competencia.