- La crisis de desaparición exige respuestas que combinen el rigor técnico, atención psicosocial, fortalecimiento institucional y participación de los colectivos

Abigail Pereyra, de la Especialización en Gestión de la Identificación Humana
Paola Cortés Pérez
Fotos: Omar Portilla Palacios
20/11/2025, Xalapa, Ver.- Durante la Mesa 3 “Atención psicosocial para víctimas y familiares” del Foro Estudiantil del Encuentro de Especializaciones 2025 de la Universidad Veracruzana (UV), las y los ponentes coincidieron en que la crisis de desapariciones de personas en México exige respuestas integrales que combinen rigor técnico, atención psicosocial, fortalecimiento institucional y una participación activa de los colectivos, quienes han sostenido la búsqueda ante la insuficiencia de las autoridades estatales y federales.
En el evento, realizado en Estridentópolis Teatro Universitario, participaron los estudiantes: Abigail Pereyra Hernández, Brisa Patricia Vásquez Domínguez, José Alejo Mendoza Vizuet y Pedro Gilberto Lobato Cruz, de las especializaciones en Gestión de la Identificación Humana; Antropología Física Forense; Odontología Forense con Fines de Identificación Humana; y en Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas de Desaparición de Personas, en ese orden.
En todas las presentaciones se destacó que la reparación de las familias, la identificación de personas, la documentación forense y las rutas de acceso a la justicia, no son posibles sin un enfoque humanitario, colaborativo y sensible al daño social.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Veracruz existen más de siete mil 94 en esta situación, lo que coloca al estado entre los de mayor incidencia a nivel nacional, que registra 133 mil 592.
Esta magnitud, de acuerdo con los universitarios participantes, ha generado una crisis forense, institucional, jurídica y psicosocial que impacta directamente en miles de familias, quienes enfrentan procesos fragmentados, rezagos, vulneraciones de derechos y profundas afectaciones emocionales.

Brisa Patricia Vásquez, cursa la Especialización en Antropología Física Forense
Reiteraron que es una problemática multidimensional que requiere respuestas técnicas, jurídicas, forenses y psicosociales, todas articuladas con los familiares y colectivos que sostienen la búsqueda.
En la ponencia “Impacto de la crisis forense en Veracruz sobre el acceso a la justicia de los familiares de personas desaparecidas”, Abigail Pereyra expuso que Veracruz enfrenta una grave problemática estructural, derivada del rezago en servicios forenses, la insuficiencia de recursos y los trámites excesivos, que dificultan la identificación y generan consecuencias jurídicas preocupantes y alarmantes.
El rezago no solo retrasa la justicia: produce afectaciones civiles y familiares, como adopciones irregulares, pérdidas de custodia de menores, imposibilidad de acceder a bienes o propiedades, y hasta retiros irregulares en cuentas bancarias de personas desaparecidas.
Ante esta situación, planteó la creación de un “Sistema de atención legal para la protección de personas desaparecidas ante el rezago forense”, el cual estaría orientado a atender las consecuencias civiles y familiares, proteger derechos patrimoniales y evitar abusos de terceros o instituciones financieras.
El objetivo, dijo, es implementar un programa de atención integral dirigido específicamente a las familias afectadas que analice sus derechos, prevenga despojos y mejore la confianza en las instituciones judiciales.
Pereyra Hernández propuso iniciar con un análisis formal que documente cuántas personas viven estas problemáticas en Veracruz, sustentado con pruebas y casos identificados junto a colectivos, para después formalizar el programa en instancias estatales.

José Alejo Mendoza, alumno de la Especialización en Odontología Forense con Fines de Identificación Humana
Con respecto a las implicaciones, mencionó que dicho sistema permitiría proteger los bienes y derechos civiles, reducir la vulnerabilidad jurídica de las familias, visibilizar problemáticas ignoradas por el marco actual, y abrir rutas de incidencia institucional desde las pruebas generadas por los colectivos.
Brisa Patricia Vásquez presentó avances de su tesina intitulada “Desarrollo de un manual de procedimientos y formato homologado para la certificación de integridad física en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz”, en la que expuso que en las áreas de detención preventiva no existe un protocolo estandarizado para realizar certificaciones médicas de integridad física, pese a que mensualmente se expiden aproximadamente mil certificados en las 22 áreas de detención que existen en el estado.
Además, cada médico redacta de manera distinta el formato y no hay un reglamento o guía de atención; esto genera riesgos de vulneraciones a derechos humanos, registros incompletos y dificultades para validar lesiones o estados de salud.
De tal manera que propuso el diseño de un “Manual de procedimientos para la certificación de integridad física y un formato homologado basado en normativa nacional e internacional”, incluidos los lineamientos del Protocolo de Estambul.
Con respecto a los alcances, dijo que garantizará evaluaciones médicas válidas y no arbitrarias; reducirá las denuncias por violaciones a derechos humanos; ofrecerá certeza jurídica a víctimas y detenidos; y establecerá un proceso replicable en todas las áreas de detención del estado.
En tanto, José Alejo Mendoza, con su proyecto “Atención institucional de personas desaparecidas: Un análisis desde la perspectiva de los colectivos de búsqueda”, comentó que la desconexión entre instituciones y colectivos sociales es parte central del problema.

Pedro Gilberto Lobato, de la Especialización en Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas de Desaparición de Personas
Ante este contexto, planteó un modelo de colaboración institucional-colectivos, con la finalidad de integrar protocolos híbridos; capacitación conjunta entre peritos y colectivos; mesas de trabajo mixtas; e inclusión de saberes comunitarios en procesos de identificación.
Con estas estrategias, el universitario estima que pueden reducir en al menos el 40 % las brechas actuales entre instituciones y familias; diagnosticar el funcionamiento institucional desde la voz de quienes buscan; evaluar el estado de la odontología forense aplicada a identificación; proponer rutas viables para mejorar la sensibilidad, eficacia y coordinación estatal; y reconocer a los colectivos como actores centrales en la identificación de personas desaparecidas.
Finalmente, Pedro Gilberto Lobato, al presentar su tesina “Tejer la reparación con dignidad: Guía de orientación para la construcción de planes de reparación integral en Veracruz, con enfoque psicosocial e interseccional”, explicó que la desaparición genera un daño psicosocial que afecta dimensiones individuales, familiares, comunitarias e institucionales, produciendo estigmatización, ruptura del tejido social y desconfianza en la autoridad.
Además, señaló que la reparación integral ha sido reducida por las instituciones a lo compensatorio, dejando de lado los componentes simbólicos y emocionales.
Por ello, propuso desarrollar una guía de orientación para que instituciones del estado implementen medidas de satisfacción, con enfoque psicosocial e interseccional, las cuales buscan restaurar la verdad, dignificar a las víctimas y reconstruir el tejido social, evitando actos vacíos y revictimizantes.
Las implicaciones de la guía serán: reconocer la dignidad y memoria colectiva de las víctimas; evitar actos revictimizantes; fortalecer la institucionalización de buenas prácticas; reposicionar a las familias como interlocutoras legítimas, transformar procesos de reparación hacia enfoques sostenibles, participativos y humanitarios.
Cabe mencionar que cada proyecto propuso herramientas concretas para reconstruir la confianza, fortalecer a las instituciones, así como garantizar la dignidad y los derechos de las víctimas y sus familias.
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