• Se abordaron temas como la justicia digital, el derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica

Adela Rebolledo y Ramar Mendoza, académicos del SEA, participaron en el Foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Análisis”

Francisco Javier Chaín Revuelta

Fotos: Aracely Hernández

27/06/2022, Boca del Río, Ver.- La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana (UV) fue sede del Foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Análisis”, organizado por el Senado de la República.

Adela Rebolledo Libreros y Ramar Mendoza Díaz, de la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) UV, disertaron sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual se discute y actualiza en el Senado para presentarlo en septiembre al pleno de la LXV legislatura, en sustitución del código actual que data de 1943.

Rebolledo Libreros planteó el asunto de la justicia digital y recordó que el derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica son derechos humanos garantizados universalmente y en el Artículo 17 de la Constitución Mexicana.

Señaló la importancia de los procedimientos judiciales ágiles y útiles que permitan resolver los conflictos y se materialicen en sentencia que repare derechos vulnerados, para ello propuso un sistema de impartición de justicia oral que aproveche las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Destacó que el uso de las TIC en las instituciones jurídicas fortalece el sistema de impartición de justicia y garantiza la seguridad jurídica, pero uno de los retos para su implementación es la resistencia de los operadores jurídicos a dejar de realizar los procedimientos de manera tradicional, otros retos no menos difíciles son la falta de recursos económicos y de voluntad política.

Se refirió también a la brecha digital, a la desigualdad en el acceso a los equipos y al conocimiento y comprensión de las nuevas tecnologías. También expresó que los litigantes reclaman una mejor impartición de justicia pues a la fecha el Poder Judicial sigue estando en deuda con la sociedad.

Claudia Enríquez, secretaria Académica regional, inauguró el evento que reunió a especialistas, magistrados y jurisconsultos

Rebolledo Libreros concluyó en que es una necesidad asimilar las nuevas tecnologías en materia de impartición de justicia, y para ello es necesario que exista voluntad política y recursos económicos suficientes.

Por su parte, Ramar Mendoza argumentó sobre la protección del depósito judicial en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; recordó modificaciones constitucionales en septiembre de 2017 a los artículos 16, 17 y 73, que en materia de justicia cotidiana faculta al Congreso expedir legislación única procesal civil y familiar.

Explicó que la justicia cotidiana refiere instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática e incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas, o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Argumentó que la multiplicidad de códigos procesales civiles plantea graves dificultades para la administración de la justicia, por lo que se concluye contar con procedimientos homologados en todo el país.

Evidenció que los principales defectos de todo proceso son: excesiva lentitud, falta de inmediación de los sujetos de la relación procesal, desarrollo fragmentario y discontinuo, entorpecimiento por un complicado sistema de impugnaciones e incidentes, así como la forma escrita.

Consideró que la solución más adecuada consiste en implantar un proceso en el que domine la oralidad como técnica de sustanciación, y en el cual rijan los consecuentes principios de la inmediación, la concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, la identidad física del juez, la libre valoración razonada de las pruebas y la dirección judicial del debate.

La USBI Veracruz fue sede del encuentro

Destacó que un tema importante es el procedimiento de depósito de menores, por lo que brindó una amplia, larga y documentada información jurídica sobre este punto central.

Mendoza Díaz considera que se debe recapitular sobre el proyecto de decreto del código y revisar las razones de los juristas para modificaciones sobre custodia, a fin de crear preceptos legales que den mayor protección y certidumbre jurídica a quienes son más vulnerables en la sociedad: niños, niñas y adolescentes.

Agregó que en cualquier proceso es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos: por un lado, es un derecho ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo; por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población.

También recordó a la audiencia que los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 y ratificada por México en 1990, indican como obligación de los países firmantes la consideración del interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos.

Concluyó en que el derecho de familia es de orden público e interés social, por lo tanto, el Estado la protege frente a las crisis, la violencia, la falta de asistencia, regulan los derechos deberes y obligaciones de sus integrantes en términos dirigidos tanto al crecimiento como a la superación de éstos, reintegrando la elevación de su normatividad a las categorías de orden público y social.

En evento se dieron cita: Claudia Beatriz Enríquez Hernández, secretaria Académica regional de la UV; Rafael Espino de la Peña e Indira Rosales San Román, presidente y secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República, respectivamente, y Susana Tiburcio Galicia, síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río.