• En foro, expertos juristas ofrecieron charlas sobre alcances y límites de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Las universidades públicas han tenido que realizar un trabajo de armonización de sus normas, dijeron

Arturo Miguel Chipuli, Manuel Alejandro Falcón y Jacobo Domínguez Gudini, en el foro organizado por la Contraloría General de la UV

José Luis Couttolenc Soto

Fotos: Omar Portilla Palacios

23/06/2022, Xalapa, Ver.- En el marco del fortalecimiento de las acciones para el conocimiento de los alcances y límites de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y del Sistema Nacional Anticorrupción, reconocidos juristas participaron en un foro organizado por la Contraloría General de la Universidad Veracruzana (UV).

“Las responsabilidades administrativas en las universidades públicas y el Sistema Nacional Anticorrupción”, es el nombre del evento virtual que se desarrolló el 22 de junio con la participación de los investigadores Arturo Miguel Chipuli Castillo, Jacobo Domínguez Gudini y Alejandro Toledo Utrera, moderados por Manuel Alejandro Falcón Rodríguez, director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la UV.

Arturo Miguel Chipuli, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, expuso que los principios y directrices que se establecen dentro de la LGRA permite establecer parámetros de la legislación federal y local que los entes autónomos deben observar, lo que ha llevado a que las universidades públicas homologuen sus legislaciones en materia de responsabilidades administrativas “no desde una pauta eminentemente punitiva, sino como mecanismo de prevención y responsabilidad del cargo que se asume”.

Apuntó que estas instituciones de educación superior (IES), establecen mecanismos como herramientas anticorrupción y de responsabilidades administrativas; en el caso de la UV, cuenta con una contraloría como órgano interno de control (OIC), en tanto otras universidades del país plantean propuestas de mecanismos híbridos.

UV fortalece el conocimiento de los alcances y límites de la LGRA y del Sistema Nacional Anticorrupción

Por su parte Domínguez Gudini, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que al interior de las universidades coexisten dos tipos de responsabilidad: la administrativa, en términos del Sistema Nacional Anticorrupción, y la que él llama “responsabilidad universitaria”, que adicionalmente va a establecer otro régimen y que está relacionada con las actividades sustantivas de la institución educativa.

Propuso la creación de un tribunal universitario, similar al que tiene la UNAM, con todas las garantías del debido proceso, con procedimientos y sanciones debidamente normadas; “pero en la UV se haría una mejor propuesta respecto a la composición de este tribunal, separando funciones que darían garantías jurídicas para atender de mejor manera la responsabilidad universitaria”.

En tanto Alejandro Toledo Utrera, director de Normatividad en la Dirección General de Tecnologías de Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se refirió a la competencia de secretarías, OIC y homólogas; señaló que las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas.

Precisó que tratándose de actos u omisiones calificados como faltas no graves, serán las secretarías y los OIC los que los atiendan, y en el caso de las faltas consideradas graves corresponderá dar solución al Tribunal de Justicia Administrativa.