• El IIJ-UV organizó conversatorio con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 

• Ponentes expusieron casos que muestran cómo la impunidad erosiona cualquier avance legal 

El IIJ organizó conversatorio con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios 

28/11/2025, Xalapa, Ver.- La brecha entre lo que establecen las leyes y lo que viven las mujeres en su vida cotidiana continúa, es una de las principales fallas del Estado mexicano frente a la violencia de género, coincidieron las abogadas Linda Helena Maclú Zorrero, Karla Samira Sánchez Herrera y Astrid Jensen Delgado. 

Lo anterior al participar en el conversatorio “Entre la norma y la realidad: La protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia en el contexto jurídico mexicano”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 

Las tres especialistas subrayaron que, pese a los avances normativos, la violencia feminicida, la impunidad y la falta de debida diligencia se mantienen como elementos que profundizan esa brecha y vulneran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

En su intervención, Linda Helena Maclú, abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que a pesar de construir un andamiaje normativo robusto —Constitución Política, tratados internacionales y sentencias relevantes—, la realidad muestra que las mujeres no gozan del derecho a la vida libre de violencia. 

Linda Helena Maclú Zorrero, abogada en la SCJN y docente en la UNAM

Por el contrario, el feminicidio representa la expresión más extrema de la violencia de género y advirtió que su normalización es un grave riesgo: “Empieza a parecer cotidiano escuchar que hubo un feminicidio aquí o en cualquier estado; no podemos normalizarlo, tiene que seguir doliendo e indignándonos”. 

Expuso el caso de Jessica, ocurrido en 2020 en Michoacán, para mostrar cómo la impunidad erosiona cualquier avance legal. Detalló la resolución reciente de la SCJN respecto al amparo directo en revisión 4872/2024, donde se estableció que el derecho a la reinserción social no puede emplearse para disminuir penas en la individualización de sanciones para delitos como el feminicidio. 

Recalcó que, aunque las normas existen, “el derecho no está siendo la solución para prevenir estos crímenes, pues la impunidad y la falta de justicia envían un mensaje profundamente erróneo”. 

En tanto, Karla Samira Sánchez, secretaria auxiliar en la SCJN, advirtió que, además de la violencia ejercida en la sociedad, existe otra menos visibilizada: la que enfrentan las mujeres dentro del sistema penal, tanto en fiscalías como en órganos jurisdiccionales. 

Karla Sánchez Herrera advirtió sobre la violencia que enfrentan las mujeres dentro del sistema penal, que es menos visibilizada

Señaló que la aplicación de la perspectiva de género en materia penal enfrenta obstáculos específicos debido a los principios del sistema acusatorio, de ahí que prácticas como no valorar adecuadamente dictámenes, minimizar la violencia psicológica o desestimar el testimonio de las mujeres se traducen en violencia institucional. 

Explicó que este sector se enfrenta a estereotipos como considerar la violencia doméstica “un conflicto de pareja”, fragmentar la violencia física o restar credibilidad a su palabra, lo que resulta en impunidad y procesos revictimizantes. 

Afirmó que, aunque existen protocolos y manuales para juzgar con perspectiva de género, aún hay resistencia de jueces y magistrados para aplicarlos. 

Por último, Astrid Jensen, especialista en derechos humanos, presentó datos recientes que muestran la magnitud del problema entre 2020 y 2025: el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más ha vivido al menos un episodio de violencia, y una de cada dos ha enfrentado algún tipo de violencia sexual. 

Astrid Jensen Delgado, especialista en derechos humanos, presentó datos recientes sobre la violencia que viven las mujeres

Advirtió que el 22 % de mujeres usuarias de internet sufrió ciberacoso en 2024; además, las mujeres migrantes y desplazadas enfrentan riesgos diferenciados y una vulnerabilidad extrema. 

Respecto al feminicidio, apuntó que las cifras no descienden de manera real debido a problemas de reclasificación y encubrimiento estadístico: “El feminicidio sigue presentándose, aunque existen normas y protocolos. ¿Qué está haciendo México para que disminuya?”. 

Repasó casos como el de Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia, Abril Pérez y Debanhi Escobar, en los que se detectan patrones comunes: ausencia de perspectiva de género, negligencia judicial, fallas forenses y violencia institucional. 

Si bien reconoció avances legislativos como la Ley Olimpia, Ley Ingrid, el tipo penal de violencia vicaria y la Reforma 3 de 3, recalcó que la efectividad sigue limitada por la falta de implementación y la resistencia institucional.