• Sin tipificación legal clara, no hay justicia ni estadísticas confiables 

• El sistema cisheteropatriarcal perpetúa la violencia de este tipo y niega la identidad de las personas trans, incluso después de su muerte 

• Señaló Alan Jair García, coordinador del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la UV 

Alan Jair García Flores, coordinador del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios

07/08/2025, Xalapa, Ver.- El transfeminicidio constituye una forma extrema de violencia estructural que enfrenta la población trans en México, sin que existan mecanismos jurídicos efectivos para prevenirla o sancionarla, advirtió Alan Jair García Flores, coordinador del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs) de la Universidad Veracruzana (UV). 

De acuerdo con el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), entre 2007 y 2022 se documentaron al menos 590 homicidios de personas transgénero en México, lo que representa un promedio anual de 53 casos. Conforme a estos datos, el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial por casos de transfeminicidio, solo detrás de Brasil, con 701 asesinatos reportados entre 2008 y 2023. 

Según colectivos y asociaciones civiles, lo más preocupante es que, por cada caso documentado, podría haber dos o tres no registrados oficialmente debido a la invisibilización sistémica. 

García Flores expuso que, de las 32 entidades federativas del país, solo la Ciudad de México tipifica el transfeminicidio como delito autónomo, mientras que Nayarit lo contempla dentro del feminicidio. 

“Sin una tipificación clara, no hay estadísticas confiables y, por lo tanto, no hay visibilización del problema ni acceso real a la justicia para las víctimas”, subrayó el coordinador del Cedegs. 

El académico indicó que esta forma de violencia se alimenta de un sistema cisheteropatriarcal que niega el reconocimiento de la identidad de las personas trans, tanto en vida como después de su muerte: “Ni siquiera les reconocen el nombre con el que se autoidentifican; los medios de comunicación suelen usar términos peyorativos o sensacionalistas que responsabilizan a la víctima de su propia muerte”. 

Finalmente, destacó que, desde el Centro que coordina, se impulsan investigaciones sobre violencia de género y otras problemáticas nacionales, con el objetivo de generar conciencia social y exigir a las autoridades avances normativos, así como la implementación de protocolos con enfoque en derechos humanos: “Sólo así se podrá atender adecuadamente la violencia que sufren los disidentes sexuales”, concluyó.