• Flor de Magdalena Vargas y Mary Beda Patlax impartieron charlas enfocadas en visibilizar la violencia estructural, los embarazos infantiles y la protección de los derechos humanos 

• Prevenir la violencia sexual requiere de acciones coordinadas entre sociedad, familias, autoridades y organizaciones civiles

Flor de Magdalena Vargas, integrante del Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos

Paola Cortés Pérez 

Fotos: César Pisil Ramos 

14/10/2025, Xalapa, Ver.- En el marco del Día Internacional de la Niña, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) realizó un ciclo de charlas enfocadas en reflexionar y visibilizar la violencia estructural, los embarazos infantiles y la protección de los derechos de niñas y adolescentes, especialmente de aquellas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. 

Las pláticas fueron impartidas por Flor de Magdalena Vargas Ortiz, integrante del Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos de la UV, y Mary Beda Patlax Valdivia, integrante de la asociación civil Equifonía. 

En el Aula Magna de la facultad, las especialistas ofrecieron un panorama integral sobre cómo las desigualdades, la violencia y la falta de acceso a servicios adecuados afectan la vida de las menores, así como la importancia de la respuesta institucional y legal para garantizar sus derechos. 

Prevenir el embarazo infantil y la violencia sexual requiere de acciones coordinadas entre sociedad, familias, autoridades y organizaciones civiles, así como de políticas públicas que integren educación sexual, servicios de salud culturalmente pertinentes y aplicación efectiva de la legislación, garantizando la protección integral de niñas y adolescentes, coincidieron las ponentes. 

Mary Beda Patlax Valdivia, integrante de la asociación civil Equifonía

Violencia estructural y desigualdad en comunidades indígenas 

La académica Flor de Magdalena Vargas mencionó que la violencia contra niñas y adolescentes es un fenómeno estructural: “La violencia está estructurada en la sociedad; afecta de manera diferenciada a mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos, perpetuando ciclos de discriminación y desigualdad”. 

Destacó que la falta de educación y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva agrava la situación de niñas indígenas: más de un millón de adolescentes hablan alguna lengua indígena y el 3.9 % de mujeres de entre 12 y 17 años ya han tenido al menos un hijo, esto muestra cómo la desigualdad impacta directamente en sus vidas. 

Pese a los avances normativos nacionales e internacionales, estos resultan ser insuficientes, todavía hay un largo camino para garantizar que se respeten plenamente, sobre todo en contextos indígenas y rurales, subrayó. 

Además, Vargas Ortiz insistió en la necesidad de políticas públicas con pertinencia cultural que aseguren educación sexual, atención médica y acompañamiento integral. 

Las charlas fueron organizadas por la Facultad de Derecho, en el marco del Día Internacional de la Niña

Acompañamiento legal y el embarazo infantil 

La abogada Mary Beda Patlax compartió su trabajo y experiencia en el acompañamiento de niñas víctimas de violencia sexual, donde explicó que el embarazo infantil es una consecuencia directa de este delito. 

“Hemos atendido a niñas de 11 y 12 años que quedaron embarazadas por abuso de sus propios padres o adultos cercanos; en muchos casos, la indiferencia institucional dificulta que reciban atención médica y justicia”, señaló. 

Patlax Valdivia enfatizó que, aunque la ley permite a las víctimas de violencia la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier etapa, su aplicación práctica es limitada, por lo que es urgente capacitar a funcionarios, médicos y abogados, así como sensibilizar a la sociedad para que los derechos de las niñas se respeten, incluido su derecho a la educación, a la salud y a una vida libre de violencia. 

Entre las conclusiones que presentó, destacó: la prevención del embarazo infantil mediante acciones coordinadas entre sociedad, familias, autoridades y organizaciones civiles; garantizar que las niñas tengan acceso a educación sexual integral y servicios de salud con pertinencia cultural. 

Así como fortalecer los mecanismos legales y de acompañamiento a víctimas, para asegurar que la ley se cumpla y que las afectadas no sean revictimizadas durante los procesos, además es fundamental la sensibilización de la sociedad y la capacitación de profesionales para respetar y proteger los derechos de las menores.