• Lo que la ley busca es un estado mínimo, un árbitro que sólo genere negocios para las empresas: Víctor Rodríguez
• Extinción de CFE y Pemex, planteada en la Reforma

Edith Escalón

Aunque la Reforma Energética en México haya sido presentada públicamente como una necesidad para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), su extinción está planteada desde hace dos años en el modelo de mercado, antiestado y antiempresa pública que la ley impone, según el análisis del especialista en economía y política de la energía, Víctor Rodríguez Padilla.

En el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo: “Lo que el gobierno busca es ofrecer negocios para el sector privado, para las empresas trasnacionales”.

Así lo prueban dos años de implementación de la Reforma Energética, donde la participación de las paraestatales se ha ido adelgazando: “Ahí están todos los gasoductos, las plantas de ciclo combinado, centrales eléctricas que siguen siendo licitadas por CFE y Pemex; los ductos, los contratos de capacidad y compra de gas; tenemos un Estado que en realidad sólo se dedica a generar negocios para el sector privado”.

Víctor Rodríguez Padilla, especialista en economía y política de la energía de la UNAM.

Explicó que en exploración y producción todos los campos petroleros, todas las áreas, han sido divididas en dos partes: el régimen de asignaciones que le tocan al Estado (ronda cero) y el régimen de licitación de los contratos (ronda uno); Pemex podría concursar en esos contratos pero no lo ha hecho en las dos convocatorias pasadas, ni lo hará en las futuras.

En este contexto, Rodríguez Padilla describió el papel del Estado como regulador, licitador de proyectos para minimizar el riesgo, facilitador de las inversiones privadas: “En la práctica ha quedado atrás el viejo discurso de fortalecer a CFE y a Pemex, de hacerlas empresas de clase mundial, de excelencia, que mejoraran a través de su eficiencia, su productividad y su competencia”.

Atrás quedó también la aspiración de tarifas bajas, energía muy abundante y barata, accesible, aumento en la producción de petróleo y gas, la creación de empleos, el crecimiento económico, agregó el autor del libro Reforma energética, hacia el estado mínimo y hacia los negocios privados.

Sociedad civil, un testigo de piedra

El antagonismo directo entre empresas privadas y comunidades que habitan los territorios donde se asientan los proyectos licitados pone a la sociedad civil en un estado de indefensión, donde los gobiernos a todos los niveles o no intervienen o se ponen del lado de las empresas y la ley no los ampara. “En este escenario la sociedad civil es casi un testigo de piedra”.

Los comuneros, ejidatarios, pueblos indígenas y pequeños propietarios se están viendo presionados a abrir las puertas a las compañías: “No es si quieren, es que tienen que hacerlo”, enfatizó el ponente luego de recordar que en la ley todas las actividades energéticas tienen prioridad pública, incluyendo el uso de los terrenos donde se asienta la infraestructura o se realizan las actividades.

Se trata en todo caso del mismo tipo de conflicto con las mineras. Desde su visión, las resistencias a los proyectos y megaproyectos, aun con el enfrentamiento que generan en términos de contaminación, despojo y crimen organizado, tienen cada vez menos margen de acción.

Toda la apertura energética lo que logrará es agudizar los conflictos sociales. Para el ponente, la ley es muy ambigua, pues dice defender los intereses pero no dice de quién, mientras en la práctica existe un Estado protector de las inversiones, una policía creada para contener el descontento, autoridades locales sin capacidad de proteger el ambiente y a los ciudadanos.

“En 10 años veremos los conflictos y las aberraciones que genera una ley que cambió todas las estructuras de la política energética, en petróleo, electricidad, fuentes renovables, empresas, órganos reguladores, en el Estado, en el sistema de precios, financiamiento y el conflicto será mayor.”