Cultura

IIJ-UV presentó libro sobre elecciones en América Latina durante la pandemia

 

 

Nadia Ramos, Mayra Bojórquez, Arturo Chípuli y Constanza Mazzina en la presentación del libro

 

David Sandoval Rodríguez

Fotógrafo: Luis Fernando Fernández Carrillo

25/03/2022, Xalapa, Ver.- Con escritos sobre y desde la emergencia sanitaria global ocasionada por la COVID-19, diversos especialistas del derecho colaboraron con 20 artículos en el libro América Latina: entre avances y retrocesos democráticos, iniciativa del proyecto “DemoAmLat” de la asociación Transparencia Electoral, que fue presentado el martes 22 de marzo en el canal de Facebook de Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV).

El evento virtual contó con la moderación de Constanza Mazzina, coordinadora académica de “DemoAmLat”, quien agradeció a las autoridades de la UV y del IIJ por el espacio para la difusión de la obra que puede descargarse gratuitamente en: https://demoamlat.com/download/america-latina-entre-avances-y-retrocesos-democraticos/

Arturo Miguel Chípuli Castillo, director del IIJ, destacó que el libro es una obra importante para el contexto de la pandemia y posee elementos enriquecedores sobre los procesos electorales que se llevaron a cabo en este lapso.

En sus 20 artículos se abordan temáticas relacionadas con los procesos electorales, el avance del coronavirus, los populismos, el deterioro democrático y los avances en términos de participación ciudadana, precisó el académico de la UV, quien colaboró con el artículo “Justicia electoral abierta y la garantía del acceso a la justicia”.

“Muchos de los textos se escribieron desde la emergencia sanitaria, con medidas controversiales marcadas por la tentación a la restricción de los derechos humanos que caracterizaron estos contextos heterogéneos en la región de América Latina”, agregó.

Los procesos electorales en México ocurrieron a nivel subnacional, pero, como en otros países de la región, “empezaron a generar dudas en un ambiente de pandemia donde se limitan las libertades, sobre todo la de movimiento, por el desconocimiento de cómo tratar a la pandemia y esto llevó a cuestionar cómo hacer un proceso electoral”.

 

Arturo Chípuli comentó sobre la justicia abierta y las restricciones ocasionadas por la pandemia en el Poder Judicial de Veracruz

 

No obstante, el investigador expresó que antes de la pandemia mil 500 millones de personas en el mundo ya tenían problemas de justicia, y para mayo de 2020 cerca de 165 países habían adoptado medidas de confinamiento y el cierre de sus sistemas judiciales.

Refirió que en el estado de Veracruz cerró el Poder Judicial y no había manera de atender los asuntos, llevando a una falta de acceso a la justicia y a cuestionar si existe otra manera de hacer actividad frente a un cierre de este tipo.

Sucedió en la práctica “un proceso de modernización al que no se le dio la importancia necesaria, se implementaron políticas de acceso a la justicia muy lentas y con muchos problemas”.

Chípuli Castillo dijo que el concepto de justicia abierta se ha convertido en un paradigma que surge en el contexto del gobierno abierto, y desde 2011 este paradigma incide en las políticas de transparencia y planes de acción del gobierno mexicano.

Sin embargo, agregó que uno de los problemas en México respecto al paradigma es la escasa confianza hacia los jueces, quienes son percibidos en general como corruptos.

Luego tocó el turno a Mayra Fabiola Bojórquez González, ex consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Su artículo, “Breve cronología del impacto del SARS-CoV2-19 en la organización de las elecciones en México”, describe las circunstancias que afectaron los procesos electorales que debieron ajustarse en torno a la pandemia.

 

Mayra Bojórquez, ex consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, relató su experiencia en el cargo

 

“En casi todas las legislaturas se modificaron las leyes electorales para adecuar el inicio del proceso electoral en las fechas que generalmente inician en septiembre del año anterior a la elección y varios consejos lo modificaron a octubre, noviembre y diciembre; en Campeche, por única ocasión, se estableció en enero.”

Bojórquez González consideró que “no es descabellado pensar que pudiéramos tener una situación similar en el futuro y nuestras leyes deben tener las previsiones correspondientes, porque en Latinoamérica tenemos muy presente el tema de la reelección y que alguien se perpetúe en el poder, que nos lleve a una situación hasta cierto punto antidemocrática; hay que considerarlo en nuestras leyes y que no se tome una decisión que implique un retroceso en los procesos democráticos de nuestras naciones”.

Señaló que con la pandemia “las instituciones electorales pasamos momentos de zozobra por llevar a cabo nuestras actividades, dado que la organización del proceso electoral es un ejercicio nacional, estatal y provincial que tiene una gran magnitud, con una complejidad jurídica y procesal que debe vigilarse en todos los puntos del camino”.

Finalmente, Nadia Ramos Serrano, activista en derechos humanos e internacionalista de Perú, habló sobre su texto “Promoción de la participación política de la mujer a través de la paridad y alternancia en el Perú”; reconoció que a pesar de existir acciones afirmativas para incluir a las mujeres en la política, se encuentran encarpetadas muchas leyes que podrían promover una mayor participación femenina en la política de su país.

Advirtió que en las elecciones presidenciales de 2021 se percibió un “camino entrampado, y al momento de redactar este capítulo, la ley de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos tenía un mes de aprobada, pero aun así tiene limitaciones en su aplicación”.

 

Nadia Ramos, jurista e internacionalista, mencionó las restricciones en el acceso a la paridad de género en las elecciones de Perú

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