• Reunió a juristas, activistas y docentes, quienes discutieron la reciente reforma constitucional sobre la materia 

• Otro tema clave del conversatorio fue el tráfico ilegal de especies, un problema que se ha intensificado en los últimos años 

La Facultad de Derecho y la asociación Amigos de los Animales organizaron conversatorio sobre protección animal

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios 

05/03/2025, Xalapa, Ver.- La Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y la asociación Amigos de los Animales realizaron el conversatorio “Protección animal como derecho constitucional: Construyendo un México sin maltrato”, la cual reunió a especialistas en derecho, activistas y académicos, quienes discutieron la reciente reforma constitucional que fortalece la protección de los animales en el país. 

El panel estuvo conformado por Ariana Escobar Fernández, jueza federal; Tomás Zurita García, magistrado federal; Javier Triana Valdivia, del Buró Ambiental de México, y Octavio Ruiz Méndez, docente de la entidad académica; con la moderación de Mirel Aremi Herrera Sánchez. 

Ariana Escobar enfatizó en la necesidad de combatir el especismo y el antropocentrismo, ideologías que han justificado la explotación animal a lo largo de la historia, lo que implica un cambio de paradigma al considerar a los animales como seres sintientes, capaces de tener emociones –negativas y/o positivas–. 

La jueza federal Ariana Escobar habló sobre la reforma constitucional en la materia

Esto llevó a la reforma constitucional promulgada el 2 de diciembre de 2024, la cual modifica los artículos 3, 4 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Por ejemplo, el Artículo 3 establece que en los planes y programas de estudio se deberán incluir contenidos sobre la protección a los animales, para que desde edad temprana los niños y adolescentes sean conscientes de la responsabilidad que implica el cuidado de un animal. 

Escobar Fernández explicó que el Artículo 4 obliga al Estado mexicano a garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por su parte, el Artículo 73 otorga facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general en la materia en un plazo de 180 días. 

El magistrado Tomás Zurita mencionó que en México es reciente la inclusión en la CPEUM, mientras que en otros países ya es una realidad

El magistrado Tomás Zurita expresó que, sin embargo, los retos para la implementación de esta reforma son significativos: “Si bien contaremos con una ley general que esperamos defina conceptos y lineamientos claros, los jueces tienen la obligación de aplicar la ley y dotarla de contenido en favor de los derechos de los animales”. 

Abordó la controversia en torno a las corridas de toros, aún permitidas en algunas regiones. “En su momento, tocará a la Suprema Corte determinar si deben prohibirse o si pueden considerarse dentro del marco de la nueva reforma”. 

El magistrado Tomás Zurita mencionó que en México es reciente la inclusión en la CPEUM, mientras que en otros países ya es una realidad

Con respecto a la evolución de la legislación en la materia, Zurita García mencionó que en México es reciente la inclusión en la CPEUM, mientras que en otros países –como Alemania, Francia y Argentina– esta protección ya es una realidad desde hace años. 

El tráfico de especies: Un problema en crecimiento 

El tráfico ilegal de especies es un problema que se ha intensificado en los últimos años; al respecto, Octavio Ruíz dijo que las incautaciones aumentaron, lo que indica que el tráfico crece y la fragmentación de los ecosistemas es cada vez más grave. 

En México, entre 2021 y 2022 se decomisaron más de 11 mil animales exóticos y endémicos, lo que coloca a México como un punto crítico en el comercio ilegal de fauna. 

Estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho, entre los asistentes al conversatorio

Las sanciones y normativas en México aún presentan retos: “El Código Penal General contempla penas de seis meses a 10 años por delitos contra el medioambiente, pero se necesita fortalecer su aplicación para erradicar la impunidad en estos casos”, enfatizó. 

El conversatorio concluyó con un llamado a la acción para garantizar la correcta aplicación de la reforma y promover una conciencia social sobre la importancia del bienestar animal.