Asistentes al curso con autoridades universitarias

Cecilia Escribano Reyes

02/07/18, Coatzacoalcos, Ver.- La Contraloría General de la Universidad Veracruzana (UV) impartió el pasado 29 de junio un curso sobre el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares.

El curso estuvo encabezado por Carlos Lamothe Zavaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán; Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno; Enrique Ramírez Nazariega, integrante de la misma; Elsa Victoria Folgueras Gordillo, directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial; Delfina Acosta Argüello, contralora de la UV, y José A. Aguilar Segura, director de Control y Evaluación; además de directivos, secretarios, administrativos y enlaces.

Elsa Victoria Folgueras presentó el marco jurídico de las responsabilidades administrativas aplicable a los servidores públicos de la UV, con el fin de prevenir conductas y omisiones que puedan constituir faltas no graves y graves y ser sujetos de las sanciones; asimismo, presentó los proceso de investigación, sustanciación y resolución, así como los medios de defensa para impugnar sus resultados.

“El reglamento está sustentado en la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, el cual es la base del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, enfatizó Flogueras Gordillo.

Explicó también que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; “el objetivo es tener las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público”.

La Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la UV destacó que los principios que debe tener un servidor público son: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; “así que el reto es conducirse con rectitud, actuar conforme a una cultura de servicio, corresponder a la confianza que la sociedad ha conferido”.

Recordó a los asistentes los tres instrumentos de rendición de cuentas a los que deben someterse los servidores públicos universitarios: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal, e invitó a continuar cumpliendo en tiempo y forma con estos procesos.

Por su parte, José Aguilar presentó las faltas graves y no graves como: incumplir con las funciones, no rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, cohecho, peculado, desvíos de recursos públicos, abuso de funciones, etcétera.

Subrayó que las prescripciones para imponer sanciones son de tres años para las faltas no graves, contados a partir del día siguiente al que se hubieran cometido las infracciones; y siete años para las faltas graves, bajo los términos anteriores.

“Entre las sanciones por faltas no graves se encuentran las amonestaciones públicas o privadas, sanción económica, suspensión del empleo, destitución del mismo o la inhabilitación temporal.”

Mientras que las sanciones por faltas graves pueden ser suspensión del empleo o destitución del mismo, sanción económica e inhabilitación temporal, dijo el Director de Control y Evaluación.