• Open Society Justice Initiative señala en su informe que las fuerzas armadas y los grupos delincuenciales han cometido crímenes de lesa humanidad en el país
• Alberto Olvera Rivera dijo que este informe debe ser leído por cada uno de los mexicanos: «es una demostración demoledora de una política de Estado que no buscó hacer justicia»

Alberto Olvera e Ina Zoon, en la presentación del informe “Atrocidades innegables”

Paola Cortés Pérez

Xalapa, Ver., 27/03/2017.- Ina Zoon, directora de Proyectos de la Fundación Open Society Justice Initiative, señaló que el Estado mexicano ha adoptado una política de tortura y muerte para combatir al crimen organizado, basada en el uso discriminado y excesivo de la fuerza pública contra la población. Así lo expresó durante la presentación del Informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, realizada el viernes 17 de marzo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

En el evento también participaron Alberto Olvera Rivera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S); Edith Valdez Ponce, quien fuera la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UV, y Esther Hernández Palacios, directora general de Difusión Cultural y moderadora de la presentación.

Ina Zoon mencionó que el informe fue un trabajo realizado a lo largo de tres años, en cooperación con cinco organizaciones mexicanas independientes: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Dijo que el informe es un análisis a profundidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, a través del escrutinio de las actividades de las fuerzas de seguridad federal y estatal que fueron desplegadas por el territorio nacional desde finales de 2006. Además, también incorpora un examen de los crímenes cometidos por el cártel de los zetas.

Con la presentación de este análisis se cuestiona abiertamente la política de combate contra la delincuencia, que ha tenido como eje central el uso excesivo de la fuerza contra la población civil.

En los tres años que se ha evaluado la magnitud y la naturaleza de la situación, dijo que han concluido que existen fundamentos razonables para considerar que tanto los miembros de las fuerzas de seguridad federal como los grupos delincuenciales han cometido crímenes de lesa humanidad en el país.

“Desde finales de 2015 a mediados de 2016, la cifra de crímenes crece a una velocidad espantosa, esto es, la violencia no decrece en México y Veracruz nos muestra lo qué puede pasar si no se reconoce la colisión entre las autoridades y el crimen organizado.”

Para sustentar lo anterior, comentó que desde diciembre de 2006 hasta finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente; se registraron más de 28 mil desapariciones; aproximadamente 580 mil secuestros, y más de nueve mil quejas de tortura, de éstas 38 por ciento son contra las fuerzas federales.

Otra parte importante, indicó, es la relacionada con los índices de letalidad. De acuerdo con estudios de la Cruz Roja Internacional, en confrontaciones donde la intención es matar –como en las guerras, la proporción entre muertos y heridos es de uno a cuatro, en general.

En tanto, en trabajos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se observa que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una proporción de ocho muertos por un herido, y en la Secretaría de Marina la proporción es de 30 a uno.

“Estamos en unos índices de letalidad extraordinarios; expone que el ejército está afuera para matar y no para poner a los delincuentes ante la justicia, porque esto significaría que sus testimonios revelarían las relaciones y las colusiones existentes entre el crimen, los políticos y los empresarios.”

Asimismo, resaltó que el gobierno mexicano lleva a cabo una política de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil, pero ¿quién es la población civil? Son todas las personas percibidas por las autoridades como parte del crimen organizado.

Esther Hernández Palacios y Edith Valdez Ponce

Normalmente las autoridades dicen que es una afrenta contra los delincuentes, pero la fundación argumenta que se desconoce quién es delincuente porque no se lleva a cabo una investigación y un juicio de manera transparente.

Ciertamente, dijo, hay una parte que está relacionada con el crimen organizado –al más alto o bajo nivel–, pero también están los “daños colaterales” (como los llamó Felipe Calderón), personas que lamentablemente están en el momento y lugar equivocados, por lo cual son involucradas, detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas por las autoridades o el crimen organizado.

Y hay un tercer grupo, al que llaman los falsos positivos, integrado por quienes no tienen relación con los grupos delincuenciales pero que son presentados ante la opinión pública como parte de ellos, son culpabilizados para disminuir la responsabilidad de las autoridades por detenerlos arbitrariamente, torturarlos o asesinarlos.

“Hay muchos ejemplos de que esto pasó y, aún más, de que se trata de una política, de un modus operandi. Lo que tratamos de decir en este informe es que ya no son incidentes aislados, queremos demostrar que los agentes estatales y el crimen organizado, en una presunción de colisión, están percibiendo una política de uso indiscriminado y excesivo de la fuerza.”

En el informe, Open Society Justice Initiative propone la creación de un organismo independiente del Estado mexicano, conformado por mexicanos y expertos internacionales, que ayude a la búsqueda, investigación, persecución y sanción de los delitos, y a largo plazo contribuya a fortalecer el sistema de justicia del país.

Asimismo, el documento plantea cuatro recomendaciones: la creación urgente de equipos integrados para investigar las desapariciones; los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos y estar fuera del ámbito de control de la Fiscalía General; las fuerzas armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública; y debe aprobarse la legislación que regule el uso de la fuerza.

“Sí, creemos que existe un pacto político de impunidad que va más allá del gobierno en turno y que trasciende a los partidos políticos, para romperlo es necesario que México acepte ayuda internacional para esclarecer los crímenes que se han dado de 2006 a la fecha.”

Estuvieron presentes madres del Colectivo Solecito

Imprescindible la acción civil colectiva

El investigador Alberto Olvera expresó que este informe es un documento histórico que todos los mexicanos deberíamos leer, toda vez que es una demostración demoledora de una política de Estado que no buscó hacer justicia, sino que enfrentó al crimen de una manera irresponsable y criminal, en términos de los efectos que ha tenido para toda la población.

“Demuestra que hay un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, que es posible acusar a los gobiernos mexicanos de violentar los derechos, incluso de llevarlos ante la Corte Penal Internacional.”

Coincidió con Ina Zoon al decir que México requiere ayuda del extranjero para solucionar la problemática, debido al colapso de justicia que se padece todos los días, ejemplo de ello es Veracruz, donde se vive una ausencia del Estado y se tiene una combinación de crisis fiscal, moral y de las instituciones, “no podemos ni soñar que se haga justicia a corto plazo”.

Puntualizó que es imprescindible la acción civil colectiva nacional e internacional, para obligar al régimen mexicano a aceptar una colaboración internacional a fin de reconstruir las instituciones de justicia.

“Tenemos que agradecer a las madres del Colectivo Solecito y de otros colectivos, que hayan tomado la iniciativa de movilizarse y tengan el valor de ponerse al frente de una lucha que no sólo es de ellas sino de todos los mexicanos. Debemos seguir su ejemplo si queremos que el país no se nos deshaga entre las manos.”

Por último, Edith Valdez comentó que este documento visibiliza las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y el crimen organizado en todo el país, mismas que no han sido esclarecidas por la corrupción del sistema judicial.

“A todos debe interesarnos conocer los crímenes cometidos en el país, porque sólo si se hacen visibles se podrá exigir que se finquen responsabilidades y la sociedad debe colaborar para en ello.”

Cabe mencionar que durante la presentación del informe estuvieron presentes algunas de las madres integrantes del Colectivo Solecito.