Liberalizar al Estado es limitarlo; es reducir y transparentar sus facultades de intervención; es someter a estricto escrutinio público su desempeño económico. Liberalizar al Estado quiere decir también acotar las fi nanzas públicas, haciendo que los ciudadanos paguen hasta el último peso que gasta el Estado, de modo que éste tenga los recursos sufi cientes para cumplir el mandato de sus ciudadanos y ni un peso más. Un Estado fi nanciado sólo por sus ciudadanos es la quintaesencia de un Estado liberal. El Estado liberal no debería tener otro lugar donde pedir recursos ni otro lugar donde rendir cuentas que en el bolsillo de los ciudadanos, cuyo dinero gasta; ése es el origen estricto de la capacidad ciudadana de controlar al gobierno.

El dominio del Estado sobre fuentes de ingreso distintas a los impuestos, como el petróleo, ha corrompido e invisibilizado en México esta relación fundamental, constitutiva, de la ciudadanía: “te pago impuestos para que me sirvas, no para que te sirvas de mí; debes rendirme cuentas porque estás gastando mi dinero, no el tuyo, y ningún dinero tienes sino el que yo te doy”. Gobiernos que gastan mucho más de lo que reciben de sus ciudadanos, gobiernos que se endeudan a cuenta de la nación o dispendian recursos que les llegan de otros dispendios, como el caso de los excedentes petroleros de estos años, que nadie controló y nadie controla, se separan del control de los ciudadanos, adquiriendo una perniciosa autonomía fi nanciera. La autonomía fi nanciera de los gobiernos de México respecto de sus contribuyentes, su cabalgata sin controles hacia distintos precipicios de gasto público, ha sido el factor central de las crisis fi nancieras de 1976, 1982 y 1995. El origen de esas crisis fue uno solo: el descontrol de las fi nanzas públicas, la absoluta falta de contención de las fi nanzas del gobierno por sus contribuyentes. Esas decisiones sin control llegaron a generar en la crisis de 82 un défi cit fi scal de 16 puntos del producto interno bruto. Hoy nos escandaliza la perspectiva de un punto más o menos de défi cit fi scal. Algo hemos ganado.

Controlar, contener, limitar al Estado es la obsesión del credo liberal. La democracia acota y contiene a los gobiernos mediante la competencia, pero no constituye en sí misma una garantía del ejercicio y la protección de las libertades fundamentales. Esto sólo puede garantizarse con un Estado que garantice la igualdad ante la Ley y que esté sometido al control y la rendición de cuentas por parte los ciudadanos. Cuentas son muchas cosas, pero primero que nada son cuentas: pesos y centavos.

Muy lejos está nuestra estructura institucional y nuestra vida pública de la transparencia contenida y responsable de un Estado liberal. ¿Qué decir de la economía y las libertades de emprender y comerciar, tan centrales al liberalismo? La herencia del México corporativo está en todas partes, es un largo tejido de intereses clientelares, prendidos de una manera u
otra a privilegios y prebendas que tienen su origen en el Estado. El México democrático permite ver, cada vez con mayor claridad, que la herencia antiliberal de México está llena de poderes fácticos que concentran derechos y obstruyen las libertades de otros. No hay un solo negocio mayor de la economía mexicana que no esté en manos de monopolios u oligopolios. El dominio de la economía por unas cuantas empresas que restringen o constriñen la libertad económica de los demás es antiliberal. La economía mexicana debe ser liberada de monopolios y oligopolios mediante la más simple de las recetas del liberalismo: la libre competencia. Lo mismo ha de decirse de los monopolios del Estado, cuya improductividad y corrupción nadie controla realmente y hacen perder a su dueño, que es el pueblo de México, más dinero de lo que cabe imaginar.

Pemex no es en realidad una empresa petrolera de los mexicanos, es la caja de recursos para un gobierno federal que no cobra impuestos sufi cientes para subvenir sus gastos. Sobreexplota entonces al monopolio petrolero perpetuando año con año dos inefi ciencias: la de no cobrar impuestos sufi cientes y la de dejar a Pemex sin dinero sufi ciente para su propio desarrollo. Pemex no es de los mexicanos, es de Hacienda. Qué decir de los grandes sindicatos públicos, tierra iliberal por excelencia. Son la negación de la libertad de asociación y contratación y de las libertades sindicales mínimas, entre ellas la de la democracia interna de los sindicatos. Es un mundo aparte de reglas, opresiones y prebendas. Es también un mundo conservador que vive de espaldas a las reformas liberalizadoras que el país requiere. Frente a cada una de las reformas fundamentales que el país requiere, hay un gran sindicato público oponiéndose, en defensa de sus privilegios: los sindicatos magisteriales contra la reforma educativa; los sindicatos de la salud contra la reforma de las pensiones; los sindicatos de la energía contra la reforma energética; los sindicatos en general contra la reforma laboral.

Monopolios y oligopolios económicos, opacidad y absolutismos laborales, son caras complementarias del México antiliberal, el México de los poderes fácticos que intervienen con fuerza innegable en el proceso de la construcción liberal y democrática de México.

Termino:

Me pregunto qué diría José María Luis Mora si despertara hoy de su muerte y lo invitara la Universidad Veracruzana a dar su veredicto sobre el estado del liberalismo mexicano. Creo que lo sorprenderían agradablemente el tamaño y la pujanza de la nación. Creo que celebraría largamente la fuerza alcanzada por esa asamblea dispar llamada México que pudo evitar en este siglo y medio lo que en 1850, a la hora de la muerte de Mora, parecía inevitable: la desintegración de la nación mexicana. Creo que iría a ver con ánimo incrédulo y deslumbrado las miles de pequeñas empresas independientes que generan riqueza en un entorno de industriosidad y productividad.