Núm. 2 Tercera Época
 
   
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Fernando Vilchis
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Vicente Fox Quezada propuso “una reforma macro a los aparatos de seguridad pública y justiciapenal, la cual tuvo dos metas principales: combatir eficazmente la delincuencia fortaleciendo las instituciones policiales y proteger los derechos humanos transformando el sistema procesal penal de uno escrito a otro oral” (López Portillo, 2006).

¿En cuáles circunstancias se encuentra el nuevo gobierno para consolidar los logros de la administración anterior y avanzar en la solución de aquellos problemas no superados por el anterior? Para una respuesta a esta pregunta vamos a analizar algunas de las propuestas y los cambios del nuevo gobierno para evaluar los aciertos y los retos que tendrá para los próximos años.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) incorporó a Genaro García Luna —ingeniero mecánico, con experiencia en el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones— como secretario de Seguridad Pública Federal, y a Eduardo Medina Mora como procurador de la república. El pnsp insiste en la construcción del Estado de Derecho mediante una cultura de la legalidad que implica el ejercicio legal del poder por los gobernantes y el ejercicio legal de las libertades por los ciudadanos. Dice: “Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el apego de los servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan […] La impunidad, la corrupción y la simulación han sido obstáculos para el desarrollo” (pnsp, 2007).

Felipe Calderón Hinojosa ha dicho: “una de las mayores prioridades de mi gobierno es crear un ambiente favorable a la inversión […] para garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad para los sectores productivos que inviertan en el país […] queremos hacer de México uno de los mejores destinos de inversión en el mundo y para ello […] no cejaremos en el esfuerzo de lograr que nuestro país, nuestras ciudades, sean lugares seguros no sólo para quien invierte en ellos sino también, y sobre todo, para nuestra gente y familias”.7

En efecto, el pnsp afirma que actualizará las leyes y consolidará el modelo organizacional de las policías y el poder judicial. Las elites políticas y policiacas han propuesto al Senado un conjunto de reformas legales, aún no aprobadas, tales como un código penal único, una policía nacional con capacidad de investigación y los juicios orales; asimismo, otras leyes secundarias que suponen la enajenación de los bienes de los narcotraficantes sin que acabe el proceso penal que se les siguiese.

Las propuestas implican el logro de difíciles consensos acerca de las soberanías locales en medio de una coyuntura política polarizada por las últimas elecciones federales y la dispersión de leyes, puesto que algunos gobernadores piensan que no deberían eliminarse las diferencias jurídicas entre los estados. Hay en México 64 códigos penales y de procedimientos penales estatales y dos federales; asimismo, la integración de las policías en estado de descomposición y fuertemente infiltradas por el narcotráfico será muy complicada después de un proceso de limpieza institucional, y los juicios orales sólo van a instituirse lentamente porque la vieja cultura judicial basada en la impunidad no será transformada sin resistencias de los mismos abogados.

Las propuestas van a generar más riesgos. Un código único puede abrir la posibilidad al autoritarismo, la militarización y la criminalización de la pobreza y la protesta social; las atribuciones de investigación del delito para una policía que “funciona en un contexto de corrupción generalizada” son muy peligrosas para los ciudadanos y los juicios corren el riesgo de ser contaminados por el tráfico de influencias (López Portillo, 2003).

Respecto de lo anterior, es preocupante la tendencia al endurecimiento de las penas porque se acentúa el modelo punitivo más que el preventivo del delito. La capacidad de investigación de las policías y la posibilidad de que intervengan cualquier
domicilio sin orden judicial es sin duda uno de los riesgos mayores de las propuestas del gobierno federal; y a la posibilidad de que los juicios orales sean distorsionados por influencias económicas y políticas, debemos sumar el hecho de que las experiencias de juicios orales en algunos estados no garantizan ni eficacia ni eficiencia alta en la reducción del rezago judicial.

En general, la propuesta del pnsp puede interpretarse como una homologación con la legislación y el modelo policial estadounidense, a pesar de las críticas que las autoridades mexicanas hacen a los norteamericanos debido a su escasa participación en la reducción de la demanda de las drogas.8 Particularmente, la propuesta de una policía única es una adaptación del modelo policial colombiano a nuestro país.

Respecto de lo anterior, es interesante la recuperación de la experiencia colombiana por las elites políticas y policiacas mexicanas. El viaje de Felipe Calderón a la toma de posesión para un segundo mandato de Álvaro Uribe le permitió la oportunidadde conocer el modelo policiaco colombiano que transita de una policía militarizada a una policía civil. Dice un experto colombiano: “en el caso colombiano tenemos una policía militarizada, que parece más un cuasi ejército. Lo cual plantea la necesidad de construir una policía civil, como uno de los desafíos del pos-conflicto armado colombiano” (Vargas Velázquez, 2006).

Por supuesto, el caso colombiano es distinto, porque el sistema policiaco tiene un entorno más complejo compuesto de guerrilla, paramilitares y narcotraficantes; no obstante, el modelo ha interesado tanto a las elites político mexicanas que no sólo dicen que nuestro país requiere de una ayuda de los eu tipo Plan Colombia, sino que el viejo estigma que en algún momento provocó una reacción de la Embajada colombiana cuando en nuestro país se hablaba de “colombianización” para llamar el endurecimiento de la delincuencia organizada, se ha transformado ahora en una decisión institucional de “colombianizar” las policías.

 
 
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