Vicente Fox Quezada propuso “una reforma
macro a los aparatos de seguridad pública y justiciapenal, la cual tuvo dos metas principales: combatir
eficazmente la delincuencia fortaleciendo las instituciones
policiales y proteger los derechos humanos
transformando el sistema procesal penal de uno escrito
a otro oral” (López Portillo, 2006).
¿En cuáles circunstancias se encuentra el nuevo
gobierno para consolidar los logros de la administración
anterior y avanzar en la solución de aquellos
problemas no superados por el anterior? Para una
respuesta a esta pregunta vamos a analizar algunas
de las propuestas y los cambios del nuevo gobierno
para evaluar los aciertos y los retos que tendrá para
los próximos años.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) incorporó
a Genaro García Luna —ingeniero mecánico, con
experiencia en el Centro de Investigaciones en Seguridad
Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones—
como secretario de Seguridad Pública Federal,
y a Eduardo Medina Mora como procurador de la
república.
El pnsp insiste en la construcción del Estado de Derecho
mediante una cultura de la legalidad que implica
el ejercicio legal del poder por los gobernantes y el ejercicio
legal de las libertades por los ciudadanos. Dice: “Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad entre
los mexicanos, garantizar el apego de los servidores
públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan […]
La impunidad, la corrupción y la simulación han sido
obstáculos para el desarrollo” (pnsp, 2007).
Felipe Calderón Hinojosa ha dicho: “una de las
mayores prioridades de mi gobierno es crear un ambiente
favorable a la inversión […] para garantizar
condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad
para los sectores productivos que inviertan en el
país […] queremos hacer de México uno de los mejores
destinos de inversión en el mundo y para ello
[…] no cejaremos en el esfuerzo de lograr que nuestro
país, nuestras ciudades, sean lugares seguros no
sólo para quien invierte en ellos sino también, y sobre
todo, para nuestra gente y familias”.7
En efecto, el pnsp afirma que actualizará las leyes
y consolidará el modelo organizacional de las policías
y el poder judicial.
Las elites políticas y policiacas han propuesto
al Senado un conjunto de reformas legales, aún no
aprobadas, tales como un código penal único, una
policía nacional con capacidad de investigación y los
juicios orales; asimismo, otras leyes secundarias que
suponen la enajenación de los bienes de los narcotraficantes
sin que acabe el proceso penal que se les
siguiese.
Las propuestas implican el logro de difíciles consensos
acerca de las soberanías locales en medio de
una coyuntura política polarizada por las últimas
elecciones federales y la dispersión de leyes, puesto
que algunos gobernadores piensan que no deberían
eliminarse las diferencias jurídicas entre los estados.
Hay en México 64 códigos penales y de procedimientos
penales estatales y dos federales; asimismo,
la integración de las policías en estado de descomposición
y fuertemente infiltradas por el narcotráfico
será muy complicada después de un proceso de
limpieza institucional, y los juicios orales sólo van a
instituirse lentamente porque la vieja cultura judicial
basada en la impunidad no será transformada sin resistencias
de los mismos abogados.
Las propuestas van a generar más riesgos. Un código único puede abrir la posibilidad al autoritarismo,
la militarización y la criminalización de la pobreza y
la protesta social; las atribuciones de investigación del
delito para una policía que “funciona en un contexto
de corrupción generalizada” son muy peligrosas
para los ciudadanos y los juicios corren el riesgo de
ser contaminados por el tráfico de influencias (López
Portillo, 2003).
Respecto de lo anterior, es preocupante la tendencia
al endurecimiento de las penas porque se
acentúa el modelo punitivo más que el preventivo
del delito. La capacidad de investigación de las policías
y la posibilidad de que intervengan cualquier
domicilio sin orden judicial es sin duda uno de los
riesgos mayores de las propuestas del gobierno federal;
y a la posibilidad de que los juicios orales sean
distorsionados por influencias económicas y políticas,
debemos sumar el hecho de que las experiencias
de juicios orales en algunos estados no garantizan ni
eficacia ni eficiencia alta en la reducción del rezago
judicial.
En general, la propuesta del pnsp puede interpretarse
como una homologación con la legislación
y el modelo policial estadounidense, a pesar de las
críticas que las autoridades mexicanas hacen a los
norteamericanos debido a su escasa participación en
la reducción de la demanda de las drogas.8 Particularmente,
la propuesta de una policía única es una
adaptación del modelo policial colombiano a nuestro
país.
Respecto de lo anterior, es interesante la recuperación
de la experiencia colombiana por las elites
políticas y policiacas mexicanas. El viaje de Felipe
Calderón a la toma de posesión para un segundo
mandato de Álvaro Uribe le permitió la oportunidadde conocer el modelo policiaco colombiano que transita
de una policía militarizada a una policía civil.
Dice un experto colombiano: “en el caso colombiano
tenemos una policía militarizada, que parece más un
cuasi ejército. Lo cual plantea la necesidad de construir
una policía civil, como uno de los desafíos del
pos-conflicto armado colombiano” (Vargas Velázquez,
2006).
Por supuesto, el caso colombiano es distinto, porque
el sistema policiaco tiene un entorno más complejo
compuesto de guerrilla, paramilitares y narcotraficantes;
no obstante, el modelo ha interesado tanto a las
elites político mexicanas que no sólo dicen que nuestro
país requiere de una ayuda de los eu tipo Plan
Colombia, sino que el viejo estigma que en algún
momento provocó una reacción de la Embajada
colombiana cuando en nuestro país se hablaba de “colombianización” para llamar el endurecimiento
de la delincuencia organizada, se ha transformado
ahora en una decisión institucional de “colombianizar”
las policías.
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