El exdirector del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal dice: “Esta sucediendo en todos lados. En el sexenio de Vicente Fox se registraron 100 mil bajas de los cuerpos militares, esto es gravísimo […] ¿dónde están esos militares?”4

El siguiente dato es elocuente. Entre 2004 y 2006 se contrataron en las policías estatales 91,374 elementos. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2004, 29,059; en el 2005 hubo 37,166 altas y en el 2006: 25,166 nuevos elementos policiacos. Los estados del país que más alta rotación y altas de policías han tenido en estos años son el Estado de México, 13,652; Veracruz, 9,016; Distrito Federal,7,925; Michoacán, 3,933; Guerrero, 3,759; Tamaulipas, 2,985; Nuevo León, 1,967 y Sinaloa 849; es decir, en aquellos estados en los cuales existe mayor presencia del narcotráfico y en los cuales se ha implantado el programa “México Seguro”. Respecto de lo anterior, llama la atención el caso de Veracruz porque de los 11 454 elementos de sus policías, 9016 altas es un dato que habla de la desinstitucionalización de las policías veracruzanas.5

Ahora bien, la crisis policiaca que se manifestó en 1982 se agravó a partir de 1994. La instalación del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue el proyecto más ambicioso de las elites políticas para reorganizar a las policías y controlar los efectos negativos de las reformas estructurales impulsadas desde 1982. La ley general que establece las bases de coordinación del snsp se publicó en 1995 y presentó por primera vez “una visión sistémica de la seguridad pública” (Moloeznick, 2005).

La creación del snsp en 1995 antecedió a otros cambios organizacionales que no han consolidado el proyecto de coordinación nacional policiaca, tales como la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Secretaría de Seguridad Pública en el 2000, la Agencia Federal de Investigaciones en 2001 y el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federales en 2007. La característica principal de estos cambios organizacionales es el papel cada vez más protagónico del ejército en la gestión de
las policías. Actualmente, Roberto Campa Ciprián, excandidato presidencial del partido Nueva Alianza, es el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los cambios organizacionales han sido acompañados por la más grande inversión estatal en seguridad pública desde los años ochenta, sin embargo, el incremento del presupuesto no ha garantizado un sistema policiaco eficaz, eficiente, legítimo y democrático. La inversión en seguridad pública ha crecido 50 veces desde 1994. Veamos los siguientes datos: “entre 1994 y 2005 la escalada equivale a 50 veces más fondos en un plazo de 11 años (en 1994 se ejercieron 276 millones de pesos para esta función, en el año 2005 la Cámara de Diputados aprobó un ejercicio presupuestario de 13,451 millones de pesos)” (López Portillo, 2006). El modelo policial implantado a partir de 1994 ha tenido logros muy magros porque no han disminuido
el sentimiento de inseguridad ni las tasas delictivas. Las principales deficiencias organizacionales del snsp han determinado su baja eficiencia en la reducción de los delitos. El snsp ha enfrentado problemas para coordinar eficientemente los operativos de los militares, las policías federales y las policías estatales y municipales, asimismo entre las policías y las instituciones judiciales.

La capacidad de gestión federal de las policías ha sido deficiente porque han existido resistencias de algunos gobernadores y presidentes municipales a la integración efectiva de las corporaciones bajo argumento de defensa de sus soberanías locales. El apoyo de la coordinadora de gobernadores [conago] a la decisión del Presidente de combatir el narcotráfico con operativos militares y policiacos ha sido bloqueada por las policías locales. Un elemento paradójico de la participación de los militares en los operativos antidrogas son los arraigos a policías municipales y federales bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico.

La policía federal preventiva aparece en muchos casos enfrentada a los policías municipales, o bien al ejército, como en el caso del aeropuerto de Mexicali en el cual 6 policías federales encargados de la vigilancia dejaron pasar a traficantes de droga que fueron capturados más tarde por los militares. La coordinación institucional del gobierno federal ha sido muy poco
operativa y ha implicado un conflicto de mandos y baja colaboración entre corporaciones. En tales circunstancias, el actual gobierno panista ha presentado el Plan Nacional de Seguridad Pública [pnsp] para dar continuidad a las políticas que en la materia implantó Vicente Fox (2000-2006) en el gobierno anterior.

El balance de los expertos sobre los logros del gobiernos federal anterior es lapidario: “se va del cargo tal como llegó, sin un modelo técnico y moderno de interpretación y gestión de la inseguridad, el delito y la violencia”; asimismo, “aunque hubo avances, durante los seis años de la administración del presidente Vicente Fox se desaprovechó la estructura institucional para hacer un buen trabajo en seguridad pública”6 (Sánchez Rebolledo, 2007). Sin embargo, el gobierno federal anterior estableció los ejes de la reforma policiaca que Felipe Calderón Hinojosa intenta desarrollar mediante el proyecto del pnsp.

Es muy importante señalar la continuidad de las políticas de los gobiernos panistas de la alternancia que bien pueden caracterizarse como lo hace un experto cuando comparaba el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y Vicente Fox Quezada (2000-2006): “un común denominador […] es el modelo punitivo en detrimento de la participación ciudadana […] en México, bajo el gobierno de Vicente Fox, continúa la experiencia en el área de la seguridad pública y la aplicación de la ley sin cambios sustanciales” (Moloeznick, 2006).

5 Igual.
6 David Vicenteño. “Hacia el vi Informe de Gobierno”, diario
Reforma, 1 de diciembre de 2006