N.G. – Aguafuerte

El año pasado se ejecutaron 2120 personas. En lo que va del 2007 se han ejecutado a 1237: policías, militares y narcotraficantes.2 Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Sonora, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz son los estados en los cuales se han registrado tales ejecuciones. En estos enfrentamientos el ejército ha logrado poco, ha encarcelado y arraigado a más policías que narcotraficantes, lo que habla por sí solo de la complejidad de una reforma policiaca que
abre un nuevo frente en las policías municipales y federales infiltradas por el narcotráfico. En este contexto, los cárteles han instituido nuevos procedimientos en la ejecución de enemigos. Respecto de lo anterior, las decapitaciones son un proceso inédito en el país tanto como la exhibición de las cabezas de los ejecutados en las oficinas de las policías y de los medios de comunicación; asimismo, son nuevos los mensajes de advertencia enviados a las autoridades políticas y policiacas, junto con los cuerpos de los ejecutados.

Estos cambios fuertes en las modalidades de ejecución contrastan con el viejo patrón de delitos comunes en el país, porque la inmensa mayoría de los delitos en México siguen siendo las lesiones, el robo y los homicidios. Respecto de lo anterior dice un analista: “A manera de contextualizar la inseguridad local, en el marco de la 15ª. Conferencia Nacional de Pro-curación de Justicia, celebrada en Saltillo, Coahuila, los días 29 y 30 de julio de 2004, se dio a conocer a través de un diagnóstico nacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia que el 29% de los delitos que se cometen en el país son calificados de alto impacto, como homicidio doloso, secuestro y violación; el 49% corresponden a la alta indicencia, lesiones, daño, fraude y robo” (Ramos García, 2006).

II. Una estrategia policiaca compleja, costosa, poco funcional y llena de riesgos

La situación actual de la policía en México puede describirse como un periodo de transición entre la descomposición de la vieja policía nacional-revolucionaria y la nueva policía que aún no termina por instituirse. La policía mexicana de los años ochenta, previos a la reforma estatal y a la apertura comercial era una institución no prioritaria para las elites políticas. Por esa razón la reforma estatal de 1988 de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no la incluyó en el plan de cambio estructural. En esos años, las policías locales se caracterizaban por la precariedad laboral, baja inversión en infraestructura, dispersión, modelos organizacionales improvisados y anacronismo legales (Cuadernos, 1988; Macías/Castillo, 2006).

En la actualidad las cosas no son tan diferentes; hay en el país 1661 corporaciones policiacas en los distintos niveles de gobierno; el 93% de las policías son estatales y municipales; en consecuencia, las policías en México “tienen metodologías y procedimientos heterogéneos que dificultan la coordinación de los tres niveles de gobierno y las distintas competencias” (García Luna, 2006). La composición global de las policías mexicanas es la siguiente: 135,132 policías municipales, 40%; 153,789 preventivos estatales, 45%; 27,602 judiciales o ministeriales, 8.20%; preventivos federales 15,261, 4.50%; y agentes federales de investigación, 6,289,1.80%.

La situación de las policías ha cambiado muy poco respecto de los años previos a las reformas estructurales del país y han experimentado un alto grado de recontratación de su personal, tanto como el del ejército. La policía como institución tiene un rezago organizacional de 30 años y algunos de los policías son mayores de 50. De los 350 mil policías, “la mitad terminó la secundaria y el casi 10% no ha concluido la primaria, además […] el 60% tiene padecimientos tales como obesidad e hipertensión” (García Luna, 2006; pnsp, 2007; López Portillo, 2006). En efecto, la situación laboral de los policías estatales y municipales contrasta con la mejora laboral de los policías federales. Dice el secretario de Seguridad Pública Federal respecto de los policías estatales y municipales: lo que ganan es un “monto menor a la percepción de un albañil o una empleada doméstica” (García Luna, 2006).

Por esta razón, en lo que va de 2007, algunas corporaciones de Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Veracruz han realizado paros laborales exigiéndole a las elites políticas mejoras salariales y laborales para continuar en la policía. Dicen los policías estatales de Veracruz: “[…] venimos aquí por necesidad, porque si no nos manifestamos no nos dan uniformes y queremos que también la sociedad conozca nuestras carencias […] el salario que nos dan no vale la pena para arriesgar la vida”.3

Las policías estatales y municipales y el mismo ejército han sido abandonados por muchos elementos, de los cuales no se tiene idea de su actual oficio y muchos de los que se sospecha trabajan ahora para el narcotráfico. En México no existe un programa de seguimiento de las bajas de las corporaciones que permita un control efectivo de las trayectorias de los policías.

2 Diario Reforma. “Suman 1237 narcoejecuciones”, 16 de junio
de 2007.
3 Lev García. “Protestas policías estatales en Veracruz”, diario
Reforma 15 de junio de 2007.
4 Diario Reforma. “Le sacan trabajar en policía”, 19 de febrero
de 2007.