La brutalidad policiaca, la discrecionalidad depositada en manos del agente del MP y la falta de apoyo institucional a los ciudadanos, han convertido al sistema de justicia en un viacrucis para el ciudadano y no en un servicio orientado a garantizar los derechos del mismo. A esto debe sumarse la opacidad del proceso judicial subsiguiente, su lentitud y dificultad técnica, que conducen a que los ciudadanos carentes de recursos económicos y de capital social no puedan hacer una defensa efectiva de sus derechos y sean víctimas de una nueva arbitrariedad en los tribunales.

          Nada de esto se analiza en la propuesta de nuestros autores, siendo que la reforma del acceso a la justicia es el paso número uno en la vía a la reconstrucción no sólo del sistema judicial, sino de la seguridad pública misma. Sin confianza en las instituciones de justicia, los ciudadanos no harán uso de ellas; y el Estado carecerá de toda seguridad procesal en tanto las instituciones estén tan expuestas a la colonización de los delincuentes, de las mafias de abogados y de funcionarios públicos ineptos o poco profesionales. La ciudadanía empieza por la garantía de los derechos civiles, hoy denegados para la inmensa mayoría de la población.

Sobre la gobernabilidad

Aguilar y Castañeda proponen una serie de reformas políticas para romper la parálisis vigente: en lo electoral, la segunda vuelta presidencial, la reelección y las candidaturas independientes. Para dotar al Ejecutivo de iniciativa: referéndum, poderes de veto y de decreto presidencial y establecimiento de una “ley guillotina”, es decir, de plazo máximo al Congreso para analizar y aprobar/rechazar algunas leyes de especial interés del Ejecutivo.

          Es imposible analizar una a una las propuestas en este espacio. Baste señalar que en esencia son las mismas que posteriormente ha propuesto el presidente Calderón, y que han estado en el debate público desde diciembre de 2009. Tomadas independientemente, las propuestas parecen viables y necesarias, pues ayudarían a construir mayorías parlamentarias (aunque favorecerían un régimen de dos partidos y casi eliminarían a los demás) y dotarían de mayor poder al presidente, hoy día maniatado por el Congreso. Cada propuesta puede ser también criticada. Pero hay dos problemas centrales aquí: por un lado, estas reformas no funcionarán, o funcionarán mal, si no se llevan a cabo antes, o al mismo tiempo, otras reformas no planteadas en el texto. Por otra parte, faltan otras medidas adicionales en el paquete básico.

          Empecemos por esto último. Aguilar Camín y Castañeda no proponen otras formas de participación ciudadana en la vida pública, las cuales abrirían ventanas de oportunidad a la acción organizada de sectores de la sociedad civil. La iniciativa popular de ley, que sí incluyó Calderón, no está contemplada, ni el plebiscito, ni la revocación de mandato. Estas formas de participación ciudadana, con la excepción de la última, ya están contempladas en 19 leyes estatales ya vigentes, si bien casi nunca han sido utilizadas, precisamente porque la clase política no desea abrir espacios fuera de su control. En ese sentido, nuestros autores son sinceros: proponen el referéndum (que es la aprobación o rechazo por la ciudadanía convocada a las urnas, de una ley o de una iniciativa de ley) para que el presidente pueda pasar por arriba del Congreso en casos de extrema necesidad, y no como forma de participación ciudadana, la cual no es de su interés, como no lo es tampoco del presidente Calderón. Sin embargo, nada se pierde con abrir otras puertas que en un momento dado le pueden otorgar cierto poder político a la ciudadanía.

          Sobre las reformas faltantes: dadas las restricciones de espacio, me limito a enunciarlas. Sin ellas, las reformas propuestas, tanto por Aguilar/Castañeda como por Calderón, no ayudarán a democratizar la vida política.