• Se pronunciaron porque prevalezca un federalismo cooperativo 

Participaron titulares de consejos de ciencia y tecnología de entidades, así como académicos de IES del país

Karina de la Paz Reyes Díaz 

29/04/2021, Xalapa, Ver.- En el marco del Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que necesitamos para el futuro”, titulares de consejos de ciencia y tecnología de entidades, así como académicos de instituciones de educación superior (IES), discutieron en torno a los aspectos básicos que debe incluir una ley general de CTI para asegurar la distribución de competencias de los órdenes de gobierno y los mecanismos de coordinación. 

En la Mesa 2 “Distribución de competencias y coordinación de órdenes de gobierno”, los ponentes fueron José Alonso Huerta Cruz, del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova) de Hidalgo; Rosalba Medina Rivera, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt); Martín Puchet, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Miguel O. Chávez Lomelí, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET), y Mauricio Merino, de la Universidad de Guadalajara (UdeG). 

En calidad de comentaristas participaron: Rafael Rivera Bustamante, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y Eduardo Pérez Tijerina, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La moderación estuvo a cargo de Fernando Barrientos, de la Universidad de Guanajuato. 

José Alonso Huerta, también presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, recordó que la citada ley se requiere como resultado de la reforma de 2019 al Artículo 3, donde se establece el derecho a la ciencia y acceder a los beneficios de ésta; además, de la disposición de que el Estado mexicano debe apoyar de manera importante el desarrollo de tales actividades. Actualmente existe una ley federal en la materia y 32 leyes estatales, que en muchos de los casos coinciden y en otros no. 

“Creo que es una oportunidad muy importante para todos, en virtud de que para realmente articular un sistema de alcance nacional necesitamos reconocer la diversidad que existe en nuestro país, las diferentes necesidades, contextos y oportunidades, que son muy distintos.” 

Para el titular del Citnova, esa diversidad del país debe verse como una fortaleza y la ley en mención requiere responder a las diferentes expectativas que hay. Lo importante, subrayó, “es que tiene que haber claridad respecto a las competencias que le corresponden a cada uno de estos actores (las instancias nacional, municipal y estatal)”. 

La apuesta, dijo, no debe ser por esfuerzos aislados, pues al tratarse de CTI resultarían muy poco útiles; más bien, son necesarios mecanismos de coordinación y órganos de gobierno. “El federalismo debe tener un papel muy importante en cualquier ley general” y, a su parecer, debe ser una visión de “federalismo cooperativo para atender la diversidad que existe en el país y que no dependamos de una visión centralizada”. 

Rosalba Medina coincidió con ello, en el sentido de que “debe prevalecer un federalismo cooperativo” y habló de la necesidad de una adecuada y racional distribución de competencias, así como un ámbito de convivencia entre la federación, las entidades y los municipios. “No provocando la división o concentración del poder en uno de ellos, sino que garantice que los poderes no van a ser excesivos o arbitrarios”. 

Opinó que se quiere lograr el equilibrio con base en la racionalización de la distribución de competencias, “una de las vías es el establecimiento de una política de cooperación entre todos los órdenes gubernamentales”, misma que debe responder a intereses tanto nacionales como locales. 

“Esta nueva ley deberá establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica, de las instituciones de educación superior, de los centros de investigación y de los sectores público, social y privado, para la regeneración y formulación de las políticas del sector.” 

Lo cual, al traducirlo en materia de recursos públicos, implicaría incidir en los mecanismos de coordinación fiscal y la redistribución de las potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno.  

Martín Puchet, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que para asegurar una distribución de competencias se necesita instituir legalmente un comité nacional de orientación estratégica de las políticas de CTI, y distinguir esa instancia general en términos de atribuciones y competencias de los respectivos comités federales de las entidades y de los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México. 

“La legislación tiene que enfocarse prioritariamente a dos tipos de asuntos: aquellos que tienen que ver con cómo las actividades de innovación producen resultados benéficos para las personas, y cómo se permite que las personas se apropien de dichos resultados para los fines de vida que ellas consideren. 

”Creo que eso es el centro de lo que la ley debe contener, y en particular el aspecto de la diversidad que debe tener desde el punto de vista de las entidades territoriales, donde se van a generar esas condiciones para que pueda funcionar el derecho humano a apropiarse de los beneficios de la CTI.” 

Tales comités propuestos por el académico de la UNAM deben tener en sus manos tanto los aspectos programáticos y presupuestales como normativos, dentro de sus áreas de competencia. Además, deben contar en su seno con representaciones adecuadas para que sus decisiones sean legítimas y operativas. 

“En ese sentido, es muy importante que en un comité nacional con estas características estén los poderes federales, de las entidades y los municipios o alcaldías, y a la vez deben tener miembros de los distintos órganos autónomos, respecto a la materia de la ley.” 

Miguel O. Chávez expuso que al hablar de una ley general en materia de CIT se está ante la oportunidad y obligación constitucional de contextualizar de manera diferente y acorde a las necesidades actuales en lo material, y no sólo “parchar” la ya existente. 

“Hay materia para hacer una ley diferente y responder a los retos”, dijo y remarcó que es importante la creatividad y solidaridad. “Probablemente para nosotros sea la última oportunidad para hacer del conocimiento la palanca para un desarrollo verdaderamente sustentable”. 

En tanto Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, precisó que sus comentarios son con base en el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación presentado en diciembre de 2020 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

“Hay una preocupación por lo que podría ser un error de concepción, que es la existencia de una agenda de Estado única, para regular toda la investigación científica, todo el desarrollo tecnológico y toda la innovación, incluso las humanidades del país.” 

Agenda de Estado, dijo, que además estaría gobernada por un Consejo de Estado que, a su vez, obligaría a todas las entidades federativas e instancias de investigación y desarrollo tecnológico del país, “sólo integrada por funcionarios federales, presidido por el presidente de la República”, mientras en grupos de consulta participarían sin voto las entidades federativas, entre otras instancias.  

Lo cual al académico le parece un “error” pues por definición la ciencia es libre, mientras el desarrollo tecnológico es producto de su propio ciclo de innovación y son “universales, libres y abiertos”.  

“Suponer que se puede hacer una agenda de Estado única, con un pensamiento único y con un Consejo de Estado que determine todo es de suyo un error no sólo de concepción del uso de autoridad, sino que es sobre todo un error a secas, la ciencia no va a conceder de esta manera.” 

Otro punto que tocó, tema central de este panel: a dónde va el dinero que pone el Estado mexicano y otras instancias para estimular la CTI: “Creo que debe separarse aquel presupuesto que ciertamente el Gobierno de la República quiera orientar a donde considere que son las prioridades del Gobierno Federal y otra cosa es crear un fondo; otro, que sea gobernado sobre los principios de la horizontalidad, gobernanza plural y de la participación de los distintos actores. 

”Si de dinero estamos hablando, concentrar todo en una sola bolsa y vincular esa bolsa con las decisiones de la agenda de Estado me parece que cancela cualquier posibilidad que no corresponda con la voluntad política de quien gobierna en este momento el país o quien gobierne después.” 

Para concluir, remarcó que si la iniciativa de Conacyt prospera, “no tendrá éxito, porque querrá gobernar desde arriba, desde el poder político toda la agenda de la investigación y eso no se puede, es literalmente imposible; la ciencia y la producción del conocimiento es libre, abierta, universal, diga lo que diga cualquier ley”.