N.G. – Aguafuerte

Evidentemente, es por el interés colectivo de la clase política el que el Estado busca imponerse al narcotráfico, y que además de eso pueda, a través de esta lucha, fortalecer sus capacidades últimas de mantener el monopolio de la fuerza dentro del territorio nacional, que es justamente lo que caracteriza a cualquier Estado.

Un segundo factor de angustia lo constituye la conciencia de la cercanía del fin de la era del petróleo, que ha sido hasta ahora la fuente de financiamiento del gobierno y que se acerca aceleradamente a su colapso. La necesidad de una reforma fiscal y un ajuste del funcionamiento del Estado es comprendido por todos los actores y requiere medidas urgentes que son del interés colectivo de la clase política. Lo mismo puede decirse de la urgencia de una reforma del sistema de pensiones, que también constituye ya un pasivo tan grande que exige acciones a corto plazo y no puede posponerse más.

Finalmente, el país vive una crisis de competitividad y de viabilidad en el mundo globalizado en el que vivimos, debido a la pésima calidad de su educación, la carencia de investigación y desarrollo, la ineficiencia burocrática, la debilidad fiscal del Estado, la pobreza extrema y la parálisis de las empresas públicas, todo lo cual ha traído como consecuencia que las empresas mexicanas o radicadas en México no puedan crecer ni competir en este mundo global.

Todo ello plantea retos gigantescos de viabilidad nacional tanto en el plano económico como en el político, y es esta conciencia de urgencia en la clase política la que abre un nicho de oportunidad para que la reforma del Estado pueda pensarse seriamente. Pero al mismo tiempo hay factores que contrarrestan este potencial. El primero de ellos es la nueva falta de acuerdo sobre las reglas de la competencia electoral. Una vez más tenemos pleitos electorales como norma de la relación entre partidos, entre éstos y el gobierno, y entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, de tal manera que esta condición puede entorpecer un esfuerzo de negociación política nacional. Cabe preguntarse si es posible suspender el confl icto político cotidiano, derivado del absurdo calendario electoral de México, de tal forma que pueda dedicarse un tiempo a la negociación política de fondo. Las circunstancias apuntan a que esto no será viable. Por otro lado, la guerra civil al interior de todos los partidos políticos, la falta de liderazgo reconocido y la debilidad del propio presidente Calderón, no constituyen la mejor condición para llevar a cabo pactos políticos trascendentes.  

Todo ello plantea retos gigantescos de viabilidad nacional tanto en el plano económico como en el político, y es esta conciencia de urgencia en la clase política la que abre un nicho de oportunidad para que la reforma del Estado pueda pensarse seriamente. Pero al mismo tiempo hay factores que contrarrestan este potencial.

El hecho de que se ha borrado por completo del debate la idea de una nueva Constitución nos indicaría que la clase política no quiere tener la interferencia de la sociedad en el proceso, sino que se lo quiere reservar únicamente para sí misma. Bajo estas condiciones de secuestro político de la reforma del Estado, el riesgo existe, y es verdaderamente muy grande, de que haya un nuevo fracaso en los esfuerzos de transformación política del país.  

Por su parte, los actores de la sociedad civil mexicana, si bien han estado luchando por una reforma democrática de fondo desde hace muchos años, y han planteado las ideas centrales de la misma, padecen una extrema debilidad política, por lo cual son incapaces de generar la presión societal necesaria para obligar a la clase política a suspender sus confl ictos y resolver los problemas del país. En ausencia de una gran movilización social será casi imposible que la clase política ponga por delante de los suyos propios los intereses del país. El hecho de que se ha borrado por completo del debate la idea de una nueva Constitución nos indicaría que la clase política no quiere tener la interferencia de la sociedad en el proceso, sino que se lo quiere reservar únicamente para sí misma.

Bajo estas condiciones de secuestro político de la reforma del Estado, el riesgo existe, y es verdaderamente muy grande, de que haya un nuevo fracaso en los esfuerzos de transformación política del país. Si ese fracaso se produce, estaremos comprometiendo el futuro del país en un plazo muy largo. Las posibilidades de una crisis política de fondo, de un verdadero colapso del Estado, están frente a nuestros ojos, en caso de que una vez más, la reforma del Estado se postergue.