N.G. – Aguafuerte

Por su parte, los actores de la sociedad civil acompañaron el frustrado proceso que encabezaba Muñoz Ledo en el 2000, y años después, en 2004, un grupo importante de legisladores, académicos, intelectuales y activistas civiles formaron la llamada Asociación Nacional para la Reforma del Estado, encabezada de nueva cuenta por Muñoz Ledo, quien dentro de la clase política había sido el gran promotor de la reforma del Estado, si bien a lo largo de los años cambió su posición desde la centralidad de un nuevo proceso constituyente, posición que por momentos también sostuvieron Cuahutémoc Cárdenas y el propio Fox, hasta moderar esta demanda al darse cuenta de su inviabilidad política y proponer simplemente una serie de reformas acotadas decididas por el propio congreso en turno. En febrero del 2005 se establecieron negociaciones entre esta asociación y los partidos políticos que, lamentablemente, tampoco condujeron a nada. En mayo de 2005 se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, una gran reunión de organizaciones civiles de todo tipo, que propusieron una agenda ciudadana para la transformación del Estado que sistematizó, de una manera muy precisa, los contenidos fundamentales de una Reforma Democrática del Estado en México. Pero este enorme trabajo tampoco movió a los partidos, concentrados en una ácida competencia electoral.

La única gran excepción, que además tuvo una gran trascendencia, fue la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es el único elemento de una reforma del Estado democrática que logró concretarse en ese triste periodo de la historia política de nuestro país.

Esta iniciativa ciudadana, muy plural, que incluía organizaciones civiles, académicos, representantes de partidos, dirigentes sindicales, era el resultado de la confluencia de intereses políticos de un amplio abanico de actores que a lo largo de los años habían mantenido sus reclamos por una transformación democrática y efectiva del Estado mexicano. Lamentablemente, este movimiento ha carecido de la fuerza social y política necesaria para imponer su agenda.

En el gobierno de Fox, la lucha entre la nueva elite política conservadora emergente y la vieja elite autoritaria, con la intervención de una izquierda que oscilaba en sus posiciones entre el apoyo a la reforma democrática y la tentación de la restauración como mal menor, terminó propiciando la parálisis de la política y por tanto a la ausencia total de reformas relevantes.Lo mismo, obviamente, sucedía también en el campo económico. El presidente Fox llamó “reformas estructurales” a los cambios en la política económica que consideraba necesarios para completar el ciclo de las transformaciones neoliberales, a saber: la reforma energética, que debería permitir la inversión privada en esa área; la reforma laboral, que implicaría cambiar la Ley Federal de Trabajo, a fin de dar mayor flexibilidad a la contratación y al despido de trabajadores; y la reforma fiscal, que constituyó el mayor fracaso del gobierno de Vicente Fox. A la hora de la elección presidencial, en el 2006, se vivía un grave deterioro de las relaciones entre los partidos políticos, ya que el presidente trató de impedir a toda costa que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato a la presidencia.

Como es sabido, las elecciones del 2006 terminaron siendo las más competidas de la historia, y las instituciones electorales quedaron deslegitimadas para una parte del electorado, debido a que numerosos ciudadanos consideraron que había habido un fraude electoral. La crisis política se prolongó hasta diciembre del 2006, debido a la negativa de López Obrador a reconocer su derrota y al hecho de que se autonombró “Presidente Legítimo”. Las condiciones precarias en las que había gobernado Fox en el sexenio anterior, se magnifi can para el nuevo presidente y crean una circunstancia desfavorable para una nueva discusión sobre la reforma del Estado.  

En el gobierno de Fox, la lucha entre la nueva elite política conservadora emergente y la vieja elite autoritaria, con la intervención de una izquierda que oscilaba en sus posiciones entre el apoyo a la reforma democrática y la tentación de la restauración como mal menor, terminó propiciando la parálisis de la política y por tanto a la ausencia total de reformas relevantes.  

La reforma del Estado en el nuevo gobierno.

Llegamos al año 2006 con la sorpresa de que los diputados se han puesto de acuerdo, una vez más, para relanzar un proceso de reforma del Estado. Podemos decir que, a diferencia de la primera iniciativa en el lejano año de 1995, esta vez los diputados cuentan con un arsenal de propuestas, con una cantidad de experiencia notable y con un proceso ya muy andado en términos de ideas, que en realidad, se va a reeditar y a repetir de alguna forma, a lo largo de las consultas que previsiblemente hará la Comisión Organizadora de la reforma del Estado en los próximos meses. Cabe preguntarse cuáles son las posibilidades de éxito esta vez, dado que las condiciones políticas parecen continuar siendo las mismas que antes. En efecto, el presidente carece de mayoría en el parlamento, el PRI sigue teniendo poder de veto, y el PRD está tan confrontado o más que antes con el PAN . A pesar de que el PRD firmó el acuerdo para lanzar la reforma del Estado, se encuentra bajo una situación paradójica.