N.G. – Aguafuerte

Así, a diferencia de otros procesos de transición a la democracia, en México la fuerzas autoritarias conservan un notable poder en el campo de la política formal y un poder aún mayor en el campo social, ya que dentro del mundo sindical y campesino, las organizaciones corporativas históricas del PRI siguen siendo hegemónicas. Además, los acuerdos que el PRI tenía con los poderes llamados fácticos, léase banqueros, grandes empresarios, empresas trasnacionales, gobiernos extranjeros y parte de la delincuencia organizada, continuaban vigentes en ausencia de una transformación política más radical y dada la debilidad del nuevo grupo gobernante.

La transición a la democracia en México quedó así trunca, pues el proceso de destitución del régimen autoritario, es decir, la destrucción de los fundamentos del viejo régimen, fue incompleta, ya que si bien la presidencia fue ocupada por un personaje de oposición, el resto del aparato estatal continuó colonizado y controlado por el viejo PRI , que conservó un poder de veto sobre cualquier transformación jurídica o institucional que el nuevo gobierno pretendiera establecer.

Por otro lado, el proceso de instauración de una nueva arquitectura democrática quedó suspendido en el tiempo, porque bajo el equilibrio de fuerzas derivado de la elección del 2000, el nuevo gobierno no era capaz de impulsar las transformaciones constitucionales y legales necesarias. Se experimenta entonces una transición inconclusa, parcial, en la medida que el régimen autoritario conserva enorme espacios de poder.

No obstante, en los meses previos a la ascensión de Vicente Fox a la presidencia, el tema de la reforma del Estado volvió a tomar centralidad. En cuanto se instaló la nueva legislatura, en septiembre del año 2000, se creó una mesa de los partidos para la reforma del Estado y asuntos de interés nacional, y en ese marco se creó en la Cámara de Diputados, el 6 de diciembre del 2000, una comisión especial para la reforma del Estado.

Ésta comisión agendó una ambiciosa serie de debates, que incluían un conjunto posible de trasformaciones constitucionales que ya el presidente Fox había planteado en el discurso del 5 de febrero del 2001, en el que llamó al país a crear una nueva Constitución. Así, en el inicio del gobierno del presidente Fox, había una asociación muy clara entre la reforma del Estado y la reforma de la constitución, entendiéndose que estos procesos no podían ir separados y que, para realmente transformar el régimen, era necesario no sólo hacer reformas circunstanciales a ciertas leyes, sino pensar en la transformación democrática de la Constitución misma. Al mismo tiempo, el 22 de noviembre de 2000, bajo el liderazgo de Porfi rio Muñoz Ledo, se estableció el llamado Pacto de Chapultepec que, por fuera de las instancias formales del congreso, pretendía impulsar también un proceso de reforma del Estado. La Comisión para la Reforma del Estado, una instancia civil, elaboró una agenda de más de 100 temas, que fueron trabajados por más de 60 personalidades que incluían dirigentes partidistas, representantes de organizaciones civiles y una gran cantidad de académicos y especialistas. Esta vía paralela de impulso a una reforma del Estado tampoco logró prosperar, a pesar de que los conocimientos y las propuestas que en este marco se elaboraron sean, al día de hoy, una base fundamental para el nuevo ciclo de la reforma del Estado

A pesar de las dificultades políticas y de la parálisis legislativa que vivía el país a causa del empate de fuerzas en el congreso, todavía en octubre del 2001 los partidos políticos fi rmaron un Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que trataba de llevar a cabo una agenda mínima de reforma del Estado. En noviembre de ese año, el diputado Felipe Calderón Hinojosa asumió el cargo de presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado del Congreso, que asumió el compromiso de reactivar los trabajos y desahogar los temas agendados. Poco después, en enero de 2002, el propio ejecutivo propuso un anteproyecto para la reforma del Estado, que en realidad, abarcaba apenas algunos aspectos jurídicos menores de la misma. En mayo del 2002, el senado instaló también su propia Comisión Especial para la Reforma del Estado, con representantes de todos los partidos.

Como es sabido, no se alcanzó ningún acuerdo signifi cativo en esa legislatura, ya que en los momentos en que parecía que podían generarse consensos relevantes, las negociaciones se rompían por presiones electorales. La única gran excepción, que además tuvo una gran trascendencia, fue la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es el único elemento de una reforma del Estado democrática que logró concretarse en ese triste periodo de la historia política de nuestro país. En la legislatura siguiente ya no volvió a hablarse de la reforma del Estado, vista la situación de que una vez más el PAN no logró obtener la mayoría en la Cámara de Diputados. En la LVIII legislatura (2003-2006), al igual que en la LIX (2000-2003), juntos el PRI y el PRD tenían una mayoría automática que bloqueaba cualquier posibilidad de acción unilateral panista.