N.G. – Aguafuerte

Este partido, de un lado, está apoyando la vía institucional, y por otro, tiene un ex candidato presidencial que desconoce la legitimidad del actual gobierno. Por más de que el PRD pueda alegar que el proceso de reforma del Estado es una estrategia del poder legislativo, lo cierto es que sin la participación del poder ejecutivo no es posible llevar a cabo una reforma del Estado sustantiva y viable. Esta paradoja interna de la posición del PRD no anuncia nada bueno y expresa, en los hechos, la profunda crisis programática y de sentido que padece este partido.

En realidad la crisis del PRD es la punta del iceberg. El PRI y el PAN , así como los demás partidos pequeños, viven cada uno su propia crisis política, identitaria y de liderazgo. En el caso del PAN , como es de todos sabido, hay una confrontación directa entre el presidente de ese partido, Manuel Espino, y el presidente Calderón, de tal modo que no puede asegurarse que el PAN pueda actuar de una manera homogénea y expresando las opiniones provenientes del presidente de la república. Este impasse dentro del PAN permanecerá hasta principios del año siguiente, cuando se elija una nueva dirigencia partidaria, por lo que de aquí al fi n de 2007 el PAN se concentrará en la pelea por el control del partido. En el caso del PRI ha habido un accidentado proceso de elección de un nueva dirección, recayendo la presidencia de ese partido en la veterana política Beatriz Paredes. Sin embargo, es muy claro que hay una confrontación directa entre la nueva presidenta del partido y los poderes fácticos representados por los gobernadores priístas de los estados más importantes de la república, especialmente los del Estado de México, Veracruz y Nuevo León, que son, de hecho, quienes tratan de controlar el partido, ya que tienen los medios financieros para hacerlo. El PRI carece de un liderazgo reconocido, y en el Congreso los coordinadores parlamentarios priístas son quienes han asumido el papel protagónico en el proceso de la reforma del Estado, sin que ellos en realidad controlen la estructura del partido más allá de las propias Cámaras.Cabe preguntarse entonces qué posibilidades de éxito tiene una reforma del Estado encabezada por dirigentes parlamentarios que carecen del reconocimiento de los lideres fácticos de sus propios partidos y de un prestigio y de un reconocimiento nacionales. No debe olvidarse que las cámaras de diputados y de senadores tienen una de las más bajas estimas de la ciudadanía, a tal gado que la desconfi anza hacia los legisladores es mayor que la que se tiene hacia la policía. Esta deslegitimación del poder legislativo afecta entonces sus propias capacidades de encabezar, por encima de los otros poderes, un proceso verdaderamente relevante de reforma del Estado.

Por lo demás, el proceso de reforma del Estado puede quedar una vez más capturado por el chantaje de los partidos, debido a las elecciones locales que vienen por delante (Baja California, Veracruz, Chihuahua). El hecho de que la elección del 2006 haya terminado en medio de una crisis de legitimidad del IFE y que las elecciones locales sigan estando cuestionadas también por la debilidad de sus propios órganos electorales, anticipa la continuidad de la confrontación electoral entre los partidos principales, lo cual es un antídoto contra cualquier posibilidad de acuerdo parlamentario a nivel federal.Esa ha sido la historia de los últimos 10 años.

Cabe preguntarse también qué trata de hacer la clase política al acordar obligarse a sí misma a legislar dentro del plazo de un año en materia de reforma del Estado. Una primera lectura podría apuntar a que la clase política quiere secuestrar el proceso político en el contexto de una negociación elitista, en la cual, los coordinadores parlamentarios adquieran un mayor poder dentro de sus propios partidos y al mismo tiempo establezcan un proceso que no pueda ser detenido por la presidencia de la república, los líderes de sus partidos o el poder judicial. En tal caso, por el interés de aumentar su propio poder, los líderes parlamentarios llevarían a cabo una transformación importante. Algunos de ellos buscarían posicionarse en el futuro para la lucha por la candidatura presidencial, como es el caso del senador Beltrones, o por el control de su partido político.

Una hipótesis complementaria es que la clase política en su conjunto no quiere abrir las puertas a la participación ciudadana, precisamente por el temor que representa para todos ellos el hecho de que los procesos se salgan de control.  

En realidad la crisis del prd es la punta del iceberg. El pri y el pan, así como los demás partidos pequeños, viven cada uno su propia crisis política, identitaria y de liderazgo. En el caso del pan, como es de todos sabido, hay una confrontación directa entre el presidente de ese partido, Manuel Espino, y el presidente Calderón, de tal modo que no puede asegurarse que el pan pueda actuar de una manera homogénea...  

Seguramente la principal motivación es que hay una percepción generalizada en la clase política de que se vive hoy una crisis de Estado, de tal magnitud que es por el interés colectivo de la propia clase tratar de hacer algo antes de que se hunda el Estado mexicano en su conjunto. Tres circunstancias nos permiten explicarnos este sentimiento de angustia que hoy padece la clase política mexicana. En primer término, el creciente poder del narcotráfi co y el reto que de hecho ha planteado ya al Estado mexicano al continuar una ola de violencia extraordinaria, que no solo se da entre los distintos grupos del propio narcotráfico, sino en contra de las instituciones del Estado, particularmente las policías y el ejército. El poder fáctico del narcotráfico, que no tuvo control alguno a lo largo del gobierno del presidente Fox, ha llegado a tal magnitud que en efecto plantea ya una lucha de poder contra el Estado mexicano.