Derecho Penal y Criminología

La democracia puede entenderse como una continuación de los principios liberales del siglo xviii. Se trata, en sustancia, de una categoría de origen griego y del modelo de organización política que más respeta y protege los derechos humanos y las libertades mínimas. Según The Economist, al menos la mitad del planeta vive en algún

tipo de democracia y solo el 5,7% reside en una democracia total. Los criterios modernos que resultan determinantes a la hora de medir qué tanta democracia hay en un Estado son: (1) los procesos electorales y el pluralismo; (2) las libertades civiles; (3) el funcionamiento de los gobiernos y (4) la participación y la cultura políticas.

El escenario, doméstico e internacional, no es alentador: los ciudadanos hoy no se sienten identificados con sus instituciones; no hay fidelidad al Derecho; los mandatarios superponen la razón política a la razón jurídica; las estructuras se desintegran. Desde luego, la política influye en las decisiones individuales, pero los efectos estructurales se hacen notar, sobre todo, en que el sistema jurídico-penal se encuentra expuesto

a iniciativas populistas que atentan contra los principios liberales y democráticos.

Resulta claro, de todo esto, que la deformación en las formas tradicionales del tratamiento del conflicto requiere una profunda comprensión acerca de lo que es democrático en una sociedad, pues desde el espacio público, en donde los intervinientes

interactúan en la calidad de ciudadanos, se demanda más intervención del Derecho Penal. Así, el expansionismo penal y la marcada intervención punitiva del Estado, en este escenario, escapan a la racionalidad de la legislación y obedecen cada vez más a intereses ajenos a la justicia.

Las crisis que enfrentan las democracias son indudables. En Colombia el escenario no es distinto. Una democracia robusta es aquella en donde hay un respeto hacia la división de poderes, en donde las instituciones son independientes, cuando su función se cumple indistintamente de quien la administre en un momento en concreto y, en general, en donde existen controles y balances regulando las relaciones entre todos los asociados, pero especialmente entre el Estado y el Estado: los controles.

En un escenario contemporáneo donde los canales democráticos se encuentran debilitados por la falta de transparencia de las instituciones y principalmente por la corrupción, las personas han trasladado su confianza a los medios de comunicación y las redes sociales para realizar las discusiones que antaño recaían en los cabildos, los concejos y el Congreso. Es decir, se democratiza una sociedad. Pero a la vez se

asume un riesgo en la medida en que no existen controles efectivos o se deja de asumir la responsabilidad por lo dicho y hecho.

Sorprende que en la que ha sido considerada la democracia más robusta del mundo, la de los Estados Unidos, el presidente en funciones desconozca los procesos democráticos de la elección presidencial e inste al Congreso y al público en general, en un acto de rebeldía, a impedir la pacífica transición del poder entre éste y el nuevo

presidente electo. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos por ciudadanos es un hito. Y con ello surgen infinitas preguntas: ¿quién es responsable?, ¿cómo se llegó a ese punto?, ¿quiénes fueron los actores?, ¿qué papel desempeñaron los medios de comunicación? Y, finalmente, ¿cómo se reconstruye una democracia fragmentada?