Universidad Veracruzana

Objeto de estudio

El objeto de estudio del Observatorio Social se conforma a partir de las dinámicas observables sobre la violencia, la justicia y la conflictividad social en el estado de Veracruz, entendidas como procesos interrelacionados que impactan la vida de diversos actores, grupos e instituciones. A través de las tres líneas de observación –violencia y desaparición de personas, acceso a la justicia y violencias hacia las comunidades educativas–, desde el observatorio se pretende analizar cómo se producen, distribuyen y experimentan las distintas formas de violencia, impunidad y desigualdad en el territorio veracruzano, con el propósito de generar conocimiento situado que contribuya a la comprensión de estos fenómenos y a la reflexión sobre las posibles respuestas sociales e institucionales frente a ellos.

Estado del arte

 

Glosario de términos

• Violencia: la violencia puede ser vista como una privación de los derechos humanos fundamentales, en términos más genéricos hacia la vida –eudaimonia– la bús­queda de la felicidad y prosperidad, pero también lo es una disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas, por debajo de lo que es potencialmente posible (Galtung, 2012, p. 150).
•  Violencia directa: se manifiesta como un acto visible, un suceso en el que hay daño físico, agresión o crueldad ejercida directamente por un actor; este tipo de violencia se describe como el estrato “siempre visible” donde ocurren las erupciones de violencia física contra personas u otros seres vivos, e incluye muertes, agresiones, acoso, represión, detenciones, entre otros ejemplos (Galtung, 2012, p. 150).
• Violencia estructural: es la forma de violencia que se produce a través de las estructuras sociales, políticas y económicas que generan explotación, dominación, desigualdad o privación de derechos para determinados grupos sociales (Galtung, 2012, p. 150). 
• Violencia simbólica: se define como cualquier aspecto de una cultura que pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural, este tipo de violencia introducida en una cultura no mata ni mutila como la violencia directa, ni utiliza la explotación como la violencia incorporada en una estructura; sin embargo, se utiliza para legitimar ambas o una de ellas (Galtung, 2012, p. 147).
• Desaparición de personas: práctica extrema dentro de los distintos tipos de violencia, que se nos presenta como un acto que condensa la desintegración social, la impunidad institucional y la negación del cuerpo y de la memoria de una persona (Zavaleta, 2020).
• Acceso a la justicia: es la posibilidad real y equitativa de que todas las personas puedan ejercer sus derechos y resolver sus conflictos ante instituciones imparciales y procedimientos justos, contando no sólo con un marco legal adecuado, sino también con las condiciones materiales, capacidades efectivas y garantías institucionales que permiten utilizar el sistema judicial sin discriminación ni obstáculos arbitrarios; en suma, es un componente esencial para la vida democrática y una condición indispensable para la vigencia de los derechos humanos (Rawls, 1999; Sen, 2011; O’Donnell, 2001).
• Comunidad educativa: conjunto heterogéneo de personas que convergen en torno a centros educativos desde el nivel preescolar hasta el posgrado, los cuales se componen entre otros por: estudiantes, profesorado, personal académico, padres y madres de familia, directivos y, eventualmente, por asociaciones y vecinos que interactúan con las instituciones (Treviño, 2014, 2017).
• Violencia escolar: puede ser entendida como una forma de procesamiento de pulsiones que desembocan en actos, gestos o relaciones que causan daño, que tienen origen tanto fuera como dentro del espacio escolar y que ponen en cuestión el logro de tal integración social; en esta medida, la violencia es socialmente representada, por su parte, como un aspecto peligroso en la construcción del proyecto social (Treviño, 2014).

Alcance territorial

El Observatorio Social centra su trabajo en el estado de Veracruz, México, organizando el análisis a partir de las regiones que lo conforman. Dada la extensión, la heterogeneidad y el carácter descentralizado de la entidad federativa, el observatorio no busca recabar exhaustivamente datos sobre los 212 municipios del estado en una primera etapa, sino concentrarse en aquellos donde la disponibilidad de información, la relevancia de los procesos observados –a partir de sus tres líneas de observación– o la articulación con los actores locales, permitan construir conocimiento profundo y contextualizado. Esta estrategia, regional y selectiva, responde a la intención de generar y difundir información sólida y significativa, privilegiando la calidad analítica sobre una cobertura “total” del territorio, a la cual se aspiraría –de ser posible– en etapas posteriores. De esta manera, el observatorio pretende ofrecer lecturas situadas de los fenómenos sociales en Veracruz, relacionados con la violencia y la desaparición de personas, el acceso a la justicia y la conflictividad en las comunidades educativas.

Línea 1. Violencia y desaparición de personas

Objetivo

Generar información contextualizada, a través de una observación sistemática, especializada, territorializada y comprometida sobre los distintos tipos de violencia en Veracruz con principal énfasis en la problemática de la desaparición de personas en la entidad federativa y los distintos procesos políticos, sociales y culturales por los que atraviesan los actores involucrados.

Descripción

Esta línea del observatorio recaba, sistematiza y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre las violencias que configuran el paisaje de inseguridad en el estado de Veracruz, con principal atención en la problemática de la desaparición de personas en la entidad federativa y los procesos de tipo político, social y cultural de los actores involucrados.

Entendemos la violencia como un fenómeno amplio y complejo que tiene raíces históricas y sociales, posee un carácter multidimensional y se expresa en diversos órdenes de la vida cotidiana, a nivel personal, intrafamiliar, comunitario e institucional (Olvera, Zavaleta y Andrade, 2013: 15), y puede ser experimentada de manera directa, estructural o simbólica (Galtung, 2012).

En el caso de Veracruz, se podría afirmar que la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia ha contribuido a la reproducción de las distintas violencias (Zavaleta, 2020: 37) que se observan en el estado. Las violencias y la inseguridad constituyen los principales obstáculos para una integración social y una sociabilidad sostenible, pues afectan la confianza interpersonal, la credibilidad institucional y las condiciones de vida cotidiana; es decir, los diversos tipos de violencia en el estado impactan diferencialmente en la convivencia social, afectan el crecimiento económico, tienen efecto en los procesos de reforma de las instituciones de seguridad y justicia, y las políticas públicas, y generan desconfianza entre funcionarios estatales y lo ciudadanos (Zavaleta, 2018: 20). Uno de los casos más graves de esta crisis se manifiesta a partir de distintos procesos de tipo político, social y cultural por los que atraviesan las víctimas directas e indirectas de desaparición.

La desaparición de personas ha representado una práctica extrema dentro de los distintos tipos de violencia en el estado, y se nos presenta como un acto que condensa la desintegración social, la impunidad institucional y la negación del cuerpo y de la memoria (Zavaleta, 2020). El estado de Veracruz se constituye como uno de los casos más críticos y complejos del país, tanto por la magnitud del número de personas desaparecidas como por la persistencia y la fuerza en las búsquedas emprendidas por los colectivos de víctimas, que enfrentan el silencio institucional y la indolencia de diversos actores.

Fundamentación conceptual y metodológica

Entendemos el desarrollo de los distintos tipos de violencia en el estado de Veracruz como el resultado de un proceso de acumulación histórica de larga duración, en el que la entidad federativa ha experimentado una transformación y multiplicación de las distintas manifestaciones de la violencia, así como un incremento de la cultura de la ilegalidad y la impunidad, sobre todo a partir de 2007 (Olvera, Zavaleta y Andrade, 2013: 364).

Las distintas violencias no son solamente actos delictivos, sino formas de relación que distorsionan la convivencia y la confianza pública, y que surgen de la crisis de integración social, de la erosión del Estado y de la ruptura de las mediaciones comunitarias (Zavaleta, 2018). Por otro lado, entendemos, las cadenas de violencia como procesos históricos y territoriales, donde cada espacio social combina violencias específicas –urbanas, institucionales, organizadas o políticas– que se refuerzan mutuamente (Auyero y Bert, 2013).

En este sentido, decimos que las violencias extremas son los síntomas de desintegración social límites, como la desaparición de personas. Por lo que, su análisis integral lleva a una mirada situada, donde se conectan escalas (micro, meso, macro) y temporalidades (histórica, coyuntural, inmediata), en una sistematización y visualización accesible.

Metodológicamente, esta línea combina observación cuantitativa y cualitativa, con enfoque territorial y relacional, y se articula a través de tres fuentes de recolección de datos, 1) fuentes institucionales: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Comisión Estatal de Búsqueda, Consejo Estatal Ciudadano, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Fiscalía del Estado; 2) monitoreo de medios y plataformas digitales: La Jornada Veracruz, AVC Noticias, Diario de Xalapa, Imagen de Veracruz y Al Calor Político; 3) fuente etnográfica: mediante la aplicación de cuestionarios a actores sociales involucrados en la problemática.

Línea 2. Acceso a la justicia

Objetivo

Observar, identificar y generar información sobre los factores que condicionan el acceso a la justicia en Veracruz, analizando cómo y por quién se activa el sistema a lo largo de todo el proceso, desde la presentación de la denuncia, la investigación inicial y la judicialización del caso, hasta la emisión de la sentencia.

Descripción

Esta línea observa las capacidades institucionales y sociales en torno al sistema de justicia para garantizar derechos, procesar denuncias y resolver conflictos en el estado de Veracruz. Parte del reconocimiento de que el acceso a la justicia es un pilar de la vida democrática (Rawls, 1999; Sen, 2011; O’Donnell, 2001) y una condición indispensable para la vigencia de los derechos humanos. Su ausencia –a través de la impunidad, la ineficiencia, la corrupción, la revictimización o la desconfianza institucional– profundiza las desigualdades estructurales y favorece la reproducción de las violencias sociales.

Los análisis en esta línea integran tanto indicadores de desempeño institucional (eficiencia procesal, cobertura territorial, tiempos de resolución, tasas de denuncia) como mediciones de percepción ciudadana, entendiendo que el acceso a la justicia no se agota en la dimensión jurídica, sino que incluye la confianza social, el reconocimiento de derechos y la experiencia vivida en los procesos legales.

Asimismo, esta línea monitorea las reformas y políticas implementadas a nivel estatal y municipal, valorando su efectividad, su grado de institucionalización y su impacto social. Se observan las transformaciones en el sistema penal acusatorio, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las políticas de defensoría pública y los programas de justicia cívica o comunitaria.

El objetivo es identificar patrones en la administración de justicia, contribuyendo al debate público sobre el sistema legal, la confianza institucional y la equidad en el ejercicio de los derechos.

Fundamentación conceptual y metodológica

Conceptualmente, esta línea se apoya en los enfoques de la sociología del derecho, la antropología jurídica y la teoría democrática, que entienden la justicia no sólo como un conjunto de instituciones formales, sino como un campo de relaciones sociales atravesado por el poder y la diversidad social.

Autores como Pierre Bourdieu (1987), Boaventura de Sousa Santos (2020) y Guillermo O’Donnell (2001) han mostrado que el derecho y la justicia no operan de manera homogénea: su aplicación es selectiva, jerarquizada y territorialmente diferenciada, lo que da lugar a lo que De Sousa Santos llama zonas de legalidad y de no derecho dentro de un mismo Estado.

Desde esta perspectiva, el acceso a la justicia se concibe como un proceso relacional donde los sujetos, las instituciones y los territorios interactúan en contextos diversos. Por lo que la justicia no se otorga ni se posee, sino que se negocia, disputa y reclama en medio de desigualdades estructurales y de legitimidades múltiples (De Sousa Santos, 2009; Sieder, 2012). En este sentido, las observaciones de esta línea parten de dos dimensiones básicas interconectadas: 1) la dimensión institucional, centrada en la capacidad de los órganos judiciales, ministeriales y defensorías públicas para garantizar el debido proceso y la tutela efectiva de los derechos; 2) la dimensión social, enfocada en la percepción y experiencia ciudadana de la justicia, la confianza en las instituciones y las prácticas informales de resolución de conflictos o acceso a la justicia.

Metodológicamente, se adoptará una estrategia de observación mixta, basada en: 1) revisión documental y análisis de datos estadísticos judiciales y ministeriales; 2) levantamiento de encuestas de percepción ciudadana sobre confianza institucional y conocimiento de derechos; 3) seguimiento a actores del sistema judicial (defensores, jueces, fiscales) y observación de audiencias o procesos relevantes; 4) análisis de políticas públicas y reformas normativas con enfoque en derechos humanos y acceso equitativo.

La triangulación de estas fuentes permitirá identificar brechas entre el acceso formal y el acceso a la justicia, así como los factores que diferencian su distribución espacial.

Línea 3. Violencias contra comunidades educativas

Objetivo

Observar e identificar los patrones, los actores, las modalidades y las respuestas institucionales ante los distintos delitos dentro de las comunidades educativas del estado de Veracruz, con el propósito de generar información contextualizada y fortalecer la toma de decisiones en estrategias de prevención, atención y reparación de daños, entre otras acciones, en el ámbito educativo.

Descripción

En esta línea se documentan y analizan indicadores relacionados con las distintas formas de agresión que experimentan las comunidades educativas y sus integrantes. Por comunidad educativa se entiende el conjunto heterogéneo de personas que convergen en torno a centros educativos desde el nivel preescolar hasta el posgrado. Se componen entre otros por: estudiantes, profesorado, personal académico, padres y madres de familia, directivos y, eventualmente, por asociaciones y vecinos que interactúan con las instituciones.

El foco de observación abarca tanto los espacios físicos (aulas, oficinas, entornos escolares) como los espacios simbólicos y digitales donde se reproducen prácticas de agresión, acoso, discriminación y exclusión.

El Observatorio reconoce a las comunidades educativas como espacios de la vida pública, donde se producen experiencias, conflictos y estrategias de resistencia frente a las violencias cotidianas.

Fundamentación conceptual y metodológica

Las violencias en contra de las comunidades educativas son ejercidas por diferentes sujetos y pueden ser contingentes o premeditadas. En esta línea se reconocen distintas dinámicas de victimación que atraviesan constantemente los límites de los espacios educativos y de las personas que en ellos conviven, trabajan y se forman. Las violencias pueden expresarse de forma directa, a través de golpes o riñas, pero también a través de amenazas, chismes, apodos, de distintas formas de exclusión que se expresan cotidianamente.

Las comunidades educativas también pueden experimentar robos, extorsiones, secuestros o intentos de secuestro, amenazas o asesinatos, entre otro tipo de agresiones y delitos. Cómo se ha documentado en diferentes trabajos para el estado de Veracruz, este tipo de violencia está desigualmente distribuida en el territorio y tiene puntos de concentración o condensación en algunas regiones y localidades, pero de ninguna manera es desconocida para la mayoría de las comunidades educativas.

Desde un punto de vista teórico, esta línea adopta la noción derridiana de “suplementariedad” como marco analítico. Por lo tanto, las violencias no se entienden como fenómenos aislados o excluyentes, sino como procesos contaminados y entrelazados, donde lo simbólico, lo físico y lo estructural se implican mutuamente. En lugar de buscar causas únicas, el análisis se centra en las formas de co-presencia y mutua alteración de las violencias, es decir, en cómo unas reproducen o transforman a las otras. Metodológicamente, interesa medir cualitativa y cuantitativamente un conjunto de indicadores básicos que se pueden desagregar en otros más detallados en el tiempo.