Xavier Bermúdez

          En este contexto de la libertad de expresión también debemos ubicar uno de los temas de mayor discusión en los medios de comunicación: la excomunión del Padre de la Patria, cura Miguel Hidalgo. Desde hace tres años en diversos foros se ha abordado este tema. De hecho, en 2007 el Congreso de la Unión solicitó al Vaticano levantar la excomunión a Hidalgo. En mayo de 2009, el Episcopado mexicano encomendó a un grupo de historiadores, todos católicos, analizar la excomunión de Hidalgo y de Morelos. Ellos concluyeron que los próceres no habían muerto en pecado y solicitaban a la Secretaría de Educación Pública modificar el contenido de los libros de texto. Hubo historiadores que se opusieron a esta petición, lo cual es normal en estos casos, no así las inserciones pagadas en los medios impresos nacionales por la Iglesia de la Luz del Mundo, en los que acusaba a la Católica de distorsionar el hecho histórico con el argumento de que, quien había dictado la excomunión, Abad y Queipo, no contaba con la correspondiente consagración episcopal. Los detractores sumaron a su argumentación seis edictos más firmados por obispos consagrados y con ello aseguraban que los caudillos de la revolución sí habían muerto excomulgados.

          Habrá un largo conflicto postelectoral no sólo en relación con la gubernatura, sino también en varias alcaldías importantes. El pobre desempeño y la falta de autonomía del Instituto Electoral Veracruzano lo garantiza. Pero si bien en cierta forma los ciudadanos han logrado sobreponerse al abuso y al autoritarismo, lo cierto es que el retroceso en materia electoral que estas elecciones han significado no puede pasar inadvertido. Las elecciones locales de todo el país han demostrado la urgencia de federalizar las elecciones y de crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales. De otra manera, la restauración autoritaria se completará más temprano que tarde.

          La Alianza Cívica, la organización civil histórica que promovió la democracia en México desde 1994, ha denunciado que este año vivimos un nuevo tipo de fraude electoral: el fraude a la democracia. Se trata de una violación sistemática de las leyes electorales, la captura política de las instituciones que las organizan, la completa inmoralidad pública de los gobernantes, la falsedad y el cinismo descarados como forma dominante de comunicación, la vuelta de la amenaza y la falta de libertad como características centrales de la relación entre gobernantes y gobernados. Es también la estrategia deliberada de judicializar los procesos electorales, que termina de anular la efectiva capacidad de decisión de los ciudadanos. Este fraude es el resultado del régimen político que ha producido la restauración en marcha: el autoritarismo plural, es decir, el ejercido por todos los partidos. Tenemos que iniciar un nuevo ciclo de lucha por la democracia, esta ocasión con menos candidez y con mayor protagonismo ciudadano.