régimen autoritario, sino de una mera arena de lucha de dos fuerzas políticas mimetizadas a tal grado que se han tornado indistinguibles y que en su confrontación están destruyendo las leyes e instituciones democráticas que tomó dos décadas de movilizaciones civiles construir.

	Antonio Pérez, "Ñiko"

          Ahora bien, los resultados de las elecciones en Veracruz constituyeron una derrota simbólica y política para el PRI. Si bien su candidato Javier Duarte ganó con una ventaja de casi 3% sobre su contrincante principal, Miguel Ángel Yunes, la sorpresa fue mayúscula pues en la noche del día de la elección los priístas pensaban, siguiendo la encuesta de salida de Consulta Mitofsky, que sacarían 14% de diferencia sobre el PAN, tal como todas las encuestas preelectorales habían predicho. (Cabe aclarar que la encuesta de salida de la UV fue la más certera al pronosticar una diferencia de sólo 6%.) Pero el PREP mostró una realidad distinta. Y eso que el candidato del PAN no era precisamente un líder opositor creíble. En realidad Yunes se benefició del voto de protesta de muchos jóvenes y de amplios sectores de las clases medias urbanas que no podían aceptar el dispendio absurdo de recursos públicos que realizó el PRI y la manipulación sistemática y descarada de los medios locales. Tal vez Yunes habría ganado de no haber propiciado la división interna del PAN, que llevó a los panistas “doctrinarios” a aliarse con el PRI (mediante generosos pagos y promesas de puestos).

          Sorprende el alto porcentaje de votación que hubo en el estado, cercano a 60% del padrón de electores. Ello condujo a cantidades históricas de votación para los partidos principales. Según las cifras oficiales, el PRI obtuvo 1 392 300 votos y el PAN 1 306 800, incrementos de casi 40% sobre la elección anterior. La gran derrotada fue la alianza de izquierda, quien perdió cerca de 45% de sus votos, obteniendo esta vez sólo 433 800. Se configura así en Veracruz en un modelo de dos partidos y medio y no uno de tres como lo fue en 2004. Pero lo cerrado de la elección de gobernador hizo perder de vista que ocurrió una verdadera revolución municipal, al registrarse alternancia en casi ¾ de los municipios del estado. El PRI, junto con su aliado el Partido Verde, perdió 78 de los gobiernos municipales que tenía (de 154 en 2007 a 76 en 2010), mientras que el PAN, por sí mismo o coaligado con el Partido Alianza, pasó de 31 a 90. El PRD, coaligado con PT y Convergencia, subió de 16 a 37, a pesar de su autodestrucción y de que Dante Delgado casi no hizo campaña. Ciertamente, el PRI ganó todos los municipios urbanos importantes, pero nunca en la historia había controlado tan pocos municipios en esta entidad. Fue notable el esfuerzo de los ciudadanos por castigar a ediles abusivos (así sea post factum) por la vía de la alternancia municipal. Hubo un voto diferenciado muy abundante, especialmente en las ciudades, como Jalapa, donde el PRI ganó por mucho la presidencia municipal, pero perdió por mucho la votación por la gubernatura.

          En las elecciones de legisladores, el PRI había ganado 28 de 30 distritos en 2007, pero en esta ocasión triunfó en sólo 20, quedándose el PAN con 10 (2 en 2007). Las 20 diputaciones restantes se distribuyeron por el principio de representación proporcional. Dados los porcentajes de votación, el PRI no debería tener mayoría en la Cámara de Diputados, pues la Ley Electoral vigente indica que al partido mayoritario sólo se le pueden asignar un máximo de 5 diputados de representación proporcional (20 + 5 en este caso). Sin embargo, el IEV, a mediados de agosto, asignó al PRI 9 diputaciones de representación proporcional alegando que al PRI no se le podía considerar un “partido mayoritario”, pues no superó el 50% de la votación, criterio absurdo que no está contenido en la Ley. La disposición otorga al PRI una sobrerrepresentación parlamentaria de 18% (es decir, tendrá 18% más diputados de los que le corresponderían por la votación obtenida). Esto signifi ca que, por la vía de la “interpretación” de la Ley, el IEV ha regresado el sistema político a los tiempos de la “cláusula de gobernabilidad”, es decir, al otorgamiento de la mayoría parlamentaria automática al partido con mayor número de votos. Esto es precisamente lo que las reformas electorales nacionales de los últimos años buscaron evitar para establecer un balance democrático entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al cierre de la edición, esta cuestionable decisión era impugnada por todos los partidos de oposición.