Las elecciones de gobernador, 30 diputados locales de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, así como 212 ayuntamientos en Veracruz el 4 de julio, fueron el desenlace de un proceso de regresión autoritaria cuyo eje central fue la disputa frontal por el poder político entre el PAN-gobierno federal y el PRI-gobierno local. El PAN y el PRI recurrieron a toda la galería de las malas artes de la política hasta degradarla a niveles que se creían superados una década atrás, especialmente a través de tácticas de guerra sucia.

	Javier Echevarría

          El PRI se vio obligado a empezar la campaña desde un año antes, debido a que el gobernador designó como su candidato a un joven funcionario sin carrera política propia, Javier Duarte, lo cual generó tensiones internas en el PRI y la necesidad de incurrir en gastos excesivos. El PRI creó una estructura territorial profesional (a un altísimo costo) que superó a la que había en sus mejores tiempos corporativos. Verdaderos ejércitos de jóvenes contratados recorrieron los pueblos y las ciudades casa por casa repartiendo regalos y promesas. Miles y miles de acarreados fueron llevados a mítines organizados como espectáculos musicales y donde las ideas estuvieron radicalmente ausentes. Muchos funcionarios del gobierno estatal tuvieron responsabilidades específi cas por región. Propaganda de todos los tipos saturó los espacios públicos, incluidos las salas de cine y los autobuses urbanos. El exceso fue patético, al grado que fue contraproducente para el PRI por la saturación causada.

          Dotado también de una amplísima chequera, el PAN realizó una gran campaña tradicional, pagó espacios en los medios y contrató otros jóvenes que también recorrieron calles y pueblos. Pero su estructura fue menor en comparación con la priísta. La candidatura de Miguel Ángel Yunes causó la salida del PAN de numerosos líderes locales de larga trayectoria, aunque carentes de base social, la mayoría de los cuales fueron rápidamente cooptados por el PRI. Ante el colapso de su partido, el candidato tuvo que crear, a un alto costo, una estructura personal. Contó con el apoyo de funcionarios federales de todas las secretarías y se acusó al gobierno federal de hacer uso clientelar de la política social a favor del PAN. Acarreos masivos y excesos de propaganda fueron también parte de su campaña.

          Por su parte, Dante Delgado remó contra la corriente: fue postulado por el PRD, partido que se ha autodestruido completamente en Veracruz debido a interminables luchas internas por los puestos y el dinero que éstos representan; por Convergencia, su propio partido familiar, y por el PT, que en la práctica no existe en la entidad. Sin estructura, con poco dinero, con malos candidatos a alcaldes y diputados (con excepciones notables), sin energía ni convicción, Dante Delgado cerró su carrera política con el único objetivo de mantener el registro de su partido y el de sus aliados, así como garantizar una presencia territorial vendible en las futuras elecciones presidenciales de 2012.

          Todo el proceso electoral tuvo lugar sin árbitros ni reglas. El Instituto Electoral de Veracruz fue sólo una sombra. El IEV fue muy ineficiente en todas las actividades preparatorias básicas, desde la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, hasta la ubicación e instalación de las mismas. Todo el proceso pendió de un hilo desde el punto de vista organizacional. El IEV careció de capacidades y de voluntad política para dar un seguimiento efectivo a gastos de campaña y al monitoreo de medios. Sus contrataciones de proveedores se hicieron con poca transparencia. Aunque la Ley Electoral obligaba al IEV a organizar debates entre los candidatos, se limitó a convocar a uno solo, que se transmitió únicamente por internet y que pudo ser seguido apenas por unas 25 000 personas. La causa: el PRI se negó a exponer públicamente la novatez de su candidato, que en efecto fue patente y explotada por sus oponentes en el debate casi clandestino. En la jornada electoral y los días posteriores, las limitaciones operativas del IEV se hicieron patentes, pues un gran número de casillas abrieron muy tarde, hubo un notable ausentismo de funcionarios electorales, problemas en el llenado de actas y luego obstáculos logísticos diversos para su entrega en los centros de acopio. El conteo de votos se complicó en los municipios en los que hubo que recontar todos los votos dado lo cerrado de la votación. Finalmente, la asignación de diputaciones plurinominales usando criterios poco sólidos creó una nueva oleada de indignación entre los actores políticos y la ciudadanía.

          La lucha descarnada por el poder entre el PRI y el PAN en Veracruz fue llevada al espacio político nacional mediante escándalos generados a partir de llamadas telefónicas interceptadas al gobernador, demandas de juicio político a Fidel Herrera, acusaciones del PRI al gobierno federal de manipulación electoral de la política social, en fin, un ambiente que parecía preparar las condiciones para la judicialización de la elección. Retrocedimos en esta materia a la década de los noventa, con el agravante de que en esta ocasión ya no se trata de la lucha heroica de partidos de oposición contra un