| Año 6 • No. 233 • agosto 14 de 2006 | Xalapa • Veracruz • México |
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Aseguró
experta jurista de la UV En la democracia, las instituciones no garantizan la legitimidad, sino los derechos Dunia Salas Rivera |
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| Publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas artículos de especialistas como Raúl de la Huerta, Manlio Fabio Casarín, Petra Armenta, Raúl Olivares y María del Carmen Ainaga | ||
| La
más reciente publicación colectiva del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana
(UV), Estudios Jurídicos Contemporáneos, contribuye
a determinar cuáles son las posibles líneas sobre las
cuales se debe continuar estudiando y reformulando los paradigmas
del Estado de Derecho; asimismo, reconoce la multiplicidad de tópicos
que sobre esta disciplina requieren una urgente revisión y
actualización, aseguró Cedma González Andrade,
investigadora de esa dependencia universitaria. Durante la presentación de este texto durante la Semana cultural del abogado, celebrada en la Facultad de Derecho de la UV, González Andrade añadió que dicha publicación toca temas que están muy sensibles en estos momentos, sobre todo en lo que se refiere a la reforma electoral, democracia, impartición de justicia y derechos fundamentales, tópicos que “sin duda se han encontrado en la agenda política nacional, pero sobre los que aún no hemos logrado evolucionar de manera satisfactoria dentro del Estado de Derecho mexicano, aunque nos encontramos en ese camino”, dijo. |
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 Cedma González Andrade y José Luis Cuevas Gayosso, durante la presentación del libro Estudios Jurídicos Contemporáneos. |
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La jurista planteó que quizás por haber sido demasiado
largo este proceso de transición política es que “no
hemos podido llegar a lo que es ya la consolidación de la democracia,
la cual incide en la reformulación de los principios sobre
derechos fundamentales, el Estado de Derecho constitucional, el sistema
político, la participación ciudadana, la introducción
de la participación de la sociedad civil y otros aspectos de
trascendencia histórica que son de completa actualidad, los
cuales son planteados en el libro”. Durante su intervención, el académico de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Gayosso, habló de los artículos escritos por el investigador Raúl Olivares Vionet, “La Reforma Electoral Federal de 1996”, y la investigadora del IIJ Petra Armenta Ramírez, “Participación ciudadana en el marco electoral mexicano”. En el primero, aseveró Cuevas Gayosso, el autor advierte el carácter sociológico jurídico de la reforma electoral, añadiendo que fija un sustento en dos de los más notables constitucionalistas: Fix Zamudio y Valencia Carmona, quienes desarrollan seis líneas maestras del constitucionalismo contemporáneo: “Olivares apoya su estudio en tres, de las cuales, la que se refiere a la concepción de la Constitución abierta constituye el eje estructural que, para el caso de México, los tratadistas plantean en una doble apertura: una interna y otra externa”. En el caso de la primera, dijo, “los efectos son visibles en la sociedad civil a través de los medios de comunicación y en la reconformación y participación de los partidos políticos; por cuanto hace a los externos, se refiere a los efectos del orden internacional y del cambio de modelo económico como a los tratados internacionales”. Asimismo, se refirió a un condensado desarrollo que realiza Olivares Voinet respecto de las reformas en el sistema electoral mexicano, a partir de la iniciativa del presidente Ruiz Cortines hasta 1990 en la que destacó tres puntos: “El apoyo a la legalidad de los procesos, la posibilidad de asociarse individualmente –rompiendo así con el corporativismo– y el derecho al voto de los ciudadanos en el extranjero. Como punto adicional se especifica el tópico relativo al financiamiento de los partidos a través del estado”. Cuevas Gayosso señaló que sin duda la reforma de mayor trascendencia fue haber dado el rango constitucional al Instituto Federal Electoral (IFE) y la creación del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE). Finalmente, comentó que un sistema democrático es la elección de un procedimiento para tomar una decisión en un sentido o en otro; sin embargo, “el procedimiento o las instituciones per se no garantizan esta legitimidad que sólo se da al maximizar los derechos fundamentales. Este es el supuesto principal para que se garanticen la gobernabilidad y, en lo que se refiere al derecho electoral, los derechos políticos”, puntualizó. |
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