JUSTIFICACIÓN
Este apartado tiene como propósito exponer los resultados del diagnóstico realizado en relación a la necesidad, pertinencia y viabilidad de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana. En tal sentido, presenta la relación entre las necesidades sociales del entorno, así como del cambio de paradigma de la ciencia jurídica, con la labor formativa de la Universidad Veracruzana; los resultados sobre la exploración de programas educativos afines, ofertados por instituciones de educación superior nacionales y extranjeras; el análisis sobre el campo profesional y el mercado laboral de los egresados del posgrado; y el marco legal en el que se inserta el mismo.
Contexto social
Desde finales de la década de los años noventa del siglo XX, la ciencia jurídica empezó a mostrar con mayor fuerza los efectos generados por diversas corrientes teóricas que, desde diferentes tradiciones jurídicas y contextos socio-culturales, empezaron a cuestionar la forma en la que era conceptualizado, interpretado y aplicado el derecho a partir de los postulados de la corriente de pensamiento predominante: el positivismo jurídico (Zamir y Videa, 2019).
En las últimas cuatro décadas el derecho ha venido desarrollando, a nivel global, no solo el clásico rol de conformar un marco de referencia impositivo para la conducta humana, sino también el de constituirse como un referente para la construcción de una cultura democrática y para el establecimiento de Estados constitucionales de derecho, para lo cual los procesos de universalización y regionalización de los derechos humanos (Blanc-Altemir, 2016), el paso teórico a la era del postpositivismo (Agudelo y Prieto, 2018; Marquisio, 2017) y las demandas de justicia alrededor del mundo de diversos grupos y sectores han jugado un papel preponderante (Fabra y Núñez, 2015).
América Latina ha sido protagonista de un importante proceso constitucional que se ha materializado en nuevas constituciones o bien, como en el caso de México, en reformas significativas que, además de replantear las relaciones de poder, han incluido el catálogo completo de derechos humanos universalmente reconocidos, con una especial protección a minorías y grupos vulnerables (Goig, 2019). México se incorporó con vigor técnico a este proceso el 10 de junio del año de 2011, fecha en la que llevó a cabo una reforma constitucional de gran calado en materia de derechos humanos y que implica la formalización estatal de un cambio de paradigma político y jurídico.
No obstante lo anterior, un problema que se detecta en la actualidad, no es tanto un problema de reconocimiento de los derechos humanos sino de eficacia de estos, de condiciones o garantías efectivas para su realización (Goig, 2019). La eficacia de los derechos depende de un gran número y diversidad de factores que no siempre están sometidos a control jurídico, factores que facilitan un eficaz disfrute de los derechos y sin los cuales es imposible pensar en condiciones socio-políticas que favorezcan el ejercicio de los mismos (Goig, 2019).
Es este contexto que emerge la necesaria e ineludible tarea de formar profesionales del derecho técnicamente capaces y éticamente exigentes. La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional que aquí se presenta responde a la necesidad de formar el cuadro de profesionales que han de coadyuvar para que el cambio de paradigma operado en el campo teórico (Soriano, 2017) y político en los niveles global, regional y nacional se haga efectivo en el contexto veracruzano y nacional, coadyuvando con ello en la efectiva realización de los derechos humanos y en la plena vigencia del Estado constitucional de derecho al que se aspira en México.
Adicionalmente, cabe decir que hoy día –más que en cualquier otro momento de la historia humana–, la educación superior enfrenta nuevos retos en todas las áreas del saber y del quehacer humano, de ahí que se requiera generar propuestas académicas que brinden un acercamiento sólido y profundo a los conocimientos jurídicos y, a la vez, que doten a los profesionistas de competencias que les permita enfrentar con flexibilidad, rigor y creatividad los retos que los cambios medioambientales, sociales, económicos y políticos imponen, en un contexto en rápida y constante transformación.
Todo lo anteriormente dicho cobra particular relevancia en el Estado mexicano y en la entidad federativa veracruzana. A nivel nacional, pese a los innegables avances en materia de derechos humanos, son diversos los diagnósticos que apuntan a la persistencia de problemas como, entre otros, la violencia de género (CNDH, 2019); la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (CNDH, 2019); la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales (CNDH-OANUDH, 2019), así como a la falta del disfrute efectivo para millones de personas en el país de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Sandoval, 2017). Este escenario tiene su propia expresión en Veracruz, en el que, Olvera, Zavaleta y Andrade (2015) identifican no solo una problemática que gira en torno a temas de derechos humanos, como la desigualdad social, la pobreza, migración, salud, educación, los pueblos indígenas y la violencia, sino también una débil estructura institucional para hacerle frente.
Lo anterior se reconoce en el actual Plan de Desarrollo estatal en el que se lee: “en Veracruz hay importantes carencias en relación al respeto a los derechos fundamentales… en medio de un escenario nacional de crisis en materia de derechos humanos… [en el que] se reporta una compleja escalada de injusticia, restricciones a las libertades fundamentales, represión constante e impunidad” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019: 54). En efecto, el escenario para los derechos humanos en el Estado de Veracruz es complejo y se agrava en el caso de poblaciones vulnerables o históricamente discriminadas como las mujeres; las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los afrodescendientes y la población de la diversidad sexual. De ahí que los diferentes actores sociales e institucionales deban adoptar medidas que mitiguen y, en su caso, erradique las múltiples y diversas formas en las que se obstaculizan o vulneran los derechos humanos de las personas y en las que se quiebra el Estado constitucional de derecho en el Estado de Veracruz.
En esta tesitura, la formación de recursos humanos –como se observó en 2014, con la elaboración de la primera versión del programa de estudios de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional– adquiere un carácter prioritario. Pero dicha tarea ha de acometerse desde una auténtica renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los retos que plantea la transformación de la ciencia jurídica contemporánea y de las necesidades sociales que subyacen a la misma (Krawietz, 1998).
En el anterior orden de ideas, los estudios de posgrado en derecho tienen que ser vistos a la luz de que constituyen un eje central en los procesos de creación y recreación de la lógica jurídica, no solamente al interior del sistema social en que se genera el orden normativo, sino también dentro de la propia dinámica de la sociedad (Platas, 2002). De ahí que sean necesarios en el ámbito de la educación superior de posgrado procesos de adaptación y de corrección que caminen en la misma dirección e idéntica velocidad con la que se mueven los actores sociales y sus relaciones (Platas, 2002).
Con base en todo lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional encuentra su justificación académica y pertinencia social, en el cambio de paradigma que experimenta la ciencia jurídica y en la necesidad de contar con cuadros profesionales con capacidad técnica para operar la estructura institucional y para transformarla en pro del desarrollo nacional y local.
En otro orden de ideas, cabe decir que la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional que se propone tiene una orientación hacia la profesionalización en dos aspectos básicos del Estado y del derecho, a saber: los derechos humanos y la justicia constitucional, los cuales constituyen un sistema interactivo entre la sociedad y sus normas y que, a su vez, mediante la puesta en marcha de mecanismos jurídicos diversos, tienen la capacidad de fungir como factores de cambio social y como vías para la consolidación del Estado constitucional. Es un programa académico dirigido a dos grandes sectores: los recién egresados de la licenciatura en derecho y los profesionistas con experiencia en el ejercicio profesional, ya sea que estos pretendan ampliar sus oportunidades labores o deseen actualizar, profundizar y perfeccionar sus competencias profesionales en las temáticas eje del programa educativo.
En relación con lo antes dicho es de suma importancia señalar que la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, a partir de su primer programa de estudios implementó como una innovación educativa el denominado proyecto de intervención, mismo que implica la identificación de un problema específico en materia de derechos humanos en el Estado o en el país, la investigación exhaustiva del mismo, el diseño de una propuesta de solución realista, factible y creativa, y su implementación.
El proyecto de intervención como estrategia educativa ha permitido solucionar problemas jurídico-sociales con impacto local y nacional, y la construcción de competencias –conocimientos, habilidades y actitudes– que, se considera, mucho tienen que ver con la valoración positiva del programa por parte de egresados y empleadores, como se explicará más adelante.
Finalmente, cabe señalar que el proyecto de intervención como ejecución de una estrategia jurídica para la solución de problemas jurídicos particulares ha mostrado sus bondades formativas y ha brindado experiencias que en su momento ni siquiera se imaginaron, como el hecho de provocar jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país (SCJN, 2017). La experiencia acumulada en estos años también muestra espacios de oportunidad en relación a aspectos que pueden ser mejorados, consolidados o que dan pie a la innovación educativa y curricular, tal como se verá en los siguientes apartados.
Campo profesional y mercado laboral
La demanda de estudios de posgrado en el campo de los derechos humanos y la justicia constitucional está garantizada debido a, por una parte, el número de egresados titulados de la licenciatura en derecho en el Estado de Veracruz y, por otra, a los requerimientos del mercado laboral de profesionistas que, cada vez con más consistencia, exige profesionales con competencias que son propias, respecto a su desarrollo y consolidación, de estudios de posgrado.
Respecto al primer punto es de destacar que de acuerdo con la ANUIES (2019) en el Estado de Veracruz durante el ciclo escolar 2018-2019, la licenciatura en derecho contó con una matrícula total de 16,117 estudiantes, de los cuales se contabilizaron 2,762 egresados y 2,367 titulados. La carrera de derecho es una de las de mayor demanda en el Estado (ANUIES, 2019) y también muestra estabilidad en relación con el número de egresados y titulados en los últimos 5 años (gráfica 1).
Egresados y titulados de la licenciatura en derecho en Veracruz, periodo 2014-2019
Elaboración por parte de la Comisión de rediseño de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, con base en información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2016a, 2016b, 2017, 2018 y 2019)
En relación con la demanda del mercado laboral, la encuesta a empleadores desarrollada por la Coordinación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional –región Veracruz– (2020b), revela que entre las competencias a las que los empleadores les conceden mayor importancia se encuentran las de generar nuevas ideas (69 %), diseñar y gestionar proyectos (69 %), trabajar en equipos multidisciplinarios y de forma autónoma (61 %), así como la de liderazgo (61 %). Lo que va en pro de la continuación de los estudios profesionales y favorece la incursión en estudios de posgrado.
Por otra parte, en relación al campo profesional de los egresados de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, cabe decir que dado que la construcción y operación del diseño institucional dirigido a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, así como a la eficacia del orden constitucional nacional, requieren de operadores jurídicos con capacidad técnica, el campo profesional para los egresados es amplio y diverso, tanto en el ámbito público como privado.
Así, los egresados del programa educativo tienen como potenciales campos para el desarrollo profesional: las estructuras orgánicas centralizadas, paraestatales y paramunicipales de los poderes ejecutivos en los tres niveles de gobierno; la procuración y administración de justicia en los poderes judiciales federal y estatal; las estructuras administrativas del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales; los organismos internacionales, nacionales y locales de protección de derechos humanos; las instituciones de educación superior públicas y privadas que ofrecen formación jurídica de licenciatura y posgrado; las organizaciones de la sociedad civil internacionales, nacionales y locales; los despachos jurídicos privados y el libre ejercicio de la profesión.
En este sentido se observa que la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) apunta a que en las tendencias nacionales de empleo profesional para el primer trimestre de 2020, la formación jurídica es una de las que cuenta con un mayor número de personas ocupadas en el país, con un 76.6 % (tabla 1), de las cuales el 59.9 % son hombres y el 40.1 % son mujeres, con un ingreso mensual promedio de $12,015.00 (Observatorio laboral, 2020b).
En el Estado de Veracruz el número de profesionistas ocupados es de 477,833, de los cuales el 51.2 % son hombres y 48.8 % son mujeres, con un ingreso mensual promedio de $9,228.00 (Observatorio laboral, 2020a). Al igual que sucede a nivel nacional, en Veracruz entre los grupos de profesionistas que cuentan con una mejor inserción laboral se encuentra el de los egresados de la licenciatura en derecho.
Profesionistas con mayor inserción en el campo laboral mexicano
| Carreras con mayor número de ocupados | Miles de personas | Se ocupan en lo que estudiaron |
| Administración y gestión de empresas | 993,081 | 66.5 % |
| Contabilidad y fiscalización | 801,709 | 79 % |
| Derecho | 798,407 | 76.3 % |
| Elaboración por parte de la Comisión de rediseño de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, con base en observatorio laboral (2020). | ||
De acuerdo con la encuesta a egresados realizada por la Coordinación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, región Veracruz (2020a), el 45% de los egresados laboralmente activos se adscriben al sector público en instituciones del poder ejecutivo y judicial del Estado de Veracruz, así como en instituciones de educación superior públicas y privadas; otro 45% se desempeña en el sector privado, fundamentalmente en despachos y organizaciones de consultoría legal, y un 10% se dedica al libre ejercicio de la profesión.
En otro orden de ideas, y por cuanto hace al mercado laboral, las encuestas realizadas a los grupos de egresados, empleadores y especialistas de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional (2020a, 2020b, 2020c), registran campos emergentes y dominantes en el posgrado (Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 2020), sin que se consigne en dichos instrumentos campos decadentes dentro del mismo.
Por cuanto a los campos emergentes (Medina, 2005: 25)del posgrado, se observa que los egresados y los especialistas que participan en el mismo, identifican la necesidad de incorporar una serie de temáticas especializadas que les ayuden a conseguir un mayor y mejor desempeño en el ámbito laboral. En tanto que los campos dominantes son coherentes con el programa de estudios y son ampliamente reconocidos como apropiados, tanto por egresados como por especialistas. Sin embargo, se observa la necesidad de consolidar algunos de los elementos que integran el campo dominante.
En el anterior orden de ideas, cabe decir que en el ámbito emergente se identificaron 11 temas de especialización que se consideran relevantes para el campo laboral, 1 habilidad y 1 valor. En tanto que respecto a los elementos que integran el actual programa de estudios se señala la necesidad de consolidar 5 campos del saber, 2 habilidades y 13 valores; tal como puede observarse en la tabla.
Campos emergente y dominante de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana
| Campo emergente | Campo dominante (por consolidarse) | |||||
| Saberes | Habilidades | Valores | Saberes | Habilidades | Valores | |
| Bioética
Derecho de acceso a la información Derechos de la comunidad LGBTI Derechos de niñas, niños y adolescentes Derechos medioambientales Derechos relativos a la innovación tecnológica Desarrollo sustentable Género y derechos humanos Litigio estratégico Metodología de la enseñanza de los derechos humanos Práctica forense |
Análisis de casos | Integridad
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Acciones de inconstitucionalidad
Amparo Argumentación jurídica Sistema Europeo de Derechos Humanos Teoría general de los derechos humanos
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Ejecución de proyectos de intervención
Construcción de argumentos
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Colaboración
Compromiso Disciplina Empatía Equidad Honestidad Igualdad Justicia Perseverancia y constancia en los estudios Respeto Responsabilidad Solidaridad Tolerancia |
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| Elaboración por parte de la Comisión de rediseño de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, con base en los resultados de las encuestas a egresados y especialistas (Coordinación de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, 2020a y 2020c). | ||||||
La cantidad de saberes identificados como emergentes, se relaciona con la capital importancia que adquiere en la actual dinámica jurídica que los egresados, además de contar con una sólida formación en materia de derechos humanos y justicia constitucional, tengan la oportunidad de profundizar y especializarse en un campo de acción, dentro del vasto y complejo mundo de los derechos humanos. Es el dominio de un ámbito particular el que puede satisfacer la demanda de las competencias mejor valoradas por los empleadores: generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos, trabajar en equipos multidisciplinarios y de forma autónoma, y liderazgo.
Lo anterior fue tenido en cuenta desde los orígenes del programa de Maestría en Derechos Humanos y Justicia constitucional, al introducir como una innovación educativa al proyecto de intervención, mismo que conlleva, como ya ha sido señalado, retomar un problema jurídico particular (con un tema específico de derechos humanos) diseñar e implementar una vía de solución al mismo. Los resultados obtenidos en las encuestas de egresados, empleadores y especialistas demuestran la necesidad de implementar nuevas innovaciones que permitan consolidar aún más el objetivo inicialmente previsto, sin que ello implique variar los campos dominantes de la maestría, mismos que, como se ha señalado, son valorados ampliamente como coherentes, necesarios y adecuadamente planteados por el plan de estudios de la maestría.
Finalmente, los resultados de las encuestas muestran los saberes, las habilidades y actitudes que deben ser fortalecidos y consolidados, notándose que es el campo axiológico el que requiere de una mayor atención. En este sentido, el rediseño del programa de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional se presenta como la oportunidad para integrar aquellas innovaciones, estrategias y
PROYECTO DE INTERVENCIÓN
El proyecto de intervención, como se ha referido, trata de lograr que los estudiantes desarrollen competencias técnicas para la solución de conflictos jurídicos, así como la sensibilidad necesaria para hacer frente a los problemas reales de nuestro país, desde la búsqueda de la justicia y el bien común, fin último del derecho. Llevado a cabo mediante las dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, a saber: 1) Protección y defensa de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional; y, 2) Justicia constitucional: origen, transformaciones, mecanismos e incoación.
Respecto a la aplicación del paradigma cualitativo, el alumno abordará su problema jurídico desde una metodología de investigación-acción; o, desde un estudio de caso; o, bien una historia de vida, etcétera. Igualmente, hará uso de la etnografía y en esto, alumnos y profesores serán creativos e innovadores ya que desde su Proyecto de Intervención darán los primeros pasos para la conformación de un nuevo campo de estudio, a saber; la etnografía jurídica.
Como se deja ver, se trata de una epistemología antropológica jurídica, desde una perspectiva crítica hermenéutica de la defensa y el garantismo de los derechos humanos y el establecimiento del Estado constitucional de derecho.
Misión
La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional tiene como misión:
Formar profesionistas con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la incoación y conclusión, eficaces y eficientes, de procedimientos jurídicos en materia de derechos humanos y justicia constitucional en los ámbitos interno e internacional, a la luz de los requerimientos derivados de la globalización; de la constante actualización de la norma fundamental y su repercusión en el ámbito regional.
Visión
La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional tiene como visión:
Ser un posgrado de prestigio, calidad y pertinencia de nivel internacional que brinde a sus estudiantes un amplio y profundo conocimiento nacional e internacional en el ámbito de los derechos humanos y la justicia constitucional, mismo que les permitan actuar y coadyuvar de manera profesional y ética en el fortalecimiento de un estado constitucional y de derecho.
OBJETIVOS CURRICULARES
La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional tiene como objetivo general de formación y como objetivos curriculares específicos, los que se precisan a continuación.
Objetivo general
Formar maestros que se desempeñarán estratégicamente de manera eficaz y eficiente en la aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos; así como en la incoación de los mecanismos de justicia constitucional establecidos por el derecho nacional, con un enfoque holístico y ético.
Objetivos curriculares específicos
Al término de los estudios de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional los egresados, serán capaces de:
- Aplicar los mecanismos de promoción, protección, defensa y reparación de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.
- Analizar los tipos, características y formas de incorporar los instrumentos de defensa del sistema de justicia constitucional en México y su ejecución.
- Implementar proyectos de intervención jurídica con impacto social, para resolver problemáticas del estado constitucional de derecho.
- Coadyuvar en la construcción de una cultura de los derechos humanos a través de una conducción ética y coherente con la responsabilidad social universitaria.
DISEÑO CURRICULAR: ESTRUCTURA, MAPA CURRICULAR
El diseño curricular de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional se organiza a través de cuatro áreas de estudio: básica, disciplinar, de intervención y de elección libre u optativa. El programa tiene una duración de dos años y se estructura a partir de 17 de cursos, de los cuales 3 corresponden a experiencias de educativas de elección optativa.
El programa educativo contempla, además, una actividad académica con valor crediticio, referida a la promoción, divulgación o difusión de los derechos humanos relacionados con el proyecto intervención de los estudiantes
MAPA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL
ESCOLARIZADO
MAESTRÍA
Área de Humanidades
| AREA BASICA | |||||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES | ||
| ARGUMENTACION E INTERPRETACION JURIDICAS | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
| ETICA APLICADA A PROCESOS DE INTERVENCION JURIDICA | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| SISTEMAS UNIVERSAL Y REGIONALES DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
| CREDITOS | 9 | 10 | 0 | 28 | |||
| AREA DISCIPLINAR | |||||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES | ||
| SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| AMPARO DIRECTO E INDIRECTO | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
| MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| LITIGIO ESTRATEGICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| CREDITOS | 12 | 9 | 0 | 33 | |||
| AREA DE INTERVENCION | |||||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES | ||
| PROYECTO DE INTERVENCION I DISEÑO METODOLOGICO | 4 | 4 | 0 | 12 | |||
| PROYECTO DE INTERVENCION II IMPLEMENTACION | 4 | 3 | 0 | 11 | |||
| SEMINARIO DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INTERVENCION | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| INFORME DE INTERVENCION | 4 | 3 | 0 | 11 | |||
| CREDITOS | 14 | 11 | 0 | 39 | |||
| AREA OPTATIVA | |||||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES | ||
| OPTATIVA I | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| OPTATIVA II | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| OPTATIVA III | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |||
| ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES | ||
| ACTIVIDAD ACADEMICA | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| TOTALES | |||||||
| TOTAL DE CURSOS | 18 | ||||||
| TOTAL DE HORAS TEORIA | 38 | ||||||
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 36 | ||||||
| TOTAL DE HORAS OTRO | 0 | ||||||
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 116 | ||||||
Materias optativas:
Clínica de litigio
Derecho de la protección internacional de las personas
Derechos de la comunidad LGBTI
Derechos de los Pueblos Indígenas
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Derechos medioambientales y desarrollo sustentable
Género y Derechos Humanos
Mapa curricular/ verticalidad y horizontalidad
Horizontalidad y verticalidad del programa educativo
| Área/ Semestre* | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
| Área 1.
Básica |
Argumentación e interpretación jurídicas
(7 créditos) |
|||
| Ética aplicada a procesos de intervención jurídica
(8 créditos) |
||||
| Teoría general de los derechos humanos
(6 créditos) |
||||
| Sistemas universal y regionales de protección de derechos humanos
(7 créditos) |
||||
| Área 2
Disciplinar |
Sistema interamericano de protección de derechos humanos
(5 créditos) |
Amparo directo e indirecto
(7 créditos)
|
Litigio estratégico en materia de derechos humanos
(4 créditos) |
|
| Sistema nacional de protección de derechos humanos
(5 créditos) |
Mecanismos de control constitucional
(4 créditos) |
|||
| Control constitucional y convencional de los derechos humanos
(5 créditos) |
|
|||
| Área 3
De intervención |
Proyecto de Intervención I. Diseño metodológico
(14 créditos) |
Proyecto de intervención II. Implementación
(12 créditos) |
Seminario de seguimiento de implementación de proyectos de intervención
(4 créditos) |
Informe de intervención
(12 créditos) |
| Área 4
De optativas |
Optativa I
(4 créditos) |
Optativa II
(4 créditos) |
Optativa III
(4 créditos) |
|
| Total de cursos | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Total de créditos de los cursos | ||||
| Actividades académicas | Actividad de promoción, divulgación o difusión relacionado con el proyecto de intervención del estudiante | |||
| Total de actividades académicas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total de créditos de las actividades académicas | 4 créditos | |||
| Créditos totales 116 | ||||
Estrategia metodológica de la actividad académica complementaria
Dentro de los primeros 15 días hábiles de inicio del segundo semestre, el coordinador académico de la maestría expondrá a los estudiantes los criterios de acreditación de la actividad académica de promoción, divulgación o difusión y atenderá las dudas de estudiantes. Les entregará un documento con los datos esenciales de la misma, recabando la firma de los estudiantes, y remitirá un oficio a los directores de los proyectos de intervención que corresponda informándoles sobre la actividad académica, criterios de acreditación y términos dentro de los cuales habrá de cumplimentarse, recabando el acuse respectivo.
Dentro de los 15 días hábiles previos a la conclusión del segundo semestre, el director del proyecto de intervención y el estudiante deberán remitir un reporte al coordinador de la maestría en el que se le informe sobre el tipo de actividad académica de promoción, divulgación o difusión seleccionada y las acciones emprendidas hasta ese momento para su ejecución y acreditación en el siguiente semestre.
Transcurrido el primer mes del tercer semestre de la maestría, el director del proyecto de intervención y el estudiante rendirán un nuevo informe sobre los avances realizados y, concluido el tercer semestre, deberán entregar los documentos que acrediten la realización de la actividad.
Descripción de las experiencias educativas que integran el programa de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional
| Programa de EE | Área de conocimiento | Descripción mínima | Observaciones |
| Argumentación e interpretación jurídicas | Básica | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes adquieren conocimientos sobre la naturaleza y caracteres específicos de la lógica jurídica, la argumentación e interpretación jurídicas. En ella los estudiantes se ejercitan en el análisis y la critica de argumentos jurídicos y proceden a la construcción de razonamientos y argumentos válidos para sustentar y defender sus posicionamientos jurídicos. En esta experiencia educativa se estudian y ejercitan tanto la lógica formal como la lógica de lo razonable. | |
| Ética aplicada a procesos de intervención jurídica | Básica | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes, a partir del campo de estudio de las éticas aplicadas, identifican, analizan y discurren sobre el bien interno de la abogacía. Asimismo, identifican los modelos, valores y principios que son inherentes a la misma, y a partir de casos concretos, asumen la importancia de su quehacer ético en los procesos de intervención jurídica y la trascendencia de este para la vida social. | |
| Teoría general de los derechos humanos | Básica | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes adquieren conocimiento sobre el surgimiento y evolución de los derechos humanos, los enfoques de estudio y las corrientes de pensamiento que integran a la teoría general de los derechos humanos para así comprender la diversidad de concepciones existentes y las implicaciones que estas tienen en el campo de aplicación de los derechos. | |
| Sistemas universal y regionales de protección de derechos humanos | Básica | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes identifican antecedentes y diferencian entre los sistemas universal y regionales –europeo, interamericano y africano– de protección de los derechos humanos. Conocen órganos y organismos, normativa, procedimientos y casos concretos de protección de los derechos en cada uno de estos niveles y comprende la interrelación entre estos y el derecho doméstico. | |
| Sistema interamericano de protección de derechos humanos | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen los principales instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; identifican la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como garantes de protección en la región. De igual manera, analizan las recomendaciones más relevantes de la Comisión y las resoluciones de orden contencioso y consultivo de la Corte; y, adquieren las herramientas necesarias para el acceso a la justicia interamericana. |
|
| Sistema nacional de protección de derechos humanos | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes identifican, conocen en cuanto a sus particularidades, y distinguen los mecanismos internos de protección de los derechos humanos: jurisdiccionales, no jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales. Asimismo, aplican, a través de casos hipotéticos o reales –proyecto de intervención–, diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, así como de reparación de estos. | |
| Control constitucional y convencional de los derechos humanos | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes analizan los conceptos básicos, la estructuración y los procedimientos de aplicación de los controles constitucional y convencional de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano; y, utilizan las herramientas propias del análisis constitucional y convencional para la valoración de normas, procedimientos y políticas. | |
| Amparo directo e indirecto | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes profundizan sus conocimientos en relación a los conceptos, principios y procedimientos que rigen a los juicios de amparo directo e indirecto en México, con el propósito de incoar un procedimiento en dicha materia por presuntas violaciones de derechos humanos. La incoación podrá versar sobre un caso hipotético o real –proyecto de intervención jurídica–. | |
| Mecanismos de control constitucional | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes analizan los conceptos básicos, la estructuración y los procedimientos de control constitucional. Asimismo, incoan, a través de un caso hipotético o real, un procedimiento de control constitucional | |
| Litigio estratégico en materia de derechos humanos | Disciplinar | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen los antecedentes, características y estrategias del litigio estratégico y la intervención jurídica, en el campo de los derechos humanos. |
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| Proyecto de Intervención I. Diseño metodológico | De intervención | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes, conforme a la metodología aplicable y con el apoyo de sus directores, diseñan su proyecto de intervención. |
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| Proyecto de intervención II. Implementación | De intervención | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes aplican, monitorean y, en su caso, ajustan el plan de acción de su proyecto de intervención, a través de estrategias acordes al horizonte de tiempo y espacio programados. En esta materia los estudiantes cuentan con el apoyo y la supervisión tanto del docente de la experiencia educativa como del director de su proyecto de intervención. | A cursar en uno o dos periodos |
| Seminario de seguimiento de implementación de proyectos de intervención | De intervención | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes exponen las estrategias, los avances y las dificultades que han experimentado en relación con la implementación de sus proyectos de intervención. En esta materia reciben retroalimentación tanto por parte de los compañeros de estudio como del docente a cargo de la experiencia educativa. | |
| Informe de intervención | De intervención | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes desarrollan su informe sobre la aplicación de su proyecto de intervención, observando todos los elementos formales que debe llevar el mismo. |
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| Clínica de litigio | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes se integran a una clínica de litigio, especializada en la problemática que aborda en su proyecto de intervención. En esta materia se profundizan y especializan saberes y se adquieren destrezas procesales o técnicas que coadyuvan con el éxito en la implementación del proyecto de intervención. | |
| Derecho de la protección internacional de las personas | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen los fundamentos de la protección internacional de las personas en particular de los refugiados, apátridas, asilados, desplazados y migrantes; y, analizan casos reales en la experiencia latinoamericana. |
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| Derechos de la comunidad LGBTI | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes profundizan su saber sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación y en la que conocen de forma pormenorizada los derechos específicos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI como grupo histórica y estructuralmente discriminado. | |
| Derechos de los pueblos indígenas | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen los derechos específicos de los pueblos indígenas de México y del mundo, así como los mecanismos de defensa –universales, regionales, nacionales y locales– de los mismos. | |
| Derechos de niñas, niños y adolescentes | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen los derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes de México y del mundo, sus implicaciones normativas y medios de defensa. | |
| Derechos medioambientales y desarrollo sustentable | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes conocen el derecho humano al desarrollo y su relación con los derechos medioambientales. Identifica potenciales vulneraciones a estos derechos y las estrategias de documentación y defensa de los mismos. | |
| Género y derechos humanos | Optativa | Experiencia educativa en la que las y los estudiantes profundizan su saber sobre la teoría de género y su relación con los derechos humanos de las mujeres y los antecedentes de estos. Se ejercitan en el análisis y la crítica de situaciones concretas de violación a los principales instrumentos universales, regionales, nacionales y locales en la materia |
Alternativas de movilidad académica
De conformidad con el Reglamento de Movilidad de la Universidad Veracruzana, los estudiantes y docentes de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional pueden realizar una movilidad estudiantil y académica, respectivamente. La primera “es la estancia temporal que realiza un alumno de la Universidad Veracruzana, para cursar estudios y obtener créditos en otras entidades académicas de la institución (movilidad estudiantil institucional) o en otras instituciones de educación superior del país (movilidad estudiantil nacional) o del extranjero (movilidad estudiantil internacional), manteniendo el carácter de alumno de la Universidad Veracruzana, siempre y cuando se encuentren inscrito en el programa educativo de origen. La movilidad estudiantil no excederá más de dos períodos escolares consecutivos ni rebasará el 50 % del total de créditos del plan de estudios que el alumno cursa…” (artículo 13).
Por tal motivo, para la movilidad estudiantil institucional, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Movilidad, esto es, los aspirantes deben estar inscritos en la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y observar el procedimiento establecido en el artículo 17. En relación a las movilidades estudiantiles nacional e internacional, debe atenderse a los convenios celebrados para este fin, entre la Universidad Veracruzana y la institución.
Por cuanto hace a la movilidad académica, se estará a lo dispuesto por la normativa universitaria, es decir, se entenderá que la movilidad académica es “…la estancia temporal que realiza el personal académico de la Universidad Veracruzana en otra institución de educación superior del país o del extranjero para realizar actividades académicas…” en el ámbito nacional o internacional, siempre que existan convenios para tal propósito entre la Universidad Veracruzana y la institución respectiva (artículos 24 y 25 del Reglamento de Movilidad).
En atención a todo lo anteriormente dicho, se identificarán programas educativos afines a la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, tanto en el ámbito nacional como internacional, con el fin de promoverlos entre los estudiantes y académicos, atendiendo a las problemáticas abordadas en los diversos proyectos de intervención.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
La duración de los estudios de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional es de dos años. El calendario de estos se sujetará al calendario de posgrado de la Universidad Veracruzana que consta de dos periodos por año, de febrero a julio, y de septiembre a enero. Las sesiones del posgrado se realizarán los días viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
El reconocimiento académico que se entregará a las y los estudiantes al finalizar sus estudios de posgrado es el de Maestro en Derechos Humanos y Justicia Constitucional o Maestra en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, según el género del estudiante.
Para hacerse acreedor o acreedora al grado de Maestro(a) en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, el o la estudiante deberá:
- Haber acreditado las experiencias educativas que comprende el programa educativo;
- No tener adeudos con la Universidad Veracruzana; y
- Presentar y aprobar ante el sínodo designado para tales efectos su informe de proyecto de intervención.
